Berretta reclamó medidas para garantizar la sustentabilidad del sistema y volvió a pedir una suba tarifaria

Aunque la amenaza inmediata de un paro de colectivos parece haber quedado atrás tras el acuerdo alcanzado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para cancelar los salarios de mayo el próximo martes, la crisis del transporte público en Tucumán dista de estar resuelta. Así lo planteó el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berretta, quien advirtió que el sistema continúa atravesando una situación crítica y reclamó definiciones políticas para garantizar su sustentabilidad.

Las declaraciones del dirigente empresario se producen en un momento clave para el sector. Mientras la Provincia colaboró para destrabar el conflicto salarial y evitar una medida de fuerza, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán mantiene frenada la discusión sobre una actualización tarifaria. Este miércoles, la comisión de Transporte pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes sin emitir dictamen sobre el pedido de incremento del boleto solicitado por las empresas.

En ese contexto, Berretta valoró el entendimiento alcanzado con el gremio, pero remarcó que se trata apenas de una solución coyuntural. “Nosotros hicimos una propuesta firme en base al apoyo de la Provincia, sabiendo y priorizando a los empleados del sector. No resuelve el problema del transporte, pero era nuestra prioridad”, afirmó el dirigente de AETAT en declaraciones LV12.

El dirigente explicó que las empresas asumieron el compromiso de cancelar el 100% de los salarios en una sola cuota el próximo martes y consideró que el resto de las decisiones ya no dependen exclusivamente de los operadores. “Esperemos que vayan cumpliendo con los objetivos trazados, la reestructuración del transporte y la sustentabilidad del mismo, porque si no cierra la ecuación económica es muy difícil prestar el servicio”, sostuvo.

Con la negociación salarial encaminada, ahora la atención vuelve a concentrarse sobre el debate político que involucra al municipio capitalino, al Concejo Deliberante y al Gobierno provincial respecto de cómo financiar un sistema que acumula crecientes dificultades para operar.

Berretta insistió en que la crisis del transporte excede la coyuntura tucumana y señaló que buena parte de las provincias del interior enfrentan problemas similares.

“Acá tomamos el compromiso hace dos meses de prestar el servicio y no fallarle a los usuarios. Lo estamos cumpliendo. Lógicamente necesitamos que nos garanticen lo básico de la ecuación económica”, señaló.

El empresario comparó la situación local con la de otras jurisdicciones del norte argentino y afirmó que incluso sistemas que históricamente fueron considerados modelos de gestión atraviesan serias dificultades. “Salta no ha pagado las sumas no remunerativas. El sistema de Saeta, que era tomado como modelo, cortó el servicio a las 22 y el primer coche sale a las 5.30. Los domingos directamente no trabajan. Todas las provincias tuvieron conflictos, paros o problemas para salir a prestar servicios”, afirmó.

En ese marco, el dirigente reiteró que la crisis del transporte responde a un problema estructural de financiamiento que afecta a todo el interior del país y que no puede resolverse únicamente con endeudamiento empresario.

Según Berretta, los costos operativos registraron un fuerte incremento en los últimos meses sin que exista una actualización equivalente de los ingresos. “Allá por febrero y marzo aumentó 800 pesos el litro de gasoil. Eso representa unos 2.000 millones de pesos para la actividad. Después hubo un incremento acumulado del 18% en los salarios, otros 1.400 o 1.500 millones más. Tenemos aproximadamente 4.000 millones de pesos adicionales en costos y los mismos ingresos que en marzo”, detalló. Y agregó: “Esto no es extorsivo ni es una presión. Es la realidad y está a la vista de todos”.

Si bien evitó pronunciarse sobre cuál debería ser el valor del boleto, el vicepresidente de AETAT dejó entrever que cualquier actualización ayudaría a aliviar la situación financiera del sector. “Todo suma. Ya nosotros hicimos lo nuestro. El resto depende del Concejo y de las medidas que tome el Poder Ejecutivo”, expresó al ser consultado sobre la posibilidad de que la tarifa urbana se ubique entre los $1.600 y los $1.700.

La demora en el tratamiento del pedido de reivisión tarifaria por parte del Concejo Deliberante agrega incertidumbre a un escenario que ya es complejo. Los empresarios habían depositado expectativas en que la comisión de Transporte, que preside el oficialista José María Franco, avanzara esta semana con un dictamen favorable, pero la discusión quedó postergada al menos hasta el lunes próximo.

En paralelo, Berretta también cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el proceso de licitación impulsado por la Municipalidad para renovar las concesiones del servicio urbano. “En estas condiciones económicas y de operación nadie va a venir”, advirtió.

El dirigente sostuvo que las actuales prestatarias enfrentan limitaciones financieras derivadas de la precariedad jurídica de las concesiones y planteó que cualquier mejora que pudiera ofrecerse a futuros operadores debería aplicarse también al esquema vigente. “Si se va a mejorar para terceros o para futuros operadores, ¿por qué no mejorarlo ahora para que el usuario empiece a ver mejoras inmediatas en el servicio?”, preguntó.