Juezas y jueces penales cuestionaron la baja de la edad de punibilidad

En medio del debate parlamentario por la reforma del Régimen Penal Juvenil, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina expresó un fuerte rechazo al proyecto que propone reducir la edad de punibilidad y advirtió que la iniciativa responde más a una reacción política frente a la inseguridad que a una política criminal basada en evidencia. El pronunciamiento se conoció en un contexto de creciente discusión pública sobre el rol del sistema penal en los delitos cometidos por adolescentes y la orientación de las reformas impulsadas desde el Congreso.

En su comunicado, magistrados de distintas jurisdicciones sostuvieron que la insistencia en bajar la edad de responsabilidad penal no constituye una solución novedosa ni eficaz frente al delito juvenil, sino que representa el retorno de una mirada centrada en el castigo temprano. Según señalaron, este enfoque confunde la expansión del sistema penal con la producción de seguridad y deja de lado las particularidades normativas, sociales y subjetivas propias de la niñez y la adolescencia.

Desde la perspectiva de la política criminal, los jueces describieron la propuesta como un “efecto placebo” que genera una sensación de acción estatal sin traducirse en mejoras reales en la seguridad pública. A su vez, advirtieron que la reducción de la edad de punibilidad implica una operación simbólica que diluye la condición jurídica diferencial de niñas, niños y adolescentes, al equipararlos con personas adultas pese a que el propio ordenamiento legal nacional e internacional establece un tratamiento especializado.

El documento también subraya que el derecho penal moderno reconoce que no todos los sujetos se encuentran en igualdad de condiciones frente al poder punitivo del Estado y que las etapas de desarrollo justifican un abordaje jurídico diferenciado. En ese sentido, remarcaron que la responsabilidad penal juvenil no implica impunidad, ya que existen procesos y medidas socioeducativas aplicables en las distintas jurisdicciones provinciales, incluso con posibilidades de privación de la libertad en casos graves.

Los magistrados sostuvieron además que el endurecimiento de las penas no demostró históricamente reducir el delito y que las respuestas basadas exclusivamente en el castigo temprano suelen resurgir en contextos de crisis de seguridad construidas desde el plano político y mediático. Frente a ese escenario, reclamaron políticas públicas integrales que prioricen la inclusión social, la prevención y la garantía de derechos económicos, sociales y culturales como herramientas más eficaces para reducir la conflictividad juvenil.

Finalmente, la Red exhortó a legisladores nacionales a que cualquier reforma del régimen penal juvenil respete los estándares internacionales de derechos humanos y contemple límites claros a las penas privativas de libertad, así como mecanismos de revisión periódica de las sanciones. El posicionamiento se suma a un escenario político cada vez más polarizado en torno al debate sobre seguridad, responsabilidad penal y el rol del Estado frente a la problemática juvenil.

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