
Noticias Argentinas confirmo que el debate oral por la causa Cuadernos, originada a partir de las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, se reanudará este martes desde las 9 con la decimotercera audiencia del año. En esta jornada, el Tribunal Oral Federal 7 finalizará la lectura de la acusación formulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el tramo del expediente conocido como La Camarita y dará inicio a la imputación correspondiente al sistema ferroviario.
En el cierre del capítulo La Camarita, la UIF expondrá en detalle el caso de Luis Armani, presidente de Vialmani S.A. entre 2003 y 2015. Para la querella está acreditado que en 2013 se realizaron pagos por un millón de pesos y que el propio empresario reconoció haber entregado dinero en efectivo al financista Ernesto Clarens con el objetivo de destrabar certificados de obra demorados. En paralelo, la empresa de Armani obtuvo 18 adjudicaciones viales por más de 2.000 millones de pesos, tanto de forma individual como mediante uniones transitorias con otras constructoras.
Otro de los casos abordados será el de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, presidente de ESUCO S.A. y accionista de DECAVIAL S.A. A Wagner se le atribuyen más de media docena de pagos ilegales y un volumen significativo de comunicaciones telefónicas con exfuncionarios como Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Claudio Uberti y Cristina Fernández de Kirchner.
Durante el proceso, Wagner admitió la existencia de pagos ilegales y sostuvo que el destinatario final de la recaudación era Néstor Kirchner, a quien identificó como el conductor del sistema, que se habría interrumpido tras su fallecimiento y luego retomado.
La acusación de la UIF también se centra en Mario Ludovico Rovella, titular de Rovella Carranza Construcciones, a quien se le atribuyen doce pagos ilegales por más de 3,5 millones de pesos. El empresario reconoció que Clarens le ofreció gestionar pagos atrasados ante Vialidad Nacional y que esos desembolsos fueron presentados como una contribución vinculada a la campaña electoral de 2011. En su caso, la prueba incluye registros de llamadas coincidentes con las fechas de las entregas de dinero.
A estos nombres se suma Juan Manuel Collazo, directivo de Helport S.A. y del Grupo Corporación América, acusado de 14 hechos de cohecho activo por más de 6,3 millones de pesos. Collazo reconoció haber entregado dinero en efectivo como un incentivo por el éxito en la gestión de cobros ante Vialidad Nacional y describió el mecanismo de pagos en dólares y pesos, así como los reiterados reclamos de Clarens.
Concluido este tramo, el TOF 7 dará inicio a la lectura de la acusación vinculada a los subsidios al sistema ferroviario. La imputación fiscal describe un esquema de recaudación ilegal montado a partir de los fondos estatales destinados al funcionamiento de los trenes de pasajeros, que habrían sido utilizados para el pago de sobornos a funcionarios nacionales.
Según la acusación, el mecanismo se apoyaba en la asignación discrecional de subsidios, la sobrefacturación de costos, la simulación de gastos y la ausencia de controles, lo que permitía generar excedentes luego desviados. En el centro de este capítulo aparecen el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, señalado como uno de los organizadores del sistema, y su sucesor Juan Pablo Schiavi, a quien se le atribuye haberle dado continuidad.
También figura nuevamente Claudio Uberti, ex titular del OCCOVI, acusado de actuar como nexo entre el Estado y las empresas beneficiadas. El tramo ferroviario alcanza además a directivos de firmas concesionarias y proveedoras del sistema, entre ellos los ex responsables de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano y Mario Cirigliano, a quienes se les imputa el pago sistemático de coimas para asegurar la continuidad de los subsidios y evitar sanciones.
Para el fiscal Carlos Stornelli, los empresarios retiraban dinero de las compañías y lo entregaban en efectivo a funcionarios, en un circuito clandestino que incluía encuentros pactados y traslados de bolsos con dinero.
Tras la audiencia de este martes, restará una sola jornada prevista para el 30 de diciembre, mientras el tribunal evalúa si habilita o no la feria judicial de verano para continuar con el debate. Además, los jueces aún no definieron cómo se desarrollarán de manera presencial las indagatorias de los imputados, a la espera de una respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el uso de la sala Derechos Humanos del Palacio de Tribunales.
Finalmente, esta será la primera audiencia sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece internada en el Sanatorio Otamendi a raíz de un cuadro de apendicitis.