“La Provincia debe asistir, no condicionar”: la oposición vuelve a la carga por una nueva ley de coparticipación

La oposición en la Legislatura tucumana presentó una propuesta de reforma integral al sistema de reparto de fondos públicos, en un contexto de fuerte tensión política donde la gestión de Osvaldo Jaldo reclama federalismo a la Nación mientras, puertas adentro, se mantiene además el denominado Acuerdo Fiscal. Bajo este esquema, los municipios ceden sus recursos de coparticipación para que el Estado provincial asuma el pago de sueldos y obras, una práctica que los legisladores opositores buscan erradicar. El proyecto, firmado por Manuel Courel, José Seleme, Agustín Romano Norri, José Cano, Silvia Elías de Pérez y Raquel Nievas, advierte que la ley actual (N.º 6316) data de hace 35 años y utiliza coeficientes fijos determinados de manera discrecional que no consideran la evolución demográfica ni social del territorio provincial. Según los fundamentos de la iniciativa, esta norma no solo quedó obsoleta, sino que “es inconstitucional” al no adecuarse a la autonomía municipal consagrada en la reforma de 2006.

El propósito central de la nueva ley es establecer un régimen con “reglas claras, previsibles y controlables” que ponga fin al financiamiento discrecional que debilitó la planificación local. El documento es tajante al señalar que la centralización de la recaudación solo es legítima si existen reglas de distribución objetivas y transparentes. “Este proyecto se apoya en una premisa democrática elemental: la Provincia debe poder asistir, pero no debe poder condicionar”, reza uno de los párrafos más potentes de los fundamentos.

Manuel Courel, autor de la iniciativa.

La oposición denuncia que el sistema actual permite que el financiamiento ordinario se decida por decreto, lo que produce “un 'premio' o 'castigo' según el signo político de cada jurisdicción”, distorsionando la inversión pública y reemplazando la responsabilidad fiscal por la dependencia hacia el Poder Ejecutivo. Por ello, proponen que la ciudadanía no quede expuesta a recibir más o menos recursos según el grado de “alineamiento político de sus autoridades” con el gobierno central.

La masa coparticipable y el peso de Ingresos Brutos

Uno de los cambios más significativos del proyecto es la composición de la masa de recursos a distribuir. El texto propone incluir el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, tributo que hoy representa aproximadamente el 83% de la recaudación provincial y que actualmente está excluido del reparto. El artículo 2° establece que la masa estará integrada también por la Coparticipación Federal, el Impuesto Inmobiliario, a los Automotores y Sellos.

La distribución propuesta se fija en un 80% para la Provincia y un 20% para los Municipios y Comunas, de manera automática y sin detracciones. Dentro de ese 20%, el reparto secundario se efectuaría de la siguiente forma:

• 85% para los Municipios, de los cuales un 21% se reparte en partes iguales y un 79% en función proporcional al número de habitantes según el último censo oficial.

• 10% para las Comunas, repartido en un 50% en partes iguales y un 50% por población.

• 5% para un Fondo de Asistencia y Equilibrio Financiero, destinado exclusivamente a emergencias o desequilibrios temporarios, bajo criterios objetivos de elegibilidad.

Calidad institucional y autonomía municipal

Los fundamentos del proyecto resaltan que Tucumán y Misiones son las únicas provincias que mantienen coeficientes fijos e inamovibles, lo que generó distorsiones graves en ciudades con crecimiento exponencial, como Yerba Buena y otras comunas del Oeste metropolitano. Estas jurisdicciones enfrentan hoy demandas urbanas que “claramente, no estuvieron contempladas hace más de 3 décadas, cuando se dictó la actual ley de coparticipación”.

Para garantizar la transparencia, el proyecto crea una Comisión de Control de Coparticipación Provincial. Esta comisión deberá sesionar mensualmente y publicar informes accesibles sobre la masa coparticipable y las transferencias realizadas. En definitiva, los legisladores sostienen que actualizar el régimen no es solo una discusión financiera, sino una decisión de calidad institucional para “fortalecer la autonomía municipal que la Constitución exige; es ordenar la relación fiscal Provincia-gobiernos locales; y es reducir la discrecionalidad”. El sistema busca, finalmente, que cada gobierno local pueda ejecutar políticas públicas con recursos que no dependan de “gestiones informales, afinidades partidarias o decisiones aisladas”.