"Se zanjan dudas" y "se abren nuevos interrogantes": el camino legislativo que comenzó a transitar Ficha Limpia

La discusión por la ley de Ficha Limpia comenzó a tomar forma en la Legislatura de Tucumán, atravesada por dos miradas dentro del propio oficialismo: una postura más moderada, impulsada por el Poder Ejecutivo, que plantea la inhabilitación con condena en segunda instancia, y otra más rígida, promovida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, que propone impedir candidaturas ya desde la primera condena. En ese marco, el debate en comisión busca acercar posiciones para avanzar hacia una eventual sanción.

La Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, presidida por Carolina Vargas Aignasse, realizó una reunión ampliada en la que expusieron la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y los legisladores Vargas Aignasse y José Macome, en torno a los distintos proyectos en análisis.

En la jornada del lunes, el vicegobernador Miguel Acevedo mantuvo un encuentro con los integrantes de la comisión y otros legisladores, en el que ratificó la centralidad del tema en la agenda parlamentaria. El dirigente ya había marcado el rumbo al señalar: “Es algo que impulsé y que queremos poner en agenda para llegar lo antes posible a su tratamiento y votación”.

El trasfondo político no es menor. En un escenario donde otras reformas electorales —como la eliminación de acoples o la Boleta Única— quedaron relegadas, Ficha Limpia se consolidó como el único gran eje institucional con proyección para 2026. “Creemos que es importante darle un cierre a este tema. Tal vez no se logre unanimidad, pero sí una ley que sea lo mejor posible para la sociedad, con una base plural y habiendo escuchado todas las voces”, sostuvo Acevedo.

Durante el encuentro de este martes, Pedicone de Valls fue la primera en tomar la palabra para defender el proyecto enviado por el Ejecutivo y subrayar la necesidad de avanzar sin demoras. “La sociedad, en alguna medida y con razones que pueden ser justas o injustas, está objetando la conducta de la clase política, y me parece que esta necesita-y quiere- recuperar esa vinculación con la ciudadanía”, expresó.

La funcionaria explicó que la iniciativa apunta a impedir que personas con condenas judiciales puedan acceder a cargos públicos. “La ley de Ficha Limpia es una oportunidad de decirle a la sociedad que una persona que se encuentre en situación de condena judicial de primera o segunda instancia —según el proyecto que se apruebe, ya que está en discusión— no puede acceder a un cargo electivo ni a un cargo resultante de designación política. Es decir, no puede postularse ni ser designada si incurre en alguna de las situaciones que la ley describe como inhabilitantes para ocupar cargos públicos”, sostuvo.

El proyecto oficial establece como requisito la existencia de una condena confirmada en segunda instancia e incluye un amplio abanico de delitos: desde hechos de corrupción en la administración pública —como cohecho, tráfico de influencias o malversación— hasta narcotráfico, delitos contra la integridad sexual, la vida, la seguridad pública y el ambiente, además de deudores alimentarios y condenas superiores a cinco años.

También contempla la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia, de acceso abierto, y la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas. A su vez, habilita la participación ciudadana mediante la posibilidad de impugnar candidaturas que no cumplan con los requisitos.

Al fundamentar el criterio de la doble instancia, Pedicone de Valls señaló: “La segunda instancia es la revisión por otro órgano jurisdiccional de la decisión de la primera. Existe el riesgo de excluir a una persona que todavía no ha transitado ambas instancias y que, en la segunda, podría obtener un resultado diferente, contando con la amplitud de pruebas que esta permite. No me refiero a la tercera instancia —en este caso, la Corte—, ya que en ella la discusión es mucho más restringida: no se tratan cuestiones de hecho sino cuestiones jurídicas. Esa restricción de la tercera instancia nos da tranquilidad al establecer la primera y segunda instancias de condena como requisito suficiente”.

Una mirada más restrictiva

En contraste, Vargas Aignasse planteó un enfoque más exigente, que endurece las condiciones de acceso a cargos públicos. Su proyecto propone impedir postulaciones con condenas en primera instancia por delitos graves.

“Yo creo que el mensaje a la sociedad debe ser claro: quien quiera ingresar a cargos públicos debe tener una condición de idoneidad indiscutible e intachable”, afirmó.

En esa línea, agregó: “No estamos diciendo que el candidato sea culpable de un delito, sino que existe un reproche moral cuando hay una condena en primera instancia por un delito grave. En ese sentido, la sociedad debe saber que la mejor propuesta de campaña de un candidato es su propia historia, y si esa historia viene con una mancha, me parece que no debe tener la posibilidad de presentarse como candidato”.

Este posicionamiento se inscribe en un escenario donde conviven múltiples iniciativas, incluso con propuestas opositoras que buscan ampliar aún más las restricciones, como la impulsada por Macome.

La presidenta de la comisión, Carolina Vargas Aignasse, valoró el intercambio y anticipó que el proceso continuará en los próximos días. “Ha sido un debate bastante extenso, de más de dos horas. Continuaremos el tratamiento de este tema con dos legisladores más, y también se escuchará la opinión de académicos constitucionalistas, procesalistas y otros especialistas. El próximo martes tenemos pautada la siguiente reunión. Probablemente, luego de esa instancia, estemos en condiciones de generar un dictamen conjunto”, indicó.

La legisladora destacó además el impulso político que permitió acelerar el tratamiento del proyecto y remarcó los objetivos de fondo: “Hoy se zanjaron muchas dudas, aunque también se abrieron nuevos interrogantes. Nuestra misión y objetivo —que nos incluye a todos los legisladores— es hacer la mejor ley de Ficha Limpia para Tucumán: una ley vinculada a la calidad institucional, la transparencia y, sobre todo, la credibilidad hacia la clase política y los funcionarios de la provincia”.

Previamente a las exposiciones, Acevedo recibió en su despacho a la fiscal de Estado y a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Vargas Aignasse e integrada por Agustín Romano Norri, Rodolfo Ocaranza, Gerónimo Vargas Aignasse y Aldo Salomón. En la reunión también estuvieron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y los legisladores Carlos Gómez, Francisco Serra, Carlos Gallia, Eduardo Verón Guerra, Adriana Najar, Roque Argañaraz, José Macome, Walter Berarducci, Carlos Najar, Ernesto Gómez, Rossi, Silvia Elías de Pérez, Claudio Viña, Manuel Courel, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Raquel Nievas y Alejandro Figueroa, entre otros.

Con este panorama, la Legislatura avanza en un debate que, más allá de las diferencias, aparece como el principal punto de acuerdo político de cara al próximo año electoral.