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La funcionaria nacional expuso su postura durante el tercer encuentro plenario correspondiente a las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal que presiden los legisladores Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, donde rechazó el planteo impulsado por el bloque Unión por la Patria para debatir por separado el régimen de sanciones empresariales y la creación del Consejo de Seguridad.
Al justificar la redacción de la normativa, la representante de la Presidencia detalló que el expediente persigue tres objetivos centrales que consisten en castigar a quienes explotan recursos de forma ilegítima, generar incentivos para el cese de dichas conductas y otorgar al estado herramientas para enfrentar amenazas externas, advirtiendo sobre el avance de los proyectos de extracción hidrocarburífera y pesquera en las cuencas del territorio insular.
Frente a la intención del bloque La Libertad Avanza de lograr un dictamen la próxima semana para debatir la propuesta en el recinto el 21 de octubre, los espacios aliados como la UCR y el PRO condicionaron su respaldo exigiendo modificaciones en los artículos que abordan la libertad de expresión y reclamando mayores precisiones sobre la definición legal de las infraestructuras críticas nacionales.
Durante el intercambio legislativo el diputado Eduardo Valdés pidió aclaraciones sobre el resguardo de empresas estatales mientras que el legislador Maximiliano Ferraro advirtió que la derogación de la ley 26.659 podría generar un perdón encubierto, críticas que fueron respondidas por la oficialista Silvana Giudici al defender el encuadre constitucional del reclamo de soberanía sostenido por el gobierno en los organismos internacionales.