Se formaliza el regreso de Tafí Viejo al Pacto Fiscal con un salvataje financiero de $1.200 millones

En un desarrollo que ilustra la compleja intersección entre finanzas públicas, dinámicas partidarias y estrategias electorales en la provincia de Tucumán, el Gobierno provincial formalizó el retorno de la Municipalidad de Tafí Viejo al Pacto Fiscal mediante un salvataje financiero de envergadura. El Decreto Nº 2483/3, publicado en el Boletín Oficial, concede una asistencia reintegrable por la suma de $1.200.000.000 a la intendencia comandada por Alejandra Rodríguez, con el propósito explícito de mitigar desequilibrios presupuestarios que han tensionado la gestión municipal desde principios de año. Esta intervención no solo alivia presiones inmediatas en la "Ciudad del Limón", sino que también simboliza la superación de un conflicto que había escalado a niveles de confrontación abierta entre el Ejecutivo provincial y el municipio, exacerbado por reclamos cruzados de deudas y discrepancias políticas.

El decreto, firmado por el Ministro de Economía, Daniel Abad y el Secretario de Hacienda, Adrían Nicker, que invoca el marco normativo de la Ley Nº 7.974 sobre asistencias financieras a entidades locales, detalla en su preámbulo los fundamentos de esta medida de rescate, al destacar que "dichos fondos serán destinados a afrontar desequilibrios financieros (gastos de obra pública, erogaciones de asistencia social y sanitaria)". Esto responde a la necesidad imperiosa de estabilizar las finanzas locales, que se vieron comprometidas por la interrupción de flujos habituales de recursos provinciales tras la desvinculación del Pacto Fiscal.

La salida de Tafí Viejo del Pacto, ocurrida a fines de enero de 2025, representó un quiebre significativo en las relaciones institucionales con el Gobierno de Osvaldo Jaldo. En ese momento, la intendenta Rodríguez, esposa del legislador provincial Javier Noguera, optó por no suscribir el Acuerdo correspondiente al primer semestre, argumentando inequidades en la distribución de fondos y un desfasaje entre las contribuciones municipales y las asistencias recibidas. Esta decisión generó un reclamo provincial por una deuda estimada en $12.800 millones, mientras que el municipio contrapuso una exigencia superior a los $18.000 millones por conceptos como fondos de cooperativas, deducciones del Consenso Fiscal y prestaciones en seguridad, salud y educación asumidas sin compensación adecuada. Entre enero y mayo de 2025, según datos municipales, Tafí Viejo dejó de percibir más de $1.431 millones, lo que incluyó detracciones por Financiamiento Educativo ($651 millones) y descuentos del Consenso Fiscal ($780 millones), equivalentes a una pérdida per cápita de $16.842 en una población de aproximadamente 85.000 habitantes.

Pragmatismo mata autonomía

El conflicto no se limitó al ámbito financiero; adquirió una marcada dimensión política, con tensiones crecientes entre el gobernador Jaldo y Noguera, el primero con una gestión, hasta ese entonces, dialoguista con el Gobierno nacional de Javier Milei; mientras el parlamentario tejía acercamientos con referentes de Unión por la Patria y figuras como Cristina Fernández de Kirchner. Esta discordia escaló en un contexto de interna peronista, donde Noguera, ex intendente de Tafí Viejo y figura clave del sector antimileísta, posicionó su influencia para desafiar el control jaldista del Partido Justicialista provincial. La salida del Pacto fue interpretada como un acto de autonomía que subrayaba reclamos por una distribución "injusta, discrecional y arbitraria" de recursos, comparando desfavorablemente las asignaciones a Tafí Viejo con las de localidades como Banda del Río Salí.

No obstante, el fragor electoral inminente para las legislativas nacionales del 26 de octubre propició un viraje hacia la conciliación. La necesidad de unidad en el peronismo tucumano, impulsada por la confluencia del ala kirchnerista —representada por Noguera y aliados como Pablo Yedlin— con el jaldismo, derivó en negociaciones que culminaron en la unidad política y en este salvataje económico. Los artículos del decreto delinean con precisión los mecanismos de implementación y reintegro del dinero, enfatizando la condicionalidad de la asistencia. Allí se establece el mecanismo de recuperación al remarcar que "la Asistencia Financiera será reintegrada al Tesoro Provincial, mediante la retención de los montos que le corresponden en concepto de Coparticipación -Ley N° 6.316 y sus modificatorias y/o las que en el futuro reemplacen o sustituyan".

Para garantizar la formalidad jurídica, el Artículo 3° impone obligaciones documentales, puesto que la Municipalidad de Tafí Viejo "deberá suscribir ante Escribanía de Gobierno la pertinente Escritura de Cesión de Derechos a favor del Superior Gobierno de la Provincia, de la Coparticipación, debiendo presentar toda la documentación respaldatoria necesaria para el otorgamiento de la asistencia, en un plazo no superior de 30 días; quedando facultado el señor Ministro de Gobierno y Justicia (Regino Amado) para que en representación del Superior Gobierno de la Provincia suscriba la citada Escritura de Cesión de Derechos". Además, se establece que el municipio deberá "presentar Ordenanza Municipal que avale dicha cesión".

Esta operación no solo restablece la dependencia financiera de Tafí Viejo de la Provincia —mediante la cesión de coparticipación regulada por la Ley Nº 6.316—, sino que también refleja un pragmatismo electoral que prioriza la cohesión partidaria sobre disputas pasadas. El vicegobernador Miguel Acevedo, en declaraciones recientes, subrayó que "la vuelta al Pacto no solo asegura los sueldos de los compañeros municipales, sino también el funcionamiento de la ciudad", mientras que Noguera enfatizó la "predisposición de unidad en el peronismo" como necesidad frente al "daño que está generando el gobierno de Milei".