Mientras Jaldo exige prisión para los estudiantes que porten armas, Educación apela a una "perspectiva pedagógica evitando respuestas punitivas"

La escalada de violencia y temor que afecta a la comunidad educativa tucumana forzó al Ministerio de Educación, conducido por Susana Montaldo, a formalizar un esquema de "Orientaciones para el abordaje de amenazas de tiroteo", con el fin de ordenar la respuesta de directivos y docentes frente a eventos disruptivos que sobrepasan las habilidades institucionales. El documento oficial propone que las acciones deben “contribuir a sostener la contención institucional y a construir respuestas pedagógicas situadas, desde prácticas de cuidado”, priorizando la apertura de espacios donde los alumnos puedan expresar su malestar. No obstante, esta mirada se encuentra en las antípodas de la exigencia del gobernador Osvaldo Jaldo, quien ante el registro de cerca de 90 denuncias por amenazas reclamó mayor severidad: “Hay que ir a fondo con las medidas. Estos chicos que de alguna manera cometen delitos pintando paredes o llevando armas blancas y armas de fuego tienen que ser detenidos. Tienen que hacerlos responsables penal y civilmente a sus padres de manera inmediata”, según manifestó al diario La Gaceta.

El eje del conflicto radica en la naturaleza de la sanción. Mientras la guía ministerial, elaborada por el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI), subraya que los espacios de reflexión institucional “deberán sostenerse desde una perspectiva pedagógica, evitando respuestas punitivas inmediatas y favoreciendo procesos de reflexión”, el titular del Poder Ejecutivo sostiene que la disuasión requiere consecuencias penales. “El que comete un delito o un intento de delito tiene que quedar detenido y ser expulsado de la institución. A esto hay que darle un corte de cuajo, no da para más. No hay margen de ser benévolos, flexibles o mirar para otro lado”, sentenció Jaldo, instando a que los menores sean trasladados al instituto Padre Brochero en Benjamín Paz. Para el mandatario, el hecho de que un adolescente regrese a su casa tras portar un arma es una señal de debilidad institucional: “Ya tenemos el caso de un niño que llevó un revólver, y lo mandaron a la casa... como si nada estuviera pasando. Hay que ir a fondo”.

Esta tensión de enfoques ya se perfilaba en la Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Escolares Complejas instrumentada el año pasado, la cual establece protocolos específicos para la presencia de armas (fuego, blancas o impropias) en las aulas. En dicho texto, el Ministerio de Educación instruye que el alumno que porta un arma “debe percibir de parte de los/las adultos una actitud de cuidado hacia él o ella y no de enjuiciamiento hacia su persona”, basándose en que su conducta suele estar ligada a una vulnerabilidad de sus propios derechos. La normativa educativa incluso recomienda que la intervención de las fuerzas de seguridad sea discreta, preferentemente con personal de civil y solo para retirar el elemento peligroso, evitando “exposiciones estigmatizantes” e interrogatorios de tipo policial o careos.

Por el contrario, la gestión política de Jaldo buscó intensificar la faz represiva mediante el Decreto N.º 772/7, que autoriza la aprehensión de los estudiantes y advierte a los colegios privados sobre la posible pérdida de subsidios estatales si no garantizan el orden. Para el gobernador, la situación no admite dilaciones pedagógicas: “No tomemos estas medidas cuando haya heridos o las discutamos sobre un féretro”. Jaldo insiste en que portar un arma es un “riesgo cierto para los compañeros y una preocupación seria para todos los padres”, por lo que la Justicia debe endurecer su accionar.

Finalmente, la nueva guía para amenazas de tiroteo propone trabajar con las familias no desde la acusación, sino para “reafirmar el lugar del adulto en las prácticas de cuidado” y establecer límites que sean entendidos como “un acto de amor” y responsabilidad, y no exclusivamente en clave punitiva. El Ministerio apuesta a que el procesamiento de lo acontecido involucre a toda la comunidad educativa para evitar la “revictimización de quien ha atravesado una experiencia dolorosa”.

El documento establece tres pilares fundamentales para organizar la respuesta ante una amenaza:

1. Responsabilidad institucional y escucha: Se insta a las escuelas a habilitar espacios de diálogo para alojar la tensión y la incertidumbre que producen estas situaciones. Es fundamental evitar la circulación de versiones no verificadas y articular acciones con fuerzas de seguridad y salud según la complejidad del caso.

2. Trabajo con estudiantes: Se propone generar espacios de intercambio dentro de los trayectos curriculares para que los jóvenes puedan expresar sus interpretaciones sobre lo sucedido. La guía enfatiza que una amenaza de muerte no es un chiste, sino un delito y una forma de violencia que debe reflexionarse colectivamente.

3. Implicación de las familias: Se convoca a los padres y tutores a recuperar prácticas de presencia y acompañamiento en la vida cotidiana de los menores. El documento destaca que establecer límites claros no es una medida punitiva, sino un acto de cuidado y amor que brinda protección y organización.

De este modo, el sistema educativo tucumano se debate hoy entre dos paradigmas: uno que busca sanar el tejido social a través de la palabra y otro que exige el rigor de la ley para clausurar la amenaza de raíz.