Tucumán reclama una deuda de $400 mil millones mientras la Nación recorta fondos

En un contexto de fuerte ajuste nacional y tensiones fiscales con las provincias, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, para analizar la situación económica de Tucumán, el estado de la relación con la administración del presidente Javier Milei y la continuidad de obras y políticas públicas prioritarias.

Luego de la quita de subsidios, la interrupción de programas nacionales y el traslado de responsabilidades a los gobiernos locales, Tucumán sintió el impacto de las políticas de ajuste. En ese escenario, la administración de Osvaldo Jaldo sostiene una estrategia de diálogo político con la Nación, apoyada en el rol clave de los representantes tucumanos del peronismo en el Congreso, para reclamar fondos adeudados y garantizar la continuidad del Estado provincial.

Durante la reunión se evaluaron las gestiones que se llevan adelante ante el Gobierno nacional para recuperar recursos que Tucumán considera propios y que resultan fundamentales para sostener salarios, servicios esenciales y obras públicas en ejecución. Acevedo subrayó que la prioridad de la gestión es preservar el funcionamiento del Estado y cumplir con los compromisos asumidos. “La planificación del Gobierno apunta a dar continuidad a todo lo programado para que los servicios sigan funcionando con normalidad”, afirmó.

En ese marco, Amado explicó que se encuentra transitoriamente al frente del Ministerio de Economía y Producción debido a un viaje oficial del ministro Daniel Abad a Buenos Aires, donde se desarrollan negociaciones directas con funcionarios nacionales. “Las provincias han perdido ingresos por decisiones tomadas desde Nación, y Tucumán no es la excepción”, señaló, al advertir sobre el impacto del ajuste nacional en las finanzas locales.

El ministro fue más allá al poner cifras concretas sobre la mesa y afirmó que la deuda que la Nación mantiene con Tucumán rondaría los 400 mil millones de pesos. Ese monto incluye, entre otros conceptos, la quita de subsidios al transporte, la eliminación del incentivo docente y la cobertura de prestaciones de salud, como medicamentos y estudios para afiliados del PAMI, que actualmente son afrontados por la Provincia. “Son obligaciones que la Provincia asumió y que deberían ser pagadas por la Nación”, remarcó.

Amado indicó además que, en lo inmediato, Tucumán reclama el pago de unos 95 mil millones de pesos para poder cumplir en tiempo y forma con los compromisos salariales, que incluyen actualizaciones bimestrales atadas al Índice de Precios al Consumidor, además del pago de aguinaldos y bonos.

Pese a ese escenario adverso, el funcionario destacó que el Gobierno provincial logró sostener la obra pública, especialmente en proyectos vinculados a viviendas, infraestructura vial y la modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo, áreas que no solo mejoran la infraestructura sino que también generan empleo en un contexto nacional de paralización de la obra pública.

Finalmente, Amado puso en valor la línea política del gobernador Osvaldo Jaldo, basada en el diálogo institucional con la Casa Rosada y el respaldo legislativo tucumano en el Congreso. Según sostuvo, esa combinación resulta clave para sostener la gobernabilidad provincial y defender los intereses de Tucumán frente a un modelo nacional de ajuste. “La Provincia ha cumplido con todos sus compromisos, manteniendo el equilibrio fiscal sin resignar derechos ni obras estratégicas”, concluyó.