“Pareciera que buscamos ampliar la impunidad”: la advertencia de Poder Ciudadano sobre la corrupción

La falta de avances en materia de transparencia y las políticas vinculadas con el funcionamiento de las instituciones fueron el eje del discurso del presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, quien durante la cena anual de la organización advirtió que en la Argentina “pareciera que buscamos ampliar la impunidad” y reclamó fortalecer los mecanismos de control, la participación ciudadana y la independencia institucional.

Ante más de 800 asistentes reunidos en el Hotel Sheraton en Buenos Aires, D’Alessandro sostuvo que la corrupción continúa ocupando un lugar central entre las preocupaciones de la sociedad. “En nuestro país la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica. En las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía”, afirmó.

El titular de Poder Ciudadano también hizo referencia al desempeño de la Argentina en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Según señaló, el país se ubica en el puesto 104 entre 182 naciones, con 36 puntos sobre 100, registro que, de acuerdo con su exposición, representa el peor resultado de la última década y se inscribe en una tendencia descendente de seis años.

D’Alessandro vinculó además la transparencia institucional con las condiciones económicas. “Este índice es el más consultado por los inversores globales sobre la integridad de las naciones, y para un país que pretende mejorar su imagen internacional y atraer inversiones, este mal desempeño debiera generar alguna inquietud y alguna respuesta”, sostuvo.

En ese marco, cuestionó las políticas que, según planteó, no avanzaron en el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción. “La Argentina parece ir en la dirección contraria. En los últimos años no solo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad”, afirmó.

Entre los temas que mencionó incluyó las iniciativas para modificar el funcionamiento de los tribunales federales de Comodoro Py, el proyecto denominado “inocencia fiscal” y los cambios en las normas sobre financiamiento de los partidos políticos. Sobre esta última cuestión, señaló que la reforma contempla modificaciones en los límites de las donaciones de campaña y en los controles sobre las actividades electorales.

También expresó reparos por el incremento del gasto en organismos de inteligencia sin mecanismos de rendición de cuentas que, según sostuvo, permitan ejercer controles suficientes. A esto sumó cuestionamientos a la utilización de “mentiras y dilaciones” frente a investigaciones relacionadas con el patrimonio de funcionarios, en referencia a casos que se encuentran bajo análisis judicial.

Acceso a la información y participación ciudadana

Otro de los puntos centrales del discurso estuvo relacionado con las modificaciones al régimen de acceso a la información pública. D’Alessandro cuestionó el decreto 780/2024, mediante el cual se modificaron aspectos de la normativa y se incorporaron restricciones relacionadas con información considerada de carácter privado y con la acreditación de un interés público por parte de quienes solicitan determinados datos.

También mencionó el decreto 467/2026, al que atribuyó una reducción de las instancias de participación ciudadana en los procesos de selección de integrantes de la Corte Suprema y de tribunales inferiores, además de los mecanismos vinculados con la designación del procurador, el defensor general, fiscales y defensores. Según explicó, anteriormente existía un período de 15 días hábiles para que la ciudadanía formulara impugnaciones o expresara apoyos a los candidatos. De acuerdo con su exposición, el nuevo esquema concentra esas observaciones en el ámbito del Senado y elimina determinadas instancias de consulta a entidades profesionales, académicas y sociales.

D’Alessandro también cuestionó iniciativas relacionadas con la regulación del lobby y sostuvo que las organizaciones no gubernamentales quedarían sometidas a “un régimen de vigilancia” respecto de sus actividades y movimientos.

Críticas al proyecto sobre Malvinas

El presidente de Poder Ciudadano incluyó entre sus cuestionamientos el proyecto referido a las empresas petroleras extranjeras que operan sin licencia argentina en el área de las Islas Malvinas.

En particular, objetó las disposiciones vinculadas con la libertad de expresión y las sanciones previstas para conductas definidas como “campañas de desinformación masiva”. Según su interpretación, esas disposiciones “nos acerca más a los modelos de Venezuela, Hungría y Nicaragua, que a Estados Unidos o Europa”.

En su exposición, D’Alessandro sostuvo que la participación de la sociedad civil debería ser considerada como un aporte al funcionamiento institucional. “Se pretende instalar lo contrario: una intolerancia que no para de crecer, y la reducción de las instancias de participación de la sociedad civil”, afirmó.

La relación entre institucionalidad y actividad económica también ocupó un lugar destacado en su discurso. “La transparencia y la democracia no son elementos meramente decorativos en el crecimiento económico de los países”, aseguró.

A continuación, vinculó la estabilidad institucional con las condiciones para la inversión y el acceso al financiamiento: “las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad reducen la incertidumbre económica y mejoran las condiciones para atraer inversiones y acceder al crédito”.

D’Alessandro también rechazó la idea de que la reducción del tamaño del Estado, por sí misma, permita eliminar los problemas vinculados con la corrupción. Reconoció que un exceso de regulaciones puede generar oportunidades para prácticas irregulares, pero planteó que la desregulación sin mecanismos de control también puede producir situaciones de riesgo. Como ejemplo, recordó una denuncia de Poder Ciudadano relacionada con la importación de vehículos de alta gama, que derivó en una investigación por una presunta maniobra de contrabando.

En el cierre de su discurso, el titular de la organización resumió su planteo con una crítica a la relación entre el Estado y la sociedad civil: “En resumen, los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos”. Y dejó planteado el interrogante sobre la recuperación de la confianza institucional: cómo hacerlo “si vemos que es el mismo Estado el que desconfía de su propia ciudadanía”.

D’Alessandro aclaró finalmente que la posición de Poder Ciudadano se mantiene, según afirmó, “gobierne quien gobierne”, y sostuvo que ninguna política pública, ideología o pertenencia partidaria debería justificar el avance sobre los límites democráticos o la tolerancia de hechos de corrupción.

La cena anual reunió a funcionarios judiciales, fiscales, dirigentes políticos, legisladores y referentes de distintos sectores.