El policía que hirió a su compañero de un balazo quedó en prisión preventiva para que no entorpezca la invetigación

Benjamín Eduardo Díaz, el policía que hirió de un disparo a su propio compañero la medianoche del lunes, quedó bajo prisión preventiva tras ser formalmente acusado por el hecho, ocurrido en la zona de El Bajo, de la capital tucumana.

El representante de la Unidad Fiscal de Homicidios II, Alejandro Andole, pidió que Díaz espere el juicio privado de la libertad porque, sostuvo, existía riesgo de que entorpezca la investigación o se fugue. El juez Guillermo Taylor coincidió e hizo lugar al pedido hasta el 1 de diciembre.

El hecho que se investiga ocurrió en los primeros minutos el martes 6 de octubre, en la garita policial ubicada en la esquina de Charcas y Pasaje Díaz Vélez. Allí se encontraba Díaz, junto a sus compañeros Nicolás Agustín Albaca Romano, Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán, que estaban afuera, cerca de la puerta.

Aunque en los primeros momentos trascendió que se habría tratado de un accidente, lo cierto es que a las 0:30, el acusado disparó su arma reglamentaria y el balazo impactó en su compañero de Albaca Romano.

La bala, calibre 9 milímetros de la pistola FN Browning, impactó en el hemitórax izquierdo de la víctima, que estaba fuera de la garita y quedó alojada en su cuerpo. Fue trasladado de inmediato al Hospital Centro de Salud, donde ingresó en grave estado y fue sometido a cirugía.

Mientras tanto, en la zona de El Bajo se desplegó un importante operativo policial para resguardar las pruebas del hecho. Intervino personal de la comisaría 2°, que funciona en el Predio Ferial.

La fiscalía formuló cargos por lesiones graves, aunque aclaró que la calificación es provisoria y que la muerte de la víctima no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad del imputado, gracias a la rápida reacción de sus compañeros y la asistencia médica que recibió Albaca Romano en el hospital.

Díaz trabaja como Personal Transitorio Policial de la dirección de Distritos Urbanos N° 1. Sus abogados, José María Molina y Fabrizio Caruso, se opusieron al dictado de la preventiva e impugnaron ese punto de la resolución.