Canelada y Cobos impulsan una auditoría urgente de edificios tras la tragedia de Monteagudo 120

La explosión seguida de incendio ocurrida esta semana en el edificio de calle Monteagudo 120, que dejó como saldo la muerte de un hombre, motivó la presentación de un proyecto en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para que la Municipalidad impulse una auditoría preventiva sobre edificios destinados a vivienda colectiva.

La iniciativa, impulsada por los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos, y apunta a que el Departamento Ejecutivo Municipal realice una revisión integral de las condiciones administrativas y de seguridad de los inmuebles ocupados en la capital, estén o no sometidos al régimen de propiedad horizontal.

El proyecto opositor surge luego de que la Municipalidad confirmara que el edificio donde ocurrió la tragedia nunca obtuvo el Certificado de Final de Obra, una situación que fue informada por la directora de Catastro y Edificación, Nora Belloni, quien además reveló que el inmueble se encontraba intimado desde 2018 por incumplimientos urbanísticos y administrativos.

La resolución propone que la auditoría comience por tres grupos de inmuebles: los edificios incluidos en el relevamiento municipal realizado en 2018, aquellos que actualmente carecen de Certificado de Final de Obra o Habitabilidad y los que registren denuncias, incidentes o antecedentes que permitan presumir la existencia de riesgos.

La revisión no se limitaría a aspectos documentales. El proyecto establece que deberá analizar el estado de los expedientes administrativos, la existencia de planos aprobados y certificados, la correspondencia entre la obra ejecutada y la autorizada, las inspecciones realizadas, las intimaciones y sanciones aplicadas, el grado de cumplimiento de esas medidas y las acciones adoptadas por el Municipio cuando las irregularidades persistieron en el tiempo.

Además, plantea inspeccionar las condiciones estructurales de cada edificio, las instalaciones de gas, electricidad y agua, los sistemas de prevención y extinción de incendios, los ascensores, las vías de evacuación, la iluminación de emergencia y cualquier otro elemento que pueda comprometer la seguridad de los habitantes.

"No alcanza con detectar irregularidades"

 

En los fundamentos del proyecto, Canelada y Cobos sostienen que el caso de Monteagudo 120 expuso la necesidad de revisar no sólo la situación material de los edificios, sino también el seguimiento administrativo realizado por el Estado municipal.

Recordaron que, tras la explosión, la Dirección de Catastro y Edificación determinó que la estructura portante del edificio no sufrió daños, aunque tres departamentos fueron declarados inhabitables hasta su reconstrucción y el resto del inmueble quedó sujeto a verificaciones técnicas sobre los servicios esenciales.

A partir de ello, el proyecto advierte que no debe confundirse la estabilidad estructural de un edificio con el cumplimiento de las normas administrativas o con el estado de sus instalaciones. "Un edificio puede no presentar daños en su estructura resistente y, al mismo tiempo, contener deficiencias en sus instalaciones, incumplimientos urbanísticos o actuaciones administrativas pendientes", sostiene el texto.

También remarca que "no resulta suficiente conocer la existencia de la irregularidad, intimar a sus responsables o imponer una sanción", sino que resulta indispensable establecer qué seguimiento realizó el Municipio y qué instrumentos posee para actuar cuando los incumplimientos se prolongan durante años mientras los edificios continúan ocupados.

El antecedente del relevamiento de 2018

Uno de los puntos centrales del proyecto es la referencia al relevamiento efectuado por la Municipalidad en 2018, cuando se identificaron 31 edificios ocupados que carecían de la documentación correspondiente.

Según recuerdan los fundamentos, en ese momento se detectaron conexiones precarias de servicios, utilización de medidores de obra y garrafas en espacios comunes, además de otras irregularidades que motivaron intimaciones administrativas. Sin embargo, el caso de Monteagudo 120 demuestra que algunos de esos edificios continuaron habitados durante años sin regularizar completamente su situación.

Por ello, Canelada y Cobos proponen reconstruir toda la trazabilidad de las actuaciones administrativas para determinar cuándo fueron detectadas las irregularidades, qué inspecciones se realizaron, qué sanciones se aplicaron, si fueron cumplidas y qué decisiones posteriores adoptó el Ejecutivo municipal.

Otro de los ejes del proyecto es evitar que todas las irregularidades sean tratadas de la misma manera. La iniciativa sostiene que la ausencia de un Certificado de Final de Obra o de Habitabilidad no implica, por sí sola, que un edificio represente un peligro inminente para sus ocupantes, aunque sí constituye un indicador suficiente para justificar una inspección técnica integral.

En ese sentido, propone que las medidas que eventualmente adopte la Municipalidad diferencien las irregularidades exclusivamente documentales de aquellas que realmente impliquen un riesgo para las personas y que cualquier restricción, clausura o evacuación se base en evaluaciones técnicas y en el nivel de peligro comprobado.

Canelada y Cobos aclararon que el proyecto no pretende generar alarma entre quienes viven en edificios ni anticipar responsabilidades que todavía son materia de investigación judicial.

Por el contrario, sostienen que el caso de Monteagudo 120 debe servir para revisar un problema que el propio municipio había detectado años atrás, actualizar el universo de edificios alcanzados por los controles y evaluar si las herramientas de fiscalización actualmente disponibles resultan suficientes para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad y prevenir nuevas tragedias.