Imputaron a 10 vecinas de Graneros que reclamaban ayuda tras las inundaciones y la Justicia ordenó avanzar con la investigación

La Justicia provincial resolvió avanzar con una investigación penal contra diez vecinas de Graneros que participaron de una protesta para reclamar asistencia tras las inundaciones que afectaron a distintos sectores de esa ciudad del sur tucumano.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, y por su madre, María Alejandra Cejas, quienes sostienen haber sido víctimas de amenazas durante un episodio ocurrido el pasado 28 de abril al salir de una ceremonia religiosa realizada al cumplirse un mes del fallecimiento de un familiar. Ambas son atrocinadas por la abogada Paula Morales Soria.

Según la presentación judicial, un grupo de aproximadamente diez mujeres habría interceptado el vehículo en el que se trasladaban, impidiendo su circulación durante varios minutos y profiriendo amenazas vinculadas a un supuesto incendio de su vivienda y agresiones contra su integridad física. La denuncia también sostiene que las víctimas permanecieron bloqueadas hasta la intervención policial.

Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada en el Centro Judicial Concepción, el Ministerio Público Fiscal imputó a las diez mujeres por el delito de amenazas simples en calidad de coautoras. La fiscalía solicitó además medidas de coerción de menor intensidad para garantizar el avance de la investigación.

Las acusadas rechazaron los cargos y varias de ellas declararon ante el juez entre lágrimas. Una de las imputadas, Verónica Lorena Figueroa, sostuvo que la movilización tuvo como único objetivo reclamar asistencia para familias afectadas por las inundaciones en los barrios Buenos Aires y Santa Rita.

“Fuimos a la plaza a manifestarnos pacíficamente porque nos habíamos inundado. Queríamos que nos escucharan y que Desarrollo Social nos ayudara. Lo único que buscábamos era entregar una nota y hablar con la intendenta”, expresó durante la audiencia.

La mujer aseguró que nunca agredió a la jefa municipal ni tocó el vehículo en el que se trasladaba. “Soy madre, abuela y una persona de bien. Nunca pensé llegar a esta situación por pedir obras para nuestro pueblo”, manifestó.

Otra de las imputadas relató que había intentado gestionar ayuda para reparar los daños sufridos en su vivienda tras las inundaciones y afirmó que nunca pudo acceder a una audiencia con las autoridades municipales.

La defensa de nueve de las diez mujeres estuvo a cargo de la abogada Tania Pamela Visintini, quien cuestionó la formulación de cargos al considerar que la acusación no individualiza la conducta atribuida a cada una de las imputadas.

En diálogo con Tendencia de Noticias, la letrada sostuvo que la imputación fue formulada de manera genérica y que ello afecta el derecho de defensa. Según explicó, el juez hizo lugar parcialmente a ese planteo y solicitó que la fiscalía precise con mayor detalle cuál habría sido la participación de cada una de las acusadas.

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Visintini también cuestionó la utilización del sistema penal en un conflicto que, a su entender, surgió de un reclamo social vinculado a las consecuencias de las inundaciones. La defensora señaló que existen registros audiovisuales incorporados al expediente que, según su interpretación, contradicen parte de los hechos denunciados.

Tras un cuarto intermedio, el juez Enrique Martín Cacici resolvió que la investigación continúe y dispuso medidas de coerción de menor intensidad para las imputadas.

Entre ellas, deberán mantenerse a disposición de la Justicia, someterse al proceso y cumplir una prohibición de acercamiento y contacto con las denunciantes por cualquier medio, incluyendo redes sociales y plataformas digitales. La restricción tendrá un radio de 200 metros y una vigencia de seis meses.

Asimismo, el magistrado habilitó a las partes a continuar incorporando pruebas para determinar si existieron o no las amenazas denunciadas y definir la eventual responsabilidad de las mujeres investigadas.

La causa seguirá ahora en etapa investigativa mientras la fiscalía y la defensa avanzan con la producción de testimonios, análisis de videos y demás elementos probatorios que permitan reconstruir lo ocurrido durante aquella protesta realizada en medio de los reclamos por las inundaciones que afectaron a vecinos de Graneros.