Con nueva tecnología quieren corregir una distorsión en la comercialización de la caña de azúcar que afecta a los productores

Un proyecto de ley que ingresó a la Cámara tucumana busca transformar el sistema de comercialización de la caña de azúcar en la provincia. El objetivo central es "corregir una distorsión estructural y persistente en el sistema de comercialización de la caña de azúcar" que afecta a miles de productores tucumanos y la equidad del mercado sucro alcoholero nacional, de acuerdo a lo señalado por el autor de la iniciativa, José Seleme (Avanza Tucumán).

El corazón de esta propuesta es la creación del "Programa para el análisis directo, digital y uniforme de la valoración de la caña de azúcar, a través del cual, el estado provincial establecerá "un único método válido en todo el territorio provincial para el análisis de la sacarosa en la caña de azúcar", permitiendo un análisis directo y digital del jugo de caña mediante una fórmula única.

Para ello, los ingenios azucareros y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) deberán disponer de tecnología de vanguardia. Esto incluye: polarímetros digitales, refractómetros automáticos y tecnologías como la espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR), que permiten mediciones simultáneas, automatizadas y no manipulables.

Incentivos y penalidades

De acuerdo a lo señalado en el proyecto, el Estado provincial se compromete a fomentar este proceso de transformación tecnológica a través de diversos mecanismos:

• Subsidios directos para la compra de tecnología.

• Restitución de la inversión mediante certificados de crédito fiscal.

• Subsidios al interés de créditos específicos para la adquisición de la tecnología.

• Provisión de equipamiento a la Estación Experimental

• Otros mecanismos que la autoridad de aplicación considere oportunos.

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) será la autoridad de aplicación de esta ley. Es crucial señalar que el plazo para la implementación de la tecnología será de un año desde la fecha de entrada en vigencia de la norma. Los ingenios que no cumplan con esta exigencia dentro del plazo establecido "no podrán celebrar contratos de provisión de bienes y servicios con el Estado provincial y con las empresas de participación estatal mayoritaria", además de quedar "excluidos de todo programa de aliento a la producción por parte del Poder Ejecutivo provincial", remarca el texto, que también fue acompañado por la firma de Manuel Courel (Cambia Tucumán).

Distorsión estructural

En los fundamentos de la iniciativa se subraya la necesidad urgente de esta transformación. Actualmente, Argentina utiliza "de forma predominante el método indirecto para el análisis del jugo de caña". Esta tecnología es descripta como "con más de un siglo de antigüedad que se encuentra en desuso a nivel internacional". Fue diseñada para condiciones de cosecha manual y caña limpia, una "realidad que no se corresponde con el esquema productivo actual de Tucumán, donde casi toda la caña es recolectada mediante cosecha mecanizada", destaca Seleme.

Este "desajuste técnico genera graves perjuicios para el productor cañero", ya que "el método tiende a subestimar el contenido real de sacarosa y sus resultados varían de un ingenio a otro, aún tratándose del mismo lote de caña". Esto contraviene la ley nacional de maquila agropecuaria (Ley 25.113), que exige que los procedimientos de medición se rijan por "pautas objetivas de manufacturación".

En el proyecto, se enuncia que las experiencias internacionales demuestran que "el análisis directo digital es el método más eficiente y confiable para evaluar la calidad del jugo de caña en condiciones modernas de producción". Países como Hawaii (desde 1959), Brasil (CONSECAÑA, 1998-2005), Australia, Sudáfrica y Colombia han adoptado este sistema, que "se presenta como el estándar técnico para condiciones como las de Tucumán, donde el avance tecnológico ha superado el 80% de cosecha mecanizada desde 2012".

Impacto económico y rol del Estado

El perjuicio económico de esta omisión técnica es "de proporciones significativas", postula el legislador radical, ahora cercano a La Libertad Avanza. Se estima que la subvaloración del rinde de la caña se encuentra "entre el 2,5% y el 4%". Resalta, además que, considerando que los productores tienen derecho al 60% del producto final (según la Ley 25.113), esto implica una pérdida de "entre el 1,5% y el 2,4% de su ingreso bruto". Este impacto, sostiene Seleme, es especialmente grave para los pequeños productores cañeros, que representan el 80% del total de explotaciones de menos de 50 hectáreas. Proyectando estas cifras al volumen de producción de Tucumán en 2024, "el ingreso injustamente negado a los productores alcanza aproximadamente (valuado al precio corriente del azúcar) los 13 millones de dólares".

La iniciativa subraya que "no puede dejarse exclusivamente en manos de los actores privados la responsabilidad de adoptar estos sistemas". La "extrema concentración del mercado (14 ingenios en menos de 9 grupos controlantes, frente a unos 5.000 productores), los altos costos logísticos del transporte de caña y la ausencia de competencia efectiva" limitan la capacidad de los productores para exigir sus derechos. Por lo tanto, el Estado debe "promover la incorporación de estas tecnologías mediante mecanismos de incentivo (transferencias o créditos subsidiados), y también a través de sanciones o exclusión de beneficios para aquellos ingenios que se nieguen a adoptar prácticas justas y modernas".

Con esta ley, se busca promover "un sistema de comercialización más equitativo, eficiente y transparente, que reconozca de manera justa el aporte de cada eslabón en la cadena sucroalcoholera", postuló el parlamentario opositor.