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A LA ESPERA DEL DICTAMEN FINAL

La reforma judicial tucumana suma cambios tras los aportes de abogados y magistrados en la Legislatura

La comisión que analiza la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial recibió nuevas observaciones de los colegios de abogados y de la Asociación de Magistrados. Algunas propuestas ya fueron incorporadas al proyecto, que busca reorganizar competencias y modernizar la estructura judicial provincial.

PorTendencia de noticias
02 jun, 2026 03:05 p. m. Actualizado: 02 jun, 2026 03:05 p. m. AR
La reforma judicial tucumana suma cambios tras los aportes de abogados y magistrados en la Legislatura

La discusión sobre la reforma integral de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán entró en una nueva etapa con la incorporación de observaciones realizadas por representantes de los colegios de abogados de la Capital y del Sur, así como por integrantes de la Asociación de Magistrados. Las reuniones mantenidas este martes en la Legislatura permitieron acercar posiciones sobre distintos aspectos de la iniciativa y podrían derivar en ajustes al dictamen final que será sometido a consideración parlamentaria.


La actividad se desarrolló en el marco de una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, presidida por la legisladora Carolina Vargas Aignasse, con la participación de los parlamentarios Rodolfo Ocaranza, Agustín Romano Norri, Aldo Salomón y Tomás Cobos.


Durante el encuentro, los representantes de los colegios profesionales expusieron inquietudes y propuestas vinculadas a la reorganización de la estructura judicial prevista en el proyecto. Más tarde, en una audiencia realizada en Presidencia de la Legislatura, miembros de la Asociación de Magistrados también presentaron su visión sobre la iniciativa, luego de solicitar formalmente participar del debate.


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Vargas Aignasse explicó que el trabajo legislativo apunta a revisar de manera integral el funcionamiento de la Justicia provincial. “Estamos analizando un proyecto de reforma integral de la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, las atribuciones, divisiones y asignaciones de competencia de los magistrados”, señaló.


La presidenta de la comisión destacó además la continuidad del diálogo con los distintos sectores involucrados. “La Comisión de Asuntos Constitucionales ha recibido a los colegios de abogados tanto de la capital como del sur, con sus nuevas comisiones directivas, para seguir en el análisis del proyecto tomando en cuenta los aportes que ellos han presentado en una reunión anterior”, expresó.


Respecto de la participación de los jueces, agregó: “En el día de hoy la Presidencia de la Legislatura, a cargo de Sergio Mansilla, recibió a representantes de la Asociación de Magistrados, quienes vinieron a dar su opinión acerca de esta reforma integral. Hemos receptado todas estas inquietudes para poder conversarlas, debatirlas y buscar el consenso para la aprobación de esta modificación”.


Uno de los aportes que obtuvo receptividad en la comisión provino del Colegio de Abogados del Sur. Su presidente, Eugenio Racedo, indicó que la entidad había manifestado preocupación por la propuesta inicial de concentrar competencias en determinados juzgados.


“El balance es muy productivo. Nosotros teníamos una gran preocupación con respecto al primer proyecto de reforma, que pretendía unificar los juzgados de documentos y locaciones junto con el juzgado Civil y Comercial”, explicó.


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Racedo valoró además la posibilidad de que los profesionales participen activamente en el proceso de elaboración legislativa. “Agradecemos que se nos haya convocado. Somos quienes estamos día a día y utilizamos los centros judiciales, por eso consideramos muy importante poder participar de estas discusiones”, sostuvo.


Desde el Colegio de Abogados de Tucumán, Pablo Lizondo también destacó la apertura institucional de la Legislatura y señaló que varias observaciones presentadas por la entidad fueron consideradas.


“Entendemos que la reunión fue muy positiva. Esta serie de escuchas por parte de la Legislatura es muy importante. Los colegiados venían pidiendo que aunemos fuerzas con la Legislatura y que se nos escuche”, afirmó.


El dirigente precisó que uno de los puntos receptados favorablemente está vinculado con las nuevas atribuciones previstas para los jueces de paz. “Se han receptado algunos puntos muy favorables, especialmente respecto a la competencia de los jueces de paz en materia de consumo”, indicó.


Asimismo, remarcó el valor institucional de la convocatoria. “Lo positivo que nos llevamos es que la Legislatura nos abrió las puertas, nos está convocando y el Colegio vuelve a ser parte del desarrollo de las leyes y de la normativa. Venimos a traer la voz de los colegiados y agradecemos la recepción favorable que hemos tenido”.


Qué propone la reforma


El proyecto impulsado por la comisión busca una reestructuración profunda del Poder Judicial con el objetivo de hacer más eficiente la distribución de recursos y adaptar la organización de tribunales a la demanda real de cada centro judicial.


Entre los cambios centrales figura la implementación de un sistema de competencias múltiples, que permitiría que determinados órganos judiciales intervengan en más de una materia, dejando atrás un esquema basado en juzgados especializados exclusivamente en una única área.


La iniciativa también redefine la estructura de los Colegios de Jueces en los distintos centros judiciales, incorpora de manera definitiva a los jueces contravencionales, reorganiza las funciones de magistrados de ejecución penal y de niñez, y establece criterios para optimizar la asignación de jueces según las estadísticas de carga laboral.


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Otro de los aspectos destacados es la ampliación de facultades para los jueces de paz letrados, quienes podrían intervenir en determinados procesos de divorcio y en conflictos derivados de relaciones de consumo promovidos por usuarios y consumidores, con la intención de acercar el servicio de justicia a localidades alejadas de los grandes centros urbanos.


La reforma contempla además modificaciones en el fuero contencioso administrativo y una redistribución territorial de competencias para mejorar la cobertura judicial en toda la provincia.


Mientras continúa el proceso de consultas, la comisión legislativa analiza las observaciones presentadas por abogados y magistrados con la intención de alcanzar consensos antes de la definición final del proyecto.

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