La Legislatura se apresta a sepultar las cuestionadas leyes “con nombre y apellido”

La Legislatura tucumana debatirá hoy en sesión el proyecto de ley destinado a estimular inversiones en sectores productivos y turísticos de la provincia. La propuesta, elevada con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, fue revisada en Comisiones de la Cámara tras aportes de la oposición y sectores económicos, logrando un consenso que amplía el acceso a incentivos fiscales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

El proyecto busca dejar atrás las críticas a las denominadas leyes “con nombre y apellido”, que favorecían a empresas específicas. En su lugar, se propone un régimen equitativo que fomente el crecimiento económico y la generación de empleo. “Queremos que este régimen sea una herramienta real para el crecimiento y la creación de empleo, especialmente para las PYMES, que son el motor de nuestra economía. Sabemos de las dificultades económicas que atraviesan muchos sectores, por eso se decidió flexibilizar los requisitos”, afirmó Carlos Gallia, titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, al destacar el enfoque inclusivo de la iniciativa.

Originalmente, el proyecto requería una inversión mínima de USD 5 millones para acceder a exenciones fiscales, un monto que excluía a muchas PYMES, según señaló en su momento Tendencia de Noticias. Tras un diálogo con el Ministerio de Economía, la Comisión acordó reducir este umbral a USD 2 millones, una medida que busca facilitar la participación de empresas más pequeñas y dinamizar sectores afectados por el contexto económico actual.

Detalles

Este consenso marca un cambio respecto a la postura inicial de la Comisión de Economía y Producción, que había aprobado la versión original del Ejecutivo sin incorporar cambios. En aquel momento, una propuesta alternativa de los legisladores opositores Manuel Courel (Cambia Tucumán), José Macome (Compromiso con la Lealtad), José Seleme (Avanza Tucumán) y Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) planteaba un piso de inversión aún más bajo, de USD 1.5 millones, junto con beneficios adicionales, como la exención total del Impuesto de Sellos para operaciones vinculadas a las inversiones. Aunque esta iniciativa no prosperó, sus ideas influyeron en las modificaciones finales, logrando un equilibrio entre los objetivos del Ejecutivo y las demandas de los sectores productivos.

Entre los incentivos del proyecto se destacan exenciones de hasta el 100% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, según el monto invertido, y deducciones en el Impuesto a la Salud Pública por los salarios de nuevos empleados. Estos beneficios, vigentes por 10 años, están condicionados al cumplimiento de requisitos como mantener la plantilla laboral actual, priorizar la contratación de mano de obra local, presentar un proyecto validado por el Gobierno provincial y estar al día con las obligaciones fiscales. En caso de incumplimiento, las empresas perderán los beneficios y podrían tener que devolverlos.

Con estas modificaciones, el proyecto refleja un esfuerzo por fortalecer el tejido productivo de Tucumán, promover el empleo y garantizar un acceso más equitativo a los incentivos fiscales, beneficiando especialmente a las PYMES y marcando la eliminación de prácticas legislativas que favorecían a unas pocas empresas.