La Provincia está próxima a recuperar 1.000 hectáreas de tierras usurpadas, dispersas en una decena de juicios que están próximos a concluir. Así lo afirmó la fiscal de Estado, Gilda Pedicone. "Hemos logrado una recuperación de más de 600 hectáreas y tenemos sentencias a punto de fijarnos día y hora de restitución de inmueble de más de 500 hectáreas adicionales, con lo cual esas 1.000 hectáreas de las que se habló ya estamos por ahí superándolas", precisó la funcionaria.
Recordó que algunos de esos juicios estaban "un poco quietos". "Los hemos reactivados. Otros juicios estaban con sentencias no ejecutadas y los estamos ejecutando y otros muchos juicios están iniciando. Ahí tenemos el reparo de la inacción durante muchos años de parte del Estado, que inadvertidamente dejó de ser activo en esto de preservar el estado de la provincia, los bienes de la provincia.
La política del gobernador es que le devolvamos a Tucumán lo que es de todos", graficó Pedicone.
"¿A quién le devolvemos cuando devolvemos un metro cuadrado de terreno provincial? Le devolvemos a la comunidad. Y cuando digo esto devolvemos a una comunidad que por ahí lo lo puede usar para fines realmente de preservación medioambiental, como la zona de El Mollar o para un destino útil. Por ejemplo, hay inmuebles que hemos recuperado y ya se están evaluando para uso escolar, otra red de gobierno para convertirlas en sede de un CAPs, en sede de un establecimiento educativo, en sede de una comisaría. Se complementa la tarea de recuperación con la tarea de asignación de un destino útil a ese a esos inmuebles recuperados", enfatizó la titular de la Fiscalía de Estado.
El juicio por El Cadillal
La funcionaria también confirmó que la Provincia multiplicó por 12 el reclamo de resarcimiento económico que entabló en contra de Hidroeléctrica Tucumán SA, que explota el dique Celestino Gelsi. El objetivo es recuperar el monto invertido en la reparación de la presa lateral N° 3.
"La empresa tiene la concesión en Buenos Aires, pero El Cadillal es nuestro. Y las implicancias de cualquier situación que pudiera haberse generado son tucumanas. Así que cuando debió haberse bajado la cota para evitar una situación de colapso de la presa, Tucumán decidió hacer la obra de recuperación y restablecimiento de las condiciones de funcionamiento de la presa con dinero propio de la provincia. Una suma muy importante", recordó.
Y prosiguió: "La primera etapa fue una determinación de cuál era el daño que había que reparar, subsanar y a medida que eso se hizo aparecieron otras situaciones también necesitadas de atención".
Mencionó que cuando la concesionaria fue intimada a hacer la tarea de reparación y mantenimiento, dijo no tener dinero para hacerlo y que cuando fue sometida un juicio para obtener una cautelar frente a la erogación de la provincia, adujo tener como patrimonio 50 autos en estado muy deficitario esparcidos por todo el territorio. "Eso nos permitió como provincia iniciar una acción judicial con una cautelar que nos ha significado hasta el día de hoy un plazo fijo esperando la sentencia. Hoy se está en etapa de prueba, porque la empresa sigue alegando que no era su obligación hacer la reparación y justifica su inacción en una ecuación económico-financiera que no le cerraría. Nosotros como provincia no vamos a entrar en la discusión de esa cuestión económica. Nosotros como provincia vamos a hacer respetar el contrato de concesión, una de cuyas cláusulas decía que la reparación, mantenimiento y el buen funcionamiento de la presa estaba a cargo de la concesionaria", remarcó.
En ese aspecto, precisó que la demanda de la Provincia pasó de los $ 1.200 millones originales a una cifra cercana a los $ 12.000 millones. Incluso, ese último valor se podría actualizar en los próximos días. "Ahí tendremos el número final de la erogación grandísima que Tucumán tuvo que hacer para mantener El Cadillal en buen funcionamiento", completó.