La Provincia acordó con AETAT la devolución en cuotas de los $2.000 millones adelantados al transporte

El Gobierno de Tucumán oficializó el mecanismo mediante el cual las empresas prestatarias del transporte público comenzaron la devolución de los $2.000 millones que la Provincia les había adelantado en mayo para afrontar la crisis del sector. La medida fue establecida a través del Decreto N° 1.552/8 (MOIyTP), publicado este 29 de julio en el Boletín Oficial, que aprueba el convenio entre la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

La norma reglamenta la devolución de la asistencia financiera extraordinaria otorgada mediante el Decreto N° 989/8 del 8 de mayo pasado, cuando el Poder Ejecutivo autorizó una compensación de $ 2.000 millones para las empresas del transporte urbano e interurbano de jurisdicción provincial y municipal, en concepto de pago a cuenta de futuros desembolsos.

Ahora, el Ejecutivo fijó las condiciones para el recupero de esos recursos y autorizó al secretario de Estado de Transporte y Seguridad Vial a suscribir el convenio con la entidad empresaria.

De acuerdo con el convenio aprobado, la devolución se realizará en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $500 millones, a partir de julio.

La modalidad elegida no implicará transferencias directas por parte de las empresas, sino que la Provincia descontará automáticamente esos montos de las futuras compensaciones económicas, subsidios, asistencias financieras o cualquier otra acreencia que corresponda percibir a las firmas nucleadas en AETAT.

En los considerandos del decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, se señala que fue la propia asociación empresaria la que solicitó formalmente que el recupero se efectuara bajo esa modalidad, distribuyendo el reintegro en cuatro cuotas mensuales.

El decreto recuerda que la asistencia extraordinaria fue concedida en el marco de la emergencia del transporte público de pasajeros que rige en Tucumán.

En ese sentido, destaca que la Ley Provincial N° 9.978 prorrogó hasta el 31 de mayo de 2028 la Emergencia del Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros de jurisdicción provincial, originalmente declarada por la Ley N° 9.102, otorgando al Ejecutivo herramientas para sostener financieramente el sistema.

El convenio deja expresamente establecido que los $2.000 millones "revisten el carácter de pago a cuenta de carácter extraordinario", descartando que se trate de un subsidio definitivo o de fondos no reintegrables.

Garantía de continuidad del servicio

Como contraprestación, AETAT asume el compromiso de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de transporte y preservar las fuentes laborales de los trabajadores de las empresas que integran la entidad.

La cláusula tercera del convenio establece que la asociación empresaria deberá "garantizar la efectiva prestación del servicio que brindan las actuales empresas que forman parte de la entidad, manteniendo las fuentes de trabajo de los empleados del sector".

De esta manera, el Gobierno busca asegurar que el esquema de devolución de los fondos no afecte la normal prestación del transporte ni derive en conflictos laborales mientras se concreta el recupero del anticipo financiero.

El convenio también prevé mecanismos de resguardo para la Provincia en caso de que las empresas incumplan las obligaciones asumidas.

Entre las facultades previstas se encuentran la posibilidad de exigir la devolución inmediata de los montos pendientes, efectuar nuevas compensaciones automáticas sobre futuras acreencias e iniciar las acciones administrativas o judiciales que correspondan para recuperar los fondos.

Asimismo, el acuerdo establece que tendrá vigencia hasta que se cumpla totalmente con las obligaciones pactadas y fija la competencia de los tribunales ordinarios de Tucumán para resolver cualquier controversia derivada de su aplicación.

La aprobación del convenio responde, además, a requerimientos formulados por los organismos de control provincial, que plantearon la necesidad de establecer formalmente la metodología mediante la cual serían recuperados los recursos públicos otorgados como anticipo.

Antes de la firma del decreto intervinieron favorablemente la Dirección de Programación Económica del Ministerio de Economía y Producción, la Dirección de Crédito Público de la Secretaría de Estado de Hacienda, la Contaduría General de la Provincia, la Dirección General de Presupuesto, la Asesoría Letrada del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público y la Fiscalía de Estado.