Prisión de uno a cuatro años: la pena a la que se expone el secretario de Energía de Tucumán Martín Viola

“Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado, la persona que ilegítimamente hiciere uso de un documento anulado o reemplazado o que corresponda a otra persona”. Así lo establece el artículo 33 inciso “d” de la Ley Nacional N° 20.974, que sanciona la conducta atribuida al actual secretario de Energía de Tucumán, Martín Sebastián Viola, quien usó un DNI extraviado por un vecino para crear un perfil falso en La Gaceta y difamar a una autoridad municipal.

El funcionario fue citado a prestar declaración indagatoria en una causa federal en la que se lo investiga por uso ilegítimo de Documento Nacional de Identidad, un delito que prevé penas de hasta cuatro años de prisión en caso de ser declarado culpable.

La audiencia fue fijada para el 3 de marzo de 2026, a las 10, en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, luego de que el Ministerio Público Fiscal considerara que existen “motivos bastantes de sospecha” para imputar formalmente al funcionario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

Según el dictamen del fiscal federal subrogante José Agustín Chit, Viola habría utilizado de manera ilegítima el DNI de Julián Echazu Toneatti, quien lo había extraviado, para crear una cuenta en el portal digital del diario La Gaceta y realizar desde allí comentarios injuriantes contra el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis.

En el escrito judicial, el fiscal sostiene que “el DNI del denunciante fue utilizado para generar una suscripción digital, abonándose el servicio con una tarjeta de crédito cuyo titular es Martín Sebastián Viola”, lo que, junto a otros elementos probatorios, permite inferir que el funcionario “se apoderó del documento, lo mantuvo bajo su disposición sin derecho alguno, e hizo uso de él”.

La conducta investigada encuadra, de manera preliminar, en el artículo 33 inciso d de la Ley Nacional N° 20.974, que establece penas de uno a cuatro años de prisión para “la persona que ilegítimamente hiciere uso de un documento que corresponda a otra persona”, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado.

El Ministerio Público Fiscal remarcó que se trata de un delito doloso, que requiere el conocimiento de que el documento pertenece a un tercero y la voluntad de utilizarlo sin autorización. En ese sentido, el dictamen subraya que “no existe explicación alternativa o autorización para que el imputado pudiera tener acceso legítimo al DNI extraviado”.

Por otro lado, se acusa a Viola de un acto de usurpación de identidad (o suplantación de identidad), que es cuando alguien se hace pasar por otra persona para engañar, cometer fraudes, difamar o realizar actos ilegales, usando sus datos personales para obtener beneficios o causar daño, ya sea en línea (creando perfiles falsos, phishing) o en el mundo físico. Se trata de un delito con graves consecuencias económicas y emocionales, que se combate con prevención y denuncias. 

"El fin es proteger el sistema de identificación personal que garantiza los derechos de identidad, seguridad jurídica y registral en la República Argentina, evitando que se utilicen documentos de identidad para fraudes, suplantaciones o utilización indeseada", expuso el dictamen fiscal.

La investigación se inició en agosto de 2025, tras la denuncia presentada por la apoderada legal del damnificado, quien advirtió que su identidad había sido utilizada para realizar comentarios en el sitio web del diario. Los informes técnicos incorporados al expediente confirmaron que la suscripción fue abonada con una tarjeta de crédito a nombre de Viola y que la cuenta se creó desde una misma dirección IP.

De ser hallado culpable, Viola podría enfrentar una condena penal efectiva, además de las consecuencias políticas e institucionales derivadas de una sentencia en su contra. Por lo pronto, el juez federal ordenó que sea notificado por la Policía Federal Argentina y que, en el plazo de tres días desde la notificación, designe defensor particular, bajo apercibimiento de asignársele un defensor oficial.

La causa continúa en etapa de instrucción y la indagatoria prevista para marzo será clave para definir la situación procesal del funcionario provincial.