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El incidente entre vecinos del municipio y el diputado libertario Gerardo Huesen, motivó la solicitud opositora.
En el inicio de la jornada parlamentaria de este miércoles, la mayoría oficialista de la Cámara Legislativa bloqueó el intento de la oposición de garantizar el tratamiento directo del proyecto de intervención a la Intendencia de Graneros para la próxima sesión. La moción de reservar el expediente en secretaría fue impulsada en el recinto por el legislador José Macome (foto inferior), autor de la iniciativa; sin embargo, el presidente de la bancada del Partido Justicialista, Roque Tobías Álvarez, fundamentó la postura en contrario del bloque mayoritario. Con el respaldo de los votos peronistas, el cuerpo dispuso que la propuesta deba cumplir indefectiblemente con el trámite ordinario en la comisión respectiva y contar con el dictamen correspondiente antes de aspirar a una discusión en el recinto.
Al comienzo de las deliberaciones de la Cámara, Macome solicitó formalmente la reserva en secretaría de la propuesta legislativa con el objetivo de asegurar su inclusión en el orden del día de la subsiguiente reunión parlamentaria. Frente al planteo, Tobías Álvarez manifestó el rechazo de la bancada oficialista a saltear los pasos institucionales ordinarios.
Sometida la propuesta a votación, el peronismo hizo valer su número para exigir que el expediente pase primeramente por la Comisión de Asuntos Constitucionales, instancia donde los legisladores deberán debatir la viabilidad de la medida y determinar si emiten o no un dictamen que habilite recién en esa instancia su tratamiento en el recinto.

La iniciativa para intervenir la comuna de Graneros surge tras un reciente escrito dirigido a la presidenta de Asuntos Constitucionales, Carolina Vargas Aignasse, y suscripto por diez legisladores opositores (Claudio Viña, Walter Berarducci, José Manuel Cano, Eduardo Verón Guerra, Macome, Raquel Nievas, Ricardo Bussi, José Nicolás Seleme, Manuel Courel y Agustín Romano Norri), quienes demandaron celeridad para discutir el expediente 350-PL-26 invocando el artículo 139 de la Constitución provincial por presunto "grave desorden institucional".
El pedido de intervención fundamenta su urgencia en los violentos incidentes ocurridos el sábado 19 de septiembre durante una visita a Graneros del diputado nacional Gerardo Huesen, cuya comitiva denunció agresiones, insultos y amenazas atribuidas a personas vinculadas a la gestión local. A este episodio se suma una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito radicada en junio contra la intendenta peronista Raquel Graneros por la compra de inmuebles. Mientras desde el municipio negaron enfáticamente las acusaciones y los vínculos con los agresores, los parlamentarios de la oposición insisten en que la gravedad de los hechos afecta la convivencia democrática y justifica la intervención del municipio.