En un inusual encuentro de posturas, los legisladores Hugo Ledesma (PJ) y Silvia Elías de Pérez (UCR) unieron sus voces en un enérgico repudio al anuncio del Banco de la Nación Argentina sobre el cierre de 60 sucursales, en el marco de su Plan Estratégico 2024-2027. Ambos pusieron su firma en un proyecto de declaración elevado a la Cámara, alertando sobre las graves consecuencias que esta decisión tendrá para los trabajadores, los usuarios y las economías regionales, y criticando su impacto en el federalismo y la inclusión financiera.
El proyecto, fundamentado en una profunda preocupación por el rol histórico del Banco Nación, cuestiona la medida desde una perspectiva social y federal. “El anuncio del Banco de la Nación Argentina respecto al cierre de sucursales y reestructuración de servicios merece una profunda revisión crítica no sólo desde la perspectiva financiera, sino también desde la mirada social, federal y del rol histórico del Banco en el desarrollo territorial y en la inclusión financiera”, señala el texto. Los legisladores advierten que la eficiencia económica, presentada como justificación, no puede prevalecer sobre el mandato de servicio público del principal banco estatal.
Vale señalar que Ledesma, también es dirigente de La Bancaria, gremio que ha mostrado un fuerte rechazo a la gestión del presidente Javier Milei, y así lo recalcó en la iniciativa al subrayar el impacto social de la medida: “La rentabilidad inmediata no puede prevalecer sobre el mandato de servicio público que guía al principal banco estatal del país. Esta decisión representa un retroceso en el acceso igualitario al sistema financiero”. En particular, se criticó el cierre de sucursales en zonas rurales y de baja densidad poblacional, donde el Banco Nación es, en muchos casos, la única entidad financiera estatal. “En regiones como el NOA, NEA y otras provincias periféricas, las sucursales del Banco Nación son muchas veces la única presencia financiera estatal. Reemplazar el modelo presencial por atención digital o visitas itinerantes no sólo es insuficiente, sino que institucionaliza una discriminación territorial”, se afirmó en el proyecto.
Consecuencias en las PYME y puestos laborales
Los parlamentarios destacaron el impacto en las economías regionales y las PyMEs: “La eliminación de Centros de Atención PyME alquilados, reemplazándolos por un modelo de ‘visitas a clientes’, puede sonar moderno y eficiente. Sin embargo, representa una pérdida significativa de institucionalidad y presencia física del Estado en la promoción del desarrollo productivo regional”. En este sentido, enfatizaron que las PyMEs del interior requieren “asesoramiento técnico, vínculos permanentes y redes de apoyo estables, más allá de simples visitas puntuales de ejecutivos”.
El proyecto también critica la falta de consideración hacia los trabajadores del banco. “Aunque el comunicado omite referirse a las consecuencias laborales, el cierre de sucursales y la unificación de estructuras conllevan necesariamente una reducción de personal, debilitamiento de equipos de trabajo y pérdida de empleo público en zonas que ya presentan altos índices de desocupación”, señala el texto. Asimismo, los legisladores añadieron que "esta medida envía un mensaje peligroso: que el Estado nacional ya no garantiza servicios bancarios presenciales básicos para todos sus ciudadanos”.
Ledesma y Elías de Pérez coinciden en que el cierre de sucursales, presentado como una medida de “eficiencia y digitalización”, es “profundamente regresivo”. “Afecta a las comunidades más vulnerables, socava el federalismo real y vacía de contenido la función social del principal banco público de la Argentina”, sostienen. El proyecto concluye con una contundente advertencia: “Lejos de fortalecer al Banco Nación, lo transforma en un actor indiferente al territorio, a la diversidad social y a los principios que le dieron origen. La reestructuración planteada es, en los hechos, una mutilación del Estado en su dimensión más tangible: la cercanía con su pueblo”.