Sanciones y compromiso familiar para frenar el acoso escolar en las aulas tucumanas

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Tucumán por parte de José Seleme (Avanza Tucumán - foto inferior-) busca transformar el abordaje del acoso escolar al involucrar de manera obligatoria a las familias en la resolución de los conflictos que protagonizan los menores. La iniciativa, que propone modificar la Ley N° 9928 (Programa Bullying Cero), establece la creación de un "Régimen de Corresponsabilidad Parental" diseñado para que la escuela no quede sola en la gestión de la violencia. El objetivo central es dotar a las instituciones educativas de herramientas legales para exigir la presencia de los adultos, aplicando sanciones económicas o trabajo comunitario solo cuando se agoten las instancias de diálogo y se demuestre un desinterés manifiesto de los tutores por corregir las conductas de hostigamiento de sus hijos.

En sus fundamentos, la propuesta de Seleme advierte que “la problemática del acoso escolar o bullying exige de este cuerpo legislativo una actualización constante de las herramientas normativas para proteger a nuestras infancias. Si bien Tucumán cuenta con la Ley N° 9928, la realidad nos muestra que la escuela sola no puede resolver conflictos que, en su raíz, muchas veces presentan una ausencia de acompañamiento familiar”. Bajo esta premisa, el nuevo articulado establece sanciones para los padres o responsables legales que, habiendo sido notificados fehacientemente de conductas reiteradas de acoso cometidas por el menor a su cargo, incumplan los compromisos de diálogo o se nieguen a participar de las instancias de orientación propuestas.

Las sanciones previstas incluyen una multa equivalente al valor de entre cien y trescientos litros de nafta súper (valor YPF), o bien la realización de hasta 20 horas de trabajo comunitario vinculadas a la educación y la convivencia escolar. Para evitar la criminalización de las familias, el proyecto otorga la competencia a la Justicia de Paz Letrada, argumentando que “el conflicto escolar y la negligencia parental en la crianza no son materias de seguridad pública ni deben ser tratadas en una comisaría. Judicializar penalmente o contravencionalmente a los padres mediante la fuerza policial podría estigmatizar al menor y romper el vínculo familia-escuela”.

Protección e intervención

El procedimiento garantiza un enfoque conciliador, estableciendo que la sanción llega solo cuando "fracasa la instancia escolar". Según el texto, la autoridad educativa debe agotar primero las vías de resolución pacífica; si estas fallan por incomparecencia o negativa de los responsables, se eleva un informe para la intervención judicial en un procedimiento sumarísimo que garantiza el derecho de defensa. Como destaca el autor del proyecto, “la norma propuesta no busca recaudar, sino disuadir. Se protege así a la escuela, dándole una herramienta legal para exigir la presencia de los adultos, y se protege al niño agredido, asegurando que el Estado intervendrá si la familia del agresor no lo hace”.

Finalmente, la iniciativa crea un "Fondo de Concientización" que se nutrirá de lo recaudado por las multas. Este dinero tendrá una afectación específica para financiar campañas de visibilización, impresión de material sobre convivencia y capacitación docente especializada en resolución de conflictos. El legislador define este mecanismo como un “círculo virtuoso de reparación”, y concluye que con esta ley “Tucumán dará un mensaje claro: la educación y la convivencia pacífica son responsabilidades compartidas, y el desinterés de los adultos frente a la violencia de sus hijos tendrá consecuencias legales en pos del bien común”.