Los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto para que el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán exprese su repudio institucional al allanamiento judicial realizado en la sede del Multimedios Enterate, vinculado al diputado nacional y dirigente bancario Carlos Cisneros.
La medida judicial se dio en el marco de una denuncia presentada por el futbolista José Florentín contra la joven tucumana que en 2024 lo había denunciado por abuso sexual junto a otros exintegrantes del plantel de Vélez Sarsfield. En su planteo, el actual jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero también apuntó contra abogados, allegados a la víctima y el diputado Cisneros, a quienes acusó de armar una organización criminal con el fin de sostener "una falsa denuncia" en su contra.
La iniciativa en repudio al allanamiento a Enterate fue ingresada este jueves y lleva la firma de ambos ediles, quienes manifestaron su preocupación por lo que calificaron como “un acto de amedrentamiento inaceptable” hacia los trabajadores de prensa del multimedio.
El procedimiento fue ordenado por el juez Daniel L’Erario Babot, a pedido de la fiscal Marta Mariana Rivadeneira, y tuvo lugar el miércoles en las oficinas de Enterate Noticias. Según explicó la empresa, personal policial ingresó al lugar en el marco de una causa penal y permaneció en el sitio durante más de una hora, a pesar de haber constatado rápidamente que se trataba de un medio de comunicación.
Durante ese tiempo, los agentes exigieron la identificación de todos los periodistas presentes y llegaron incluso a interrumpir transmisiones en vivo para recabar datos personales de los trabajadores. Esta situación, según denunciaron los concejales, representa un “grave riesgo institucional”, ya que podría constituir una forma de presión o intimidación sobre medios de comunicación y periodistas.
“No se puede tolerar el hostigamiento que sufrieron el multimedios y sus periodistas”, expresaron Canelada y Cobos en los fundamentos del proyecto, y advirtieron sobre el posible efecto disuasivo de este tipo de acciones en el ejercicio libre del periodismo.
Qué dice el proyecto
El texto presentado ante el Concejo destaca que el 30 de septiembre de 2025, el medio Enterate Noticias fue objeto de un allanamiento en su sede ubicada en General Paz 576, piso 2, oficina 3. Durante aproximadamente 62 minutos, autoridades judiciales y policiales permanecieron en el lugar, pese a haber verificado que allí funcionaba un medio de comunicación.
El proyecto remarca que este tipo de intervenciones puede tener un efecto inhibitorio sobre la prensa y fomentar la autocensura. También recuerda que tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales suscriptos por Argentina garantizan la libertad de expresión y la protección de las fuentes periodísticas.
“La libertad de prensa no es un derecho que pueda ser relegado ante investigaciones judiciales. Por el contrario, nuestro diseño constitucional y los compromisos internacionales exigen que cualquier medida que afecte a medios o periodistas se ajuste a estrictos estándares de legalidad, necesidad, proporcionalidad y debido proceso”, señala el documento.
Cita además la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconoce el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes y condena toda forma de interferencia arbitraria, hostigamiento o destrucción de medios.
En esa línea, los concejales afirman que el Concejo Deliberante debe expresar un pronunciamiento institucional claro en defensa de la libertad de prensa, disuadir el uso indebido de herramientas estatales contra medios de comunicación y reafirmar su compromiso con la integridad del sistema democrático.
“Quienes tenemos un firme compromiso con la libertad de expresión consideramos que lo ocurrido es un hecho grave. La democracia no puede permitir que se intente amedrentar a periodistas ni a medios de comunicación. Este Concejo debe manifestarse con claridad”, concluyen los autores del proyecto.