Alerta temprana: sancionaron una ley para mejorar la gestión del riesgo en la provincia

La Legislatura de Tucumán aprobó este jueves la creación del Sistema Provincial de Alerta Temprana y Gestión Integral del Riesgo, una herramienta destinada a fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias naturales, climáticas, ambientales y sanitarias. La iniciativa, impulsada por la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte y cuyos autores son los legisladores Tulio Caponio, Luis Alberto Olea, José Cano, entre otros, busca dejar atrás un modelo centrado únicamente en la reacción frente a las catástrofes para avanzar hacia una política pública permanente basada en la anticipación, el monitoreo y la planificación.

Al abrir el debate, Caponio destacó que "el espíritu de esta ley es evitar la pérdida de seres humanos con una alerta temprana, contener una información en tiempo y forma de las catástrofes que puedan ocurrir en nuestra provincia", sostuvo. En ese sentido, remarcó que el objetivo es "cuidar a los tucumanos ante las inclemencias climáticas y las emergencias que muchas veces nos depara la naturaleza o el propio accionar humano".

Durante la fundamentación del proyecto, el legislador Francisco Serra explicó que la norma crea un sistema provincial concebido como una política pública permanente para fortalecer la capacidad preventiva del Estado frente a distintos tipos de amenazas. Recordó que, durante décadas, las políticas de protección civil estuvieron orientadas principalmente a responder después de las emergencias, mientras que la experiencia internacional demuestra que los mejores resultados se obtienen cuando se priorizan la prevención, el monitoreo constante y la anticipación de escenarios críticos.

Serra señaló además que Tucumán reúne características geográficas, sociales y productivas que justifican contar con un sistema propio de gestión del riesgo. Si bien es una de las provincias más pequeñas del país, concentra una elevada densidad poblacional y registra periódicamente inundaciones y otros eventos que ponen en riesgo a la población. Por ese motivo, el proyecto establece que la Dirección Provincial de Defensa Civil será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la operación del sistema mediante un departamento especializado, jerarquizando así el rol del organismo.

Entre los aspectos centrales de la nueva legislación figura la implementación de un sistema unificado de alertas identificado con cuatro colores —verde, amarillo, naranja y rojo— para que cualquier ciudadano pueda comprender de manera rápida el nivel de riesgo existente. También crea un Registro Provincial de Recursos para Emergencias y el Padrón Provincial de Voluntariado. Para Serra, "invertir en prevención significa proteger vidas humanas, reducir pérdidas económicas, fortalecer la capacidad de respuesta estatal y construir una provincia más segura".

Objeciones de José Cano sobre el funcionamiento de Defensa Civil

Si bien acompañó el proyecto como uno de sus autores, Cano advirtió que la nueva ley deberá ir acompañada de una profunda mejora en la estructura de la Dirección Provincial de Defensa Civil para que pueda cumplir eficazmente las funciones que se le asignan. El legislador respaldó que el organismo sea la autoridad de aplicación, pero sostuvo que hoy presenta importantes limitaciones de funcionamiento que requieren una decisión política del Poder Ejecutivo.

Entre las principales observaciones, Cano señaló que Defensa Civil cuenta con un organigrama desactualizado, en revisión desde 2013; dispone de menos de 50 empleados, de los cuales alrededor de 30 son pasantes; posee una sola autobomba y una única camioneta para afrontar las emergencias. También afirmó que varias áreas previstas en la estructura vigente carecen de personal, entre ellas las de capacitación, planeamiento, atención telefónica y comunicaciones. Además, reclamó reforzar otras reparticiones vinculadas a la prevención, como el área de Minería, para mejorar los controles sobre la extracción de áridos. "Lo que no puede haber es falta de recursos humanos en dependencias que son centrales para prevenir este tipo de eventos", sostuvo.

Cano también resaltó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas para que las alertas lleguen de manera inmediata a la población. En ese sentido, mencionó la posibilidad de utilizar sistemas nacionales de mensajería geolocalizada capaces de enviar avisos directamente a los teléfonos celulares ubicados en las zonas de riesgo, sin necesidad de aplicaciones ni conexión a internet. A su juicio, la combinación de tecnología, recursos humanos y equipamiento permitirá que el nuevo sistema no solo mejore la capacidad de respuesta, sino que contribuya a salvar vidas y reducir daños materiales.

Finalmente, el proyecto fue aprobado. Antes de la votación, el legislador Roque Tobías Álvarez propuso fortalecer la futura implementación mediante la firma de convenios de cooperación con provincias vecinas para coordinar acciones ante emergencias que trascienden los límites jurisdiccionales. En ese marco, el vicegobernador Miguel Acevedo adelantó que ese será uno de los temas que se abordarán en el próximo encuentro del Norte Grande, con el objetivo de avanzar en estrategias regionales de prevención y gestión del riesgo.