SESIÓN CLAVE
Mendoza y Ávila acompañarían en general el Presupuesto 2026, pero rechazarían artículos clave sobre ciencia y educación
La estrategia responde a la postura dialoguista que mantiene el gobernador Osvaldo Jaldo con la Casa Rosada en tiempo de definiciones sobre el presupuesto y los fondos coparticipables.
Las senadoras nacionales por Tucumán Sandra Mendoza y Beatriz Ávila acompañarían en general la aprobación del Presupuesto Nacional 2026, aunque con reparos sobre artículos sensibles del proyecto impulsado por el oficialismo.
Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes parlamentarias, Mendoza, quien integra el bloque Convicción Federal, no votaría el artículo 30, que propone la derogación de normas vinculadas al Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa.
Idéntica postura adoptaría Ávila, del bloque Independencia, que responde de manera directa al gobernador Osvaldo Jaldo.
La postura de las representantes tucumanas en la cámara alta refleja el alineamiento estratégico de Jaldo con la Casa Rosada, en sintonía con otros senadores que también responden a mandatarios provinciales y que buscan diferenciarse del sector que mantiene lealtad a la expresidenta Cristina Kirchner.
De este modo, la votación del Presupuesto podría marcar uno de los primeros quiebres relevantes dentro del peronismo en el Senado, particularmente entre los gobernadores del PJ que mantienen una relación de diálogo con el gobierno del presidente Javier Milei y el ala kirchnerista, nucleada en la bancada que conduce José Mayans.
El bloque Convicción Federal está integrado, además de Mendoza, por Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca), quien responde políticamente al gobernador catamarqueño Raúl Jalil.
La sesión en la que se debatirá el Presupuesto 2026 está prevista para el viernes 26 de diciembre. Desde el oficialismo adelantaron que no será incluido el Capítulo 11, que ya fue rechazado en la Cámara de Diputados y que contemplaba la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos puntos que habían generado fuerte resistencia política y social.
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