Más de 20 años después, Tucumán vuelve a prorrogar un programa de asistencia social creado en 2004

El Gobierno de Tucumán prorrogó por un nuevo año, hasta el 31 de diciembre de 2026, la vigencia del Programa de Protección Social, una política de asistencia económica creada en octubre de 2004, en plena crisis social y laboral, y que continúa activa más de dos décadas después.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Acuerdo N° 1/1, firmado el 5 de enero de 2026 por el gobernador Osvaldo Jaldo, con acuerdo de sus ministros.

El instrumento, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, reconoce sin eufemismos que “persisten las razones que dieron origen” al programa, una admisión que expone la continuidad de las condiciones de vulnerabilidad social que motivaron su implementación original, hace ya más de 20 años. Desde entonces, el esquema fue prorrogado de manera sucesiva por las tres últimas gestiones peronistas en la provincia: José Alperovich, Juan Manzur y ahora Jaldo.

El Programa de Protección Social fue creado en 2004 como una respuesta de emergencia frente a un escenario de exclusión, desocupación y crisis económica que impedía a amplios sectores acceder a ingresos mínimos. Su objetivo original fue “brindar una ayuda económica a personas mayores de 18 años desocupadas, a cambio de una contraprestación de al “menos 20 horas semanales en actividades comunitarias”, sin que ello implicara una relación laboral formal con el Estado.

El decreto que dio origen a ese plan social lleva la firma de Alperovich y de los entonces ministros de Gobierno y Justicia, Edmundo "Pirincho" Jiménez (hoy a cargo del Ministerio Público Fiscal), de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, y de Seguridad, Ernesto Baillo.

Dos décadas más tarde, el nuevo decreto no introduce cambios sustantivos en la lógica del programa. La prórroga alcanza al ejercicio presupuestario 2026 y solo incorpora una actualización del monto que se asigna mensualmente a la Secretaría General de la Gobernación como unidad de aplicación del programa, que a partir de febrero de este año ascenderá a $39 millones, además de prever partidas específicas para la cobertura de obra social, seguros y gastos operativos.

La reiteración de la medida genera interrogantes sobre el carácter estructural que adquirió una política concebida como transitoria. Lo que nació como una herramienta excepcional frente a una crisis profunda se consolidó, con el paso de los años, como un mecanismo permanente de contención social, sin que se hayan modificado las condiciones de fondo que le dieron origen.

En los considerandos del decreto original, firmado en 2004 por el entonces gobernador Alperovich -hoy con prisión domiciliaria tras haber sido condenado por abuso sexual- se hablaba de “crisis social”, “sectores marginados” y “dificultades para acceder a posibilidades laborales”.

Que esos mismos argumentos sigan vigentes en 2026 plantea un balance incómodo para las sucesivas administraciones provinciales, que gobernaron bajo distintos contextos nacionales, pero mantuvieron intacto el esquema de asistencia.

La prórroga del Programa de Protección Social también refleja la consolidación de un entramado social frágil que interpela a los sucesivos Gobiernos nacionales, dado que la ayuda estatal sigue siendo indispensable para miles de tucumanos, y donde las soluciones de fondo continúan postergadas.