
Desde IDEAR – Industria del Entretenimiento Argentino Tucumán –, entidad presidida por Hernán Iramain, manifestaron su profundo pesar y preocupación por el crimen de Érika Antonella Álvarez, al tiempo que acompañaron con respeto y solidaridad a su familia y allegados. En un comunicado difundido en las últimas horas, el sector reafirmó su compromiso con el esclarecimiento del hecho “en el marco del debido proceso judicial”.
En el mismo pronunciamiento, la organización expresó su inquietud por lo que consideró intentos de vincular de manera automática y generalizada a las fiestas electrónicas y a quienes participan de ellas con el consumo de drogas o con prácticas delictivas, cada vez que un hecho grave conmueve a la sociedad. Desde IDEAR advirtieron que este tipo de asociaciones, cuando no se sustentan en hechos comprobados, resultan injustas, estigmatizantes y perjudiciales para un sector que asegura trabajar de manera formal y responsable.
La entidad remarcó que la música electrónica y los eventos culturales asociados constituyen una expresión artística y social legítima, que convoca a públicos diversos y que, en su enorme mayoría, se desarrollan dentro de marcos legales, con productores identificables, habilitaciones correspondientes, controles de seguridad, protocolos y articulación con los distintos organismos del Estado. En ese sentido, señalaron que vincular sin pruebas a toda la actividad con el narcotráfico no solo afecta a quienes integran la industria del entretenimiento, sino que además distorsiona el debate público y no contribuye a una solución real del problema.
Desde IDEAR también hicieron hincapié en la necesidad de diferenciar claramente entre los eventos debidamente autorizados y aquellos que se realizan de manera clandestina. “No todos los eventos son iguales”, subrayaron, al advertir que los encuentros ilegales, sin controles, sin responsables visibles y sin condiciones mínimas de seguridad, proliferan cada fin de semana y representan un riesgo para la sociedad. A su entender, confundir deliberadamente ambas realidades solo genera desinformación y expone a la comunidad a mayores peligros.
En ese marco, la entidad que conduce Iramain solicitó mayor responsabilidad en el tratamiento informativo, especialmente a los medios de comunicación, para evitar generalizaciones que terminan estigmatizando a una actividad cultural completa y a su público. “Informar con rigor, distinguir contextos y verificar datos no solo es una obligación ética, sino también una contribución concreta a la prevención y a la seguridad pública”, expresaron.
El pronunciamiento de IDEAR se conoció en un contexto de alta sensibilidad pública, luego de que el abogado de la familia de Érika Antonella Álvarez, Carlos Garmendia, afirmara en distintas entrevistas que el imputado por el crimen Felipe Sosa, empresario vinculado a la actividad de la seguridad privada, estaría relacionado con la venta de drogas en fiestas electrónicas. Según sostuvo el letrado, estas versiones surgirían de testimonios aportados por amistades y familiares de la víctima en el marco del proceso investigativo que lleva adelante la Justicia por el asesinato de la joven.
Mientras la causa judicial avanza para esclarecer el crimen, el debate público se reavivó en torno a la responsabilidad, los controles y la necesidad de evitar estigmatizaciones que, según advirtieron desde el sector del entretenimiento, no hacen más que complejizar una problemática que requiere respuestas serias y basadas en pruebas concretas.