
Noticias Argentinas difundieron que agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario de Santa Fe se manifestaron frente a la Casa de Gobierno provincial en reclamo de mejoras salariales y en las condiciones laborales. En ese contexto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que al menos 20 efectivos serán pasados a disponibilidad.
Las protestas comenzaron durante la noche del lunes, cuando integrantes de la fuerza se concentraron en las inmediaciones de la sede del Poder Ejecutivo local. En el lugar se apostaron dos patrulleros, uno sobre la calle San Jerónimo y otro en la intersección de 3 de Febrero y San Martín.
Los manifestantes, entre personal activo y retirado perteneciente a la Brigada Motorizada y de Orden Público, expresaron ante las autoridades sus reclamos por incrementos salariales y mejores condiciones de trabajo. Las protestas continuaron durante la mañana de este martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en la ciudad de Rosario, donde se registró la quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos.
Por su parte, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR) informó un corte total del tránsito en ambos sentidos de la calle Gutiérrez y recomendó a los vecinos evitar la zona. En paralelo, la fuerza llevó adelante un procedimiento en la zona de Aborígenes al 6300, donde se produjo la detención de un menor de edad y el secuestro de un arma de fuego.
Las sanciones
Desde la sede del Gobierno provincial, Cococcioni confirmó que al menos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad, con retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibalas. El ministro explicó que la decisión se tomó tras detectar situaciones que excedieron el marco del reclamo salarial.
Acompañado por los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información), el funcionario aseguró que la gestión trabaja para dar respuesta a las necesidades y problemáticas del personal policial, pero advirtió que durante las protestas se conformaron grupos que impulsaron acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal y difundieron información falsa.
En ese sentido, Cococcioni confirmó que se coordinó con el Ministerio Público de la Acusación la apertura de una investigación por posibles ilícitos penales. Detalló además que en un momento de la protesta se intentó impedir la salida de móviles para realizar tareas de patrullaje, y que alrededor de 20 unidades quedaron paralizadas frente a la jefatura.
El ministro sostuvo que el reclamo salarial es válido y reconoció que aún resta mucho por mejorar en materia de bienestar para las fuerzas de seguridad. No obstante, remarcó que, junto a ese planteo legítimo, se superpusieron intereses y conductas que consideró carentes de legitimidad y que derivaron en la aplicación de sanciones disciplinarias.