La Provincia activó un crédito por hasta $ 80.000 millones con el Banco Macro para obras y equipamiento

El Gobierno de Tucumán formalizó este martes un nuevo endeudamiento por hasta $80.000 millones con el Banco Macro S.A., tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto N° 948/3 (MEyP), firmado el pasado 24 de abril de 2025.

La norma autoriza la suscripción de un contrato de préstamo y un contrato de cesión en garantía, destinados a financiar obras públicas y la adquisición de maquinarias y equipos.

Fuentes del Ejecutivo provincial consultadas por Tendencia de Noticias confirmaron que “el crédito ya fue activado para hacer frente a la caída de la actividad económica, que tuvo impacto negativo en los ingresos por coparticipación”.

Además, explicaron que los fondos del préstamo se van utilizando a medida en que hace falta afrontar pagos para obras de infraestructura y equipamiento, a los fines de “no comprometer los ingresos para gastos corrientes previstos”.

Si bien el decreto había sido firmado semanas atrás, recién el 2 de enero último se conoció el informe técnico de la Dirección de Crédito Público dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, donde se indican los términos y condiciones generales del préstamo que se gestiona. En ese expediente, se deja establecido que los fondos que se obtengan “estarán destinados a la ejecución de obras públicas y a la adquisición de maquinarias y equipos”, conforme aclara el decreto, que quedó oficializado este martes con su publicación en el Boletín Oficial.

El instrumento facultó al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, a representar a la Provincia ante el Banco Macro, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina, a los fines de poder gestionar la operatoria crediticia.

De acuerdo con los considerandos del decreto, la Dirección de Crédito Público evaluó los términos y condiciones generales del préstamo y concluyó que las condiciones financieras, particularmente la tasa de interés y el período de gracia de capital, resultan “razonables y convenientes” para la Provincia y se encuentran alineadas con los parámetros de mercado vigentes. El financiamiento fue calificado como una alternativa viable para cubrir las necesidades de inversión previstas por el Ejecutivo.

Los fondos obtenidos están siendo destinados a la ejecución de obras públicas y a la compra de equipamiento y maquinaria, conforme al detalle incorporado en los anexos del decreto. La operación se encuadra dentro de los límites establecidos por la Ley de Presupuesto General de la Provincia, que fija un tope para las operaciones de crédito público equivalente al 10% del total anual de gastos, y en las disposiciones de la Ley de Administración Financiera.

El instrumento también hace referencia al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y a la necesidad de contar con las autorizaciones correspondientes a nivel nacional para avanzar con la operatoria, que permitirá sostener la inversión en infraestructura y equipamiento durante el período en curso, en un contexto marcado por restricciones fiscales y la necesidad de recursos para la ejecución de obras estratégicas.

Durante el análisis administrativo, los organismos técnicos intervinientes —entre ellos la Contaduría General de la Provincia, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección de Programación Económica— tomaron intervención en el expediente. No obstante, se dejó constancia de que no se incorporaron algunas proyecciones clave, como la estimación de la marcha teórica del préstamo, el stock de deuda provincial a diciembre de 2024 y febrero de 2025, ni la proyección del servicio de la deuda para el período 2025–2028.

Como parte de la operatoria, el decreto establece una alícuota del 0% en el Impuesto de Sellos para todos los actos jurídicos, contratos y obligaciones vinculados al préstamo y a su garantía, en el marco de las facultades otorgadas por la legislación tributaria vigente.

En su anexo 1, el decreto detalla que el préstamo podrá alcanzar hasta la suma de $ 80.000.000 con desembolsos en dos tramos por igual monto, a ser desembolsados en meses consecutivos.

En cuanto al plazo de devolución, se fija en “36 meses contados a partir de cada desembolso”, con un “período de gracia de 9 meses contados a partir del desembolso de cada tramo”.

Sobre la tasa de interés aplicable, se especifica que se usará la “tasa TAMAR corregida más 700 puntos básicos”, con una garantía que consiste en la “cesión de derechos sobre las sumas a percibir provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales”.

Destino de los fondos

En cuanto al destino de los fondos, el listado de obras e inversiones previstas abarca principalmente proyectos de infraestructura habitacional, hídrica, vial y de seguridad, además de equipamiento para el sistema penitenciario y políticas sociales.

Entre las obras habitacionales se incluye el inicio de la primera etapa del programa Procrear II, destinado a la construcción de viviendas.

En materia de infraestructura vial e hídrica, se contemplan trabajos en la presa N° 3 del dique Celestino Gelsi (El Cadillal), la repavimentación y mejora de la ruta provincial 307 en el tramo Amaicha–límite con Catamarca y de la ruta provincial 329 entre Trinidad y Monteagudo. También se prevé la reparación y refuerzo de puentes y defensas en cursos de agua, como el arroyo Taruca Pampa y el río Santa María, con el objetivo de mitigar riesgos de inundaciones.

El financiamiento incluye además numerosas obras vinculadas al acceso al agua potable y al saneamiento, como la construcción y reemplazo de pozos de agua en distintas localidades —entre ellas Banda del Río Salí, Concepción, Los Gutiérrez, Gobernador Piedrabuena, León Rougés y Los Nogales—, la ejecución de nuevas tomas y captaciones en los ríos Lules, La Cañada (Raco), Loro (El Cadillal) y la provisión de agua potable para barrios del sur de San Miguel de Tucumán. A esto se suma la ampliación de redes de agua en distintas zonas y la construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales y redes colectoras, como en Alderetes, Banda del Río Salí y Burruyacu.

En el área de seguridad, el listado contempla la compra de equipamiento para la Policía, incluyendo chalecos antibalas, vehículos, armas reglamentarias, munición, armas menos letales, cabinas antivandálicas, escudos y otros elementos de protección, además de combis destinadas al traslado de internos del penal de Benjamín Paz.

Asimismo, se prevén inversiones para el sistema penitenciario, como obras adicionales y la incorporación de equipamiento en la cárcel de Benjamín Paz, y para políticas sociales, con la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI).