
Tras meses de tensión política, movilizaciones y fallos judiciales vinculados al financiamiento universitario, el Gobierno nacional inició conversaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una nueva ley que modifique el sistema vigente sin derogarlo. La iniciativa oficial busca alcanzar un acuerdo que permita dar previsibilidad presupuestaria a las instituciones y, al mismo tiempo, ordenar el frente legal abierto en torno a la actual normativa.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que la estrategia apunta a resolver en un mismo proceso tanto la discusión presupuestaria como los conflictos judiciales derivados de la implementación de la ley vigente, mediante el envío al Congreso de un nuevo proyecto que contemple cambios en el esquema de financiamiento sin eliminarlo por completo.
En ese marco, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron el miércoles 4 de febrero un encuentro con autoridades del CIN. Por parte del organismo participaron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente de la entidad que representa a las universidades públicas de todo el país.
Tras la reunión, los representantes universitarios señalaron que se trató de una primera instancia de acercamiento. Greco destacó que el encuentro permitió abrir un canal de diálogo con expectativas de avanzar en algunos de los reclamos del sector, mientras que Bartolacci consideró que el intercambio constituyó un paso inicial positivo, aunque aún quedan numerosos temas por resolver.
Desde el Gobierno definieron la reunión como una ronda preliminar destinada a construir respaldo político e institucional antes de enviar el proyecto al Parlamento. Según trascendió, la propuesta oficial buscará asegurar previsibilidad fiscal y mayor seguridad jurídica, dos aspectos que se encuentran en el centro de la discusión con el sistema universitario.
Por su parte, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, explicó que el encuentro fue solicitado por el Ejecutivo y que las universidades acudieron principalmente a escuchar los planteos oficiales. También recordó que la ley de financiamiento universitario continúa vigente y que recientes decisiones judiciales ratificaron su aplicación.
Uno de esos fallos, dictado en diciembre por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, advirtió que el incumplimiento de la norma podría generar perjuicios graves e irreparables para el sistema universitario, debido a la pérdida sostenida del poder adquisitivo. La resolución también señaló que la situación podría afectar derechos laborales protegidos por la Constitución y tratados internacionales, y cuestionó el argumento oficial vinculado al ahorro fiscal, al considerar que el impacto económico sería limitado.
El conflicto por el financiamiento universitario se intensificó durante 2024 y 2025, con movilizaciones masivas de estudiantes, docentes y trabajadores en defensa de la educación pública. En octubre de 2024 se realizó una marcha federal que reunió a cientos de miles de personas contra el veto presidencial a una ley que buscaba actualizar el presupuesto según la inflación. En septiembre de 2025, tras un nuevo veto presidencial, se llevaron adelante protestas y paros docentes en distintas ciudades bajo la consigna “Si hay veto, hay marcha”.
Desde el CIN señalaron que el sistema universitario siempre se mostró dispuesto al diálogo y que las movilizaciones buscaron visibilizar la situación financiera de las instituciones. Ahora, las autoridades universitarias aguardan conocer el contenido concreto de la propuesta oficial antes de emitir una evaluación definitiva.
Alpa explicó que la iniciativa deberá ser analizada por las distintas universidades y consensuada con los sectores involucrados antes de cualquier definición pública, ya que se trataría de una modificación de la normativa vigente cuyo alcance aún se encuentra en discusión.