La Capital lanzó un plan para reducir trámites y facilitar nuevas inversiones privadas

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha un Plan de Clima de Negocios que contempla cambios administrativos y normativos para simplificar las habilitaciones, reducir trámites burocráticos y facilitar la instalación o expansión de comercios, industrias y empresas de servicios en la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la intendenta Rossana Chahla, apunta a generar condiciones que favorezcan la inversión privada, la formalización de actividades económicas y la creación de empleo, a través de una mayor digitalización y de la reducción de requisitos administrativos, aunque sin flexibilizar los controles vinculados con la seguridad.

Uno de los principales ejes de esta reforma es la eliminación del engorroso trámite para obtener certificado de final de obra previo a la habilitación de un edificio, que será reemplazado por un informe técnico estructural. Esta novedad había sido anunciada por Chahla durante su participación del Coloquio de la Unión Industrial de Tucumán, en el marco del Mes de la Industria, realizado este lunes en el Hotel Catalinas.

La medida, oficializada este martes por el municipio, se conoce en momentos en que distintas empresas comenzaron a mostrar interés por ampliar sus actividades en la capital. Este lunes, por ejemplo, directivos de Carrefour presentaron a la jefa municipal el plan de expansión de la compañía, que contempla la apertura de 10 locales Carrefour Express durante los próximos meses.

Una alternativa al certificado final de obra

El Municipio introdujo cambios para los casos en los que la falta del certificado final de obra constituía un obstáculo para obtener una habilitación.

A través del Decreto N.º 0297/SIM/2026, se estableció que, en los casos contemplados por la normativa, ese documento podrá ser reemplazado por un informe técnico estructural, que deberá estar firmado por un profesional debidamente colegiado y posteriormente controlado y visado por la Dirección de Catastro y Edificación Municipal.

La modificación busca destrabar habilitaciones sin eliminar las verificaciones técnicas sobre los inmuebles.

La secretaria de Ingresos Municipales, Fernanda Herrera hizo hincapié en ese aspecto y rechazó que la simplificación administrativa implique menores exigencias en materia de seguridad. “Estas modificaciones introducidas no implican una reducción de las condiciones de seguridad exigibles para la habilitación de los comercios, de las industrias y de las empresas de servicios”, enfatizó la funcionaria tras participar este martes de una reunión de trabajo encabezada por la intendenta para ultimar detalles del nuevo esquema.

Menos trámites para las habilitaciones

Otro de los principales cambios consiste en la unificación en una sola gestión de las intervenciones de Catastro, Defensa Civil y la Dirección de Ingresos Municipales (DIM).

Además, el Municipio amplió el alcance de las habilitaciones online. El procedimiento, que estaba disponible para determinadas actividades de bajo riesgo en locales de hasta 300 metros cuadrados, podrá utilizarse ahora para establecimientos de hasta 500 metros cuadrados.

Herrera, explicó que las modificaciones forman parte de una política más amplia de modernización de los procedimientos municipales. “Dentro del marco de modernización y digitalización que lleva adelante nuestra intendenta, la doctora Rossana Chahla, el Municipio diseñó un Plan de Clima de Negocios, que consiste en facilitar y agilizar todas las gestiones y evitar los trámites burocráticos, con el fin de promover la inversión privada, fomentar la formalización de la actividad económica y contribuir a la generación de empleo”, señaló.

La digitalización tampoco estará limitada a las nuevas habilitaciones. Se podrán gestionar por esa vía trámites como anexo de local o de rubro, cambio de domicilio o actividad, transferencias y cambios de denominación o razón social. “No solamente es para habilitaciones nuevas, sino que se amplía a todo tipo de trámite de habilitación”, destacó Herrera.

Diferentes requisitos según la superficie

El nuevo esquema establece requisitos diferenciados de acuerdo con las dimensiones de los establecimientos.

Para los locales de menos de 500 metros cuadrados, Herrera indicó que será suficiente acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales para avanzar con la habilitación.

En aquellos cuya superficie se encuentre entre 500 y 1.000 metros cuadrados, se deberá contar con la documentación correspondiente de Defensa Civil y acreditar el cumplimiento fiscal municipal.

Para los establecimientos de más de 1.000 metros cuadrados, a esos dos requisitos se sumará un informe técnico estructural, elaborado por un profesional y visado por la Dirección de Catastro.

La funcionaria remarcó que la intención es que el Estado acompañe especialmente a quienes desarrollan actividades capaces de generar movimiento económico y puestos de trabajo. “Creemos que el Estado moderno debe agilizar, facilitar y acompañar a aquellos que desean invertir en San Miguel de Tucumán, sobre todo a los que producen, mueven la economía y generan empleo, siempre garantizando el cumplimiento de la normativa y asegurando la seguridad a los ciudadanos”, afirmó.

Inversiones y generación de empleo

El Plan de Clima de Negocios también contempla acciones destinadas a vincular las nuevas inversiones con la generación de empleo formal. Para ello, la Dirección de Empleo municipal cuenta con cuatro programas de capacitación orientados a acompañar las necesidades de comercios y empresas que incorporen trabajadores.

La estrategia busca que la simplificación de las habilitaciones y la reducción de obstáculos administrativos puedan traducirse en nuevos establecimientos, expansión de empresas y puestos de trabajo.

En ese escenario, el proyecto presentado por Carrefour aparece como un ejemplo concreto: la compañía proyecta sumar 10 locales Express en San Miguel de Tucumán durante los próximos meses.

La intención de la gestión de Chahla es profundizar las adecuaciones normativas para consolidar un esquema en el que el Municipio funcione como facilitador de las inversiones privadas, mediante trámites más simples y herramientas digitales, pero manteniendo las condiciones de seguridad requeridas para el funcionamiento de comercios, industrias y establecimientos de servicios.