Al parecer la falta de una gestión transparente en los permisos oficiales para implantar variedades legales de cannabis sativa degeneró en que algunos criaderos terminaran trabajando para el mercado recreativo -que sigue prohibido- en vez de dedicar su producción a la producción de aceite medicinal. Por eso el INASE (Instituto Nacional de Semillas) decidió poner bajo revisión todo ese proceso por seis meses.
En el Boletín Oficial, el organismo decidió extender el plazo de intervención otros seis meses, hasta marzo de 2025, porque la limpieza todavía no ha sido terminada. Fue a través de la Resolución 468/2024 firmada por Claudio Dunan, el presidente del INASE.
Entonces sigue suspendida la inscripción de nuevos operadores de cualquier categoría del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS) que desarrollen su actividad con la especie Cannabis sativa L. (cannabis psicoactivo). Esta decisión sigue a la intervención, días atrás, de la Agencia regulatoria de esa actividad, la ARICCAME.
La explicación de la prórroga para anotar nuevas variedades de cannabis es sintética: Dice que desde marzo “este Instituto Nacional ha llevado adelante la revisión y control de los operadores registrados”, pero que “la tarea encomendada aún no ha podido ser concluida, atento la cantidad de operadores inscriptos, su dispersión a lo largo del país y los medios y recursos con los que este Instituto Nacional cuenta para la tarea”.
De todos modos, el INASE decidió abrir la posibilidad a “ciertas excepciones” para determinados operadores:
-Los criaderos nuevos que cuenten con aval y autorización para operar otorgada por el Ministerio de Salud o por la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
-Los operadores ya inscriptos que ya hayan sido verificados mediante inspección, y soliciten la ampliación de las categorías inscriptas.
El control del INASE se hace luego de un espectacular operativo policíaco realizado el 13 de febrero pasado en la localidad santafesina de Arroyo Leyes, donde efectivos fuertemente armados ingresaron a un campo en el que se cultivaban unas 1.600 plantas de cannabis y que funcionaba como un criadero habilitado por el Instituto Nacional de Semillas, pero en realidad estaba siendo utilizado como supuesta “pantalla” de una organización dedicada al narcotráfico. En este marco, Dunan decidió echar al ex funcionario a cargo de las políticas oficiales de estímulo a la legalización del cannnabis.
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