Rusia convocó al embajador argentino Ferrer Vieyra por “acusaciones infundadas” de Patricia Bullrich

La Cancillería de Rusia convocó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, tras los señalamientos recientes que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dirigió contra Moscú, informó la prensa rusa y Noticias Argentinas lo difundió.

Bullrich acusó a la inteligencia rusa de haber participado en una grabación ilegal en la Casa Rosada, según informó el sitio Actualidad RT.

“Se le informó al embajador de Argentina que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones” de la ministra, que considera “infundadas” dado que “no tienen pruebas”, según un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso.

Además, se recordó la existencia del Tratado entre Rusia y Argentina de asistencia legal recíproca en materia penal, que establece un procedimiento para la interacción correspondiente entre las estructuras competentes de ambos países, indicó la Cancillería. En ese sentido, las declaraciones de Bullrich “no ayudan a mantener las relaciones constructivas de amistad que existen” entre ambas naciones.

Moscú “lamenta que Buenos Aires no esté dispuesto a avanzar en el camino de su desarrollo progresivo”, señala el Ministerio en su comunicado. Finalmente, la Cancillería rusa expresó su confianza en recibir de la parte argentina “una explicación detallada” sobre las “inaceptables declaraciones” de la ministra “lo antes posible”.

Actualidad RT citó además que, en una entrevista con Radio Rivadavia, Bullrich declaró el pasado lunes que el Gobierno denunció a personas vinculadas con exservicios de inteligencia rusos por la filtración de audios de Karina Milei, secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei.

Aunque el contenido de esos audios era inocuo, otra grabación atribuida a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), asegura que él y su asesor, Eduardo “Lule” Menem, cobran sobornos del 3 al 8 % a empresas farmacéuticas privadas a cambio de otorgarles millonarios contratos para la compra de medicamentos destinados a instituciones públicas, concluye el medio ruso.