Escala la disputa en la UNT: la oposición impugna candidaturas y mantiene judicializado el proceso electoral

El proceso electoral en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión política e institucional. La fórmula opositora que encabezan Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala avanzó con una impugnación formal contra la candidatura de la actual decana de Psicología, Silvia López de Martín, al tiempo que profundizó su estrategia judicial para frenar lo que consideran “re-reelecciones” prohibidas por el Estatuto.

La presentación ante la Junta Electoral apunta directamente a la postulación de López de Martín para un nuevo período al frente de la Facultad de Psicología. Según sostienen los candidatos opositores, esa postulación implicaría un tercer mandato consecutivo, algo expresamente vedado por el artículo 52 del Estatuto universitario, que solo habilita una reelección inmediata.

La impugnación construye un argumento más amplio al apoyarse en la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea Universitaria en abril de 2024. En particular, subraya el alcance del artículo 191, una cláusula transitoria que fija el final de los segundos mandatos en mayo de 2026 y que, según la oposición, clausura cualquier intento de “reinicio” de los períodos.

En ese sentido, Cabrera y Abdala interpretan que permitir una nueva candidatura implicaría desconocer no solo la letra del Estatuto, sino también la “voluntad soberana” de la Asamblea, que rechazó explícitamente habilitar reelecciones indefinidas. La impugnación incluso advierte que una eventual habilitación podría constituir una “flexibilización indebida” del orden normativo vigente.

En paralelo, los mismos actores impulsaron una acción declarativa de certeza que busca anticiparse a la oficialización de candidaturas cuestionadas, especialmente en el caso del Rectorado. Allí, la discusión se replica en torno a la posibilidad de que el actual rector avance hacia un nuevo mandato.

Este martes se conoció que el fiscal federal Rafael Alberto Vehils Ruiz consideró que la Justicia Federal es competente para intervenir en el caso -por tratarse de una demanda contra un organismo del Estado nacional como la UNT-, pero al mismo tiempo propició el rechazo in limine de la acción al entender que no existe, por ahora, un “caso” judicial concreto.

El dictamen, fechado el 17 de abril, analiza la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por los candidatos, que busca impedir una eventual candidatura del rector Sergio Pagani a un tercer mandato consecutivo. En ese planteo, los actores pidieron que se declare la correcta interpretación de los artículos 17 y 190 del estatuto universitario, que -según sostienen- prohíben una nueva postulación, y que se dicte una medida cautelar para bloquear cualquier inscripción en ese sentido.

Sin embargo, el Ministerio Público puso el foco en un punto que altera el escenario: la inexistencia de un acto concreto que afecte derechos en forma actual. Según el dictamen, la demanda se apoya en “rumores”, declaraciones públicas y una hipótesis futura -la eventual candidatura de Pagani-, pero no en una postulación formal ni en una decisión de la autoridad electoral universitaria.

En ese sentido, el fiscal advirtió que no se configura un “estado de incertidumbre jurídicamente relevante”, sino un planteo “abstracto o preventivo”, ajeno a la función jurisdiccional. La conclusión es directa: sin un caso concreto, la vía de la acción declarativa no resulta procedente.

Tras tomar conocimiento de ese dictamen, la parte actora sostuvo que no es necesario esperar un acto administrativo consumado para intervenir, ya que se trata de un “acto en ciernes” que podría vulnerar derechos y alterar la legalidad del proceso electoral. La ofensiva opositora también incluye advertencias concretas: en caso de que la Junta Electoral habilite candidaturas que consideren ilegítimas, anticiparon la posibilidad de solicitar medidas cautelares, incluso la suspensión del proceso electoral.

Con el cierre de listas ya concretado y el período de impugnaciones en marcha, la Junta Electoral queda ahora en el centro de la escena. Su decisión no solo definirá qué candidaturas siguen en carrera, sino también el rumbo de un proceso electoral que, lejos de encaminarse, parece ingresar en una fase de creciente judicialización y disputa política abierta.