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El proyecto normativo establece que los tutores deberán controlar obligatoriamente la actividad de los usuarios hasta los 15 años en redes sociales, videojuegos y aplicaciones de inteligencia artificial, estipulando que a partir de esa edad los adolescentes podrán elegir si continúan bajo la supervisión de sus padres o si prefieren contar con acceso libre a las plataformas.
La propuesta forma parte de la futura ley del bloque sobre la infancia que será oficializada en el corto plazo para acoplarse a las medidas restrictivas que ya funcionan en diferentes regiones de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, territorios donde las legislaciones vigentes exigen verificar de manera obligatoria la edad de las personas que ingresan al entorno digital.
El borrador de la iniciativa gubernamental contempla la división de los usuarios mediante 4 franjas etarias determinando un veto completo de acceso independiente para los menores de 13 años, mientras que el grupo comprendido entre los 13 y los 15 años necesitará contar de forma ineludible con la autorización de los adultos responsables.
El diseño de estas políticas desde Bruselas surge como respuesta a la presión ejercida por países como España y Francia que ya preparaban sus propias reglamentaciones nacionales frente a las constantes alertas de los especialistas sobre los impactos negativos que genera la exposición temprana a los algoritmos en la salud mental.