La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez santiagueño que había favorecido a Tapia y Toviggino

La Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Tucumán hizo lugar este martes a la recusación contra el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay, quien horas antes había declarado la incompetencia de su juzgado en la causa en la que se investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

En su resolución, el tribunal dispuso: “Hacer lugar a la recusación impetrada por el Ministerio Público Fiscal en contra del Sr. Juez Federal Sebastián Diego Argibay, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Santiago del Estero”.

La recusación había sido presentada por el fiscal Pedro Simón, quien planteó la existencia de un posible conflicto de intereses luego de que se detectara que la hija del magistrado había vendido una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024.

Ante ese planteo, Argibay rechazó apartarse del caso y sostuvo que “la sola circunstancia de que un familiar directo (su hija) haya intervenido en un negocio inmobiliario que constituye objeto de una investigación no es causa suficiente para solicitar su apartamiento”. Sin embargo, la Cámara resolvió admitir el planteo del Ministerio Público Fiscal.

La decisión del tribunal se conoció minutos después de que el propio Argibay firmara una resolución en la que declaró la incompetencia de su juzgado para continuar con la investigación y ordenó remitir el expediente al Juzgado Federal de Campana, donde tramitan otras causas vinculadas con dirigentes de la AFA.

En ese fallo, el magistrado sostuvo que el presunto perjuicio patrimonial señalado por la fiscalía tendría como principal damnificada a la Asociación del Fútbol Argentino, cuyo domicilio legal estaría radicado en la localidad bonaerense de Pilar.

“Se advierte que de la propia descripción efectuada por el Ministerio Público Fiscal surge que el supuesto perjuicio patrimonial habría tenido como sujeto pasivo principal a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad que, conforme surge de las actuaciones, presuntamente tendría domicilio legal en Pilar, provincia de Buenos Aires”, señaló Argibay.

El juez también cuestionó la consistencia de la acusación presentada por el fiscal. “El relato fiscal no presenta un hecho histórico individualizado, sino una construcción general de carácter sistémico, en la que la imputación se diluye en una descripción amplia de relaciones económicas y societarias, sin que sea posible identificar un acontecimiento específico susceptible de verificación empírica y de posterior subsunción normativa”, afirmó.

Argibay había regresado ese mismo día de sus vacaciones y firmó en pocas horas una resolución de 39 páginas en la que desestimó el planteo fiscal y rechazó avanzar con medidas como las detenciones solicitadas.

Según sostuvo en su resolución, el requerimiento del fiscal “no individualiza, con el grado mínimo de precisión necesario, actos concretos de disposición patrimonial que puedan ser considerados típicamente relevantes, ni describe operaciones específicas que permitan identificar de manera clara el núcleo fáctico de la imputación”.

La causa se originó el viernes pasado, cuando el fiscal Simón acusó a Tapia, Toviggino y a otras 24 personas de integrar una presunta asociación ilícita destinada a lavar dinero desde 2018.

De acuerdo con el dictamen fiscal, los fondos ilícitos habrían provenido de tres fuentes principales: una supuesta defraudación en perjuicio de la AFA; la evasión de impuestos mediante el uso de facturas presuntamente apócrifas para engañar al fisco nacional —actualmente administrado por ARCA—, y la omisión de liquidar divisas con la posterior compra de moneda extranjera en el mercado informal.

Además de Tapia y Toviggino, la investigación alcanza a 26 personas. Entre los imputados figuran dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián Toviggino; su exesposa, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana; el abogado Juan Pablo Beacon; Carlos Bruno Seguel, señalado como colaborador de Beacon; y Luciano Pantano junto a su madre jubilada, Ana Lucía Conte, quienes aparecen en documentación vinculada con la propiedad de una mansión ubicada en Pilar.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la maniobra comenzaba con la inserción de dinero de origen ilícito en el sistema financiero mediante distintas sociedades comerciales.

Varias de esas empresas emitían facturas a favor de la AFA para justificar transferencias de dinero desde la entidad deportiva.

En una segunda etapa, el esquema contemplaba lo que el fiscal describió como un proceso de “estratificación del dinero”. Para ello, las empresas que recibían transferencias emitían nuevas facturas entre sí —denominadas “facturas interbloque”— con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos.

Finalmente, el dinero habría sido utilizado para la adquisición de bienes y activos. En ese marco, la investigación analiza decenas de operaciones inmobiliarias, la compra de vehículos, viajes al exterior y emprendimientos comerciales, entre ellos la bodega “La Vigilia”, en Mendoza, y el centro de belleza “La Fleur de Sartí”, vinculado a empresas a nombre de la pareja de Toviggino.

Con información de La Nación