Tucumán contará con un sistema permanente para monitorear la eficacia de las leyes

La aprobación de una ley que crea un sistema permanente para monitorear la aplicación y los resultados de las normas sancionadas reunió este jueves un inusual consenso en la Legislatura de Tucumán. El proyecto, presentado por la legisladora Carolina Vargas Aignasse, fue respaldado por todos los bloques y enriquecido durante el debate con dos modificaciones propuestas por Silvia Elías de Pérez, que fueron aceptadas por la comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa antes de la votación definitiva.

La iniciativa busca institucionalizar un mecanismo de seguimiento de las leyes una vez promulgadas, con el objetivo de evaluar si cumplen los fines para los que fueron creadas y medir su impacto en la sociedad. Al presentar el proyecto, Vargas Aignasse sostuvo que la Legislatura ya avanzó en el ordenamiento del Digesto Jurídico y que el paso siguiente es analizar la eficacia de las normas. "Lo importante no solamente es la cantidad de leyes; lo importante es la calidad", afirmó, al remarcar que el proceso legislativo no debe concluir con la sanción de una ley, sino extenderse a su evaluación permanente.

La autora del proyecto explicó además que el sistema permitirá trabajar con indicadores, encuestas y otras herramientas de análisis para conocer el desempeño de cada norma y, si fuera necesario, promover su actualización o modificación. También destacó que, según el relevamiento realizado por la comisión, no existe en el país una ley que establezca un sistema integral de monitoreo legislativo de estas características, y señaló que la iniciativa tomó como referencia experiencias parciales desarrolladas en el Congreso nacional y en provincias como Córdoba y Mendoza.

El debate transcurrió en un clima de coincidencias entre oficialismo y oposición. Uno de los primeros en intervenir fue Claudio Viña, quien celebró la creación de una herramienta destinada a evitar que las leyes queden sin aplicación. "Hay muchas leyes olvidadas: de juego responsable, de política pública sobre adicciones, de bienes en zonas inundables, de dislexia. Leyes que caen en el olvido porque nunca se aplicaron. Espero que este proyecto cumpla con su función. Tiene que tener aplicación efectiva", expresó.

Elías de Pérez calificó la iniciativa como "una ley de una importancia extraordinaria" y advirtió que las normas no pueden "ir a dormir el sueño de los mártires" ni quedar "debajo del escritorio del gobernador". En ese marco propuso dos modificaciones que fueron aceptadas por la comisión: incorporar que el laboratorio de monitoreo esté integrado por tres legisladores designados por la Presidencia de la Cámara, garantizando que al menos uno pertenezca a la minoría, y establecer que el primer informe semestral del organismo deba presentarse dentro de los doce meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley, con el objetivo de asegurar su puesta en funcionamiento.

También acompañó la iniciativa José Cano, quien consideró que la norma representa "un avance cualitativo" para el Poder Legislativo tucumano. "La gente descree del Poder Legislativo. Tenemos responsabilidad por eso creo que esta ley suma", afirmó, al sostener que el seguimiento de las leyes puede contribuir a fortalecer la credibilidad institucional y mejorar la relación entre la ciudadanía y sus representantes.

En el cierre del debate, Walter Berarducci remarcó que el proyecto apunta a que la Legislatura no se desentienda de las normas una vez sancionadas. Explicó que el laboratorio trabajará en coordinación con universidades y fundaciones para evaluar el impacto de las leyes y consideró que la iniciativa permitirá fortalecer el rol de control del Parlamento. "No venimos a llenar vacíos sino a asumir compromisos para mejorar la visión que tiene el ciudadano del Poder Legislativo. Es un gran compromiso y un gran paso", sostuvo.

Con el respaldo unánime de todos los bloques y las modificaciones incorporadas durante el tratamiento, la Legislatura aprobó finalmente la ley, que crea un sistema permanente de monitoreo y evaluación de las normas provinciales. El amplio consenso alcanzado durante el debate reflejó una coincidencia transversal: la necesidad de que las leyes no solo sean sancionadas, sino también controladas para verificar que produzcan los resultados esperados.