Con más dudas que certezas, conceden beneficios fiscales a una empresa tucumana que fabricará alimentos para mascotas

La Legislatura de Tucumán aprobó un proyecto de ley presentado por el radical Agustín Romano Norri que otorga un beneficio fiscal a la empresa "Food Five Export S.A." para la construcción de una planta de alimentos para mascotas sostenible en San Miguel de Tucumán. La iniciativa, que generó controversias por su carácter específico, fue respaldada por el oficialismo, aunque con dudas, y rechazada por tres legisladores opositores. La sanción reavivó el debate sobre la necesidad de un régimen general de fomento a las inversiones, una propuesta que el ministro de Economía, Daniel Abad, anticipó días atrás con el futuro envío de un proyecto al estilo de un "RIGI tucumano".

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar a la firma un reintegro del 30% de la inversión realizada en la planta, hasta un máximo de 2,1 millones de dólares, mediante certificados de crédito fiscal transferibles aplicables en un mínimo de tres períodos fiscales. Inicialmente, el monto de reintegro contemplado era de 7 millones de dólares, pero, a pedido del jefe de la bancada peronista, Roque Tobías Álvarez, se redujo a 2,1 millones para limitar el impacto fiscal. Álvarez, aunque expresó dudas sobre la redacción de la iniciativa, terminó apoyándola, destacando que “es una empresa radicada hace 23 años en Tucumán, galardonada en ferias internacionales, que ahora se diversifica hacia la producción de alimentos para mascotas”.

Romano Norri defendió el proyecto, subrayando que “no es un subsidio, sino un incentivo fiscal para una inversión de 7 millones de dólares que generará empleo genuino y valor agregado”. Según el legislador, la planta será única en el norte argentino, sostenible y con tecnología de punta, destinada al mercado local, nacional y de exportación. “Es un círculo virtuoso que posicionará a Tucumán como un nodo agroindustrial estratégico”, afirmó.

Marco general

Sin embargo, la iniciativa enfrentó críticas por su carácter específico. Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, votó en contra, argumentando que “las leyes deben tener carácter general y no direccionarse a una sola empresa, violando principios de igualdad ante la ley”. Bussi cuestionó la falta de claridad en el proyecto de inversión y el monto del beneficio, señalando que el total de dinero erogado por el Estado para dicha empresa "podría destinarse a infraestructura vial, escuelas o seguridad”. José Seleme también rechazó la iniciativa, insistiendo en que “el Estado no debe subsidiar a privados sin un régimen amplio y equitativo que garantice igualdad de condiciones”.

Por su parte, Raquel Nievas, quien dio su voto positivo, expresó preocupación por las trabas burocráticas que enfrentan las pymes tucumanas. “De 55 pymes en formación, solo 25 están avanzando, enfrentando obstáculos como el impuesto al sellado, que puede llegar a 35 millones de pesos solo por un contrato de alquiler”, señaló, pidiendo que la sanción sea un precedente para agilizar procesos.

Gerónimo Vargas Aignasse, del oficialismo, respaldó la iniciativa, pero pidió más detalles técnicos sobre la inversión, destacando que “en un contexto de recesión, una inversión de 7 millones de dólares es una buena noticia, pero necesitamos claridad sobre el proyecto”. José Macome reconoció que “la ley macro que todos queremos no sale porque no somos mayoría”, y llamó a las empresas a presentar proyectos puntuales, asegurando su apoyo.

La empresa debe invertir al menos 7 millones de dólares, presentar un proyecto detallado, completar la obra en 18 meses, incorporar 30 nuevos puestos de trabajo locales y cumplir con sus obligaciones tributarias.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Producción, y la empresa deberá presentar informes de avances a la Legislatura y el Poder Ejecutivo.