La concejal Ana González denunció penalmente a cinco funcionarios de la intendenta Rossana Chahla

La concejal opositora Ana González formuló una denuncia penal contra cinco funcionarios de la intendenta Rossana Chahla por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz de que habrían participado en la ejecución de contrataciones directas “irregulares” por un monto total de $2.700 millones. 

La denuncia, presentada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), apunta contra el secretario general del Municipio, Rodrigo Gomez Tortosa; la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el contador General, Marcelo Albaca; el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; y el secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano.

Patrocinada por los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, la edil alfarista sostiene que en la Municipalidad capitalina se habría montado “un patrón administrativo uniforme” orientado a “prescindir de los procedimientos ordinarios de licitación pública” y a “eludir los mecanismos de concurrencia, transparencia y control propios del régimen general de contrataciones públicas”.

En el escrito, González afirma que las maniobras investigadas “exceden con creces el ámbito de una eventual irregularidad administrativa aislada” y presentan “indicios suficientes de una operatoria sistemática destinada a eludir los mecanismos de control propios del régimen de contrataciones públicas”.

Según la concejal, las conductas denunciadas podrían encuadrarse en delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y negociaciones incompatibles con la función pública.

Contrataciones, en la mira

 

La edil cuestiona que se haya recurrido en forma reiterada al mecanismo excepcional de contratación directa bajo el argumento de supuestas situaciones de “necesidad y urgencia” para contratar tareas que, a su criterio, eran “ordinarias, previsibles y programables”, como el mantenimiento de espacios verdes, el desmalezamiento, la poda del arbolado urbano, la instalación de refugios para colectivos, la compra de sistemas de monitoreo para ómnibus y la colocación de tótems interactivos y estaciones del Vía Crucis.

“Los argumentos invocados describen objetivos generales de política pública, pero no acreditan la existencia de una contingencia concreta, actual y extraordinaria que justifique prescindir del procedimiento de licitación pública”, señala textualmente uno de los pasajes del escrito judicial, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso. En otro tramo, la denuncia sostiene que la utilización del artículo 70 de la Ordenanza de Contabilidad habría constituido “un uso meramente formal y desviado de la norma, destinado a legitimar una decisión administrativa previamente adoptada”.

Entre los casos enumerados aparecen contrataciones a ATRES IMPRESIONES S.A.S., PROVIDERS S.A. y ESCA CONSTRUCCIONES S.R.L., además de cooperativas y proveedores particulares. Uno de los expedientes más llamativos, según la denuncia, corresponde a la contratación de ESCA Construcciones por $141 millones para instalar 14 estaciones del Vía Crucis con tótems interactivos y un “Libro Mágico de la Batalla de Tucumán”. Allí, el escrito remarca que considerar urgente esa adquisición “supone un ejercicio de cinismo institucional que sólo puede explicarse como uso meramente formal y desviado de la norma”.

Otro de los puntos de mayor impacto político está vinculado con la contratación de 40 refugios para paradas de colectivos adjudicada a ATRES Impresiones S.A.S. por $398,6 millones. Según la presentación, en una nota interna se dejó constancia de que la ubicación de algunas estructuras fue modificada por “compromisos asumidos por la Sra. Intendenta con vecinos de distintos barrios”. Para González, esa referencia constituye “un elemento documental de extraordinario valor probatorio respecto de la responsabilidad funcional y política de la propia Sra. Intendenta Municipal”.

La denuncia también pone el foco en la reiteración de adjudicaciones a un grupo reducido de proveedores y en la supuesta ausencia de antecedentes técnicos o de inscripción en el Registro de Proveedores en algunos casos. “La selección de proveedores sin habilitación ni antecedentes configura un esquema que excede con creces el ámbito de una eventual irregularidad administrativa aislada”, advierte el documento.

Impacto político

En el plano político, la presentación no pasa inadvertida. González integra el Partido de la Justicia Social, espacio liderado por Germán Alfaro, exintendente capitalino y actual aliado del gobernador Osvaldo Jaldo. La denuncia, por lo tanto, trasciende el terreno judicial y se inscribe en un contexto de reacomodamientos dentro del peronismo tucumano de cara a 2027.

Aunque Alfaro y Jaldo mantienen hoy una relación política de cooperación, la ofensiva judicial contra el equipo de Chahla, una de las dirigentes con mayor proyección dentro del peronismo tucumano, abre interrogantes a futuro con vistas a la disputa por la sucesión municipal.

Con esta presentación, la concejal opositora coloca bajo la lupa el sistema de contrataciones de la Municipalidad y, al mismo tiempo, introduce un elemento de alto voltaje político en la interna del oficialismo tucumano.

La definición ahora queda en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si los hechos denunciados constituyen únicamente irregularidades administrativas o si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal por presuntos delitos contra la administración pública.