La Justicia le ordenó a un abogado no vincular a Solana Casella con la causa por tráfico de influencias

La Justicia provincial hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por Solana Esther Casella, relatora del camarista Mario Leal en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, contra el abogado Juan Andrés Robles. La resolución, dictada el 24 de junio por el juez Pedro Manuel Ramón Pérez, titular del Juzgado Civil y Comercial Común de la VIII Nominación, ordena a Robles abstenerse de vincular a Casella, por medios de comunicación, redes sociales, entrevistas o publicaciones, con el delito de tráfico de influencias, con la causa caratulada FTU 5386/2025 o con una supuesta maniobra de venta de sentencias.

La cautelar también le impide al letrado cuestionar la idoneidad profesional, académica o institucional de Casella, o su postulación al cargo para el que fue ternada, y le prohíbe republicar o compartir contenidos de igual tenor. La medida rige bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial y fue notificada a Robles el 30 de junio en su domicilio.

Robles es el abogado que, representando a Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, presentó el 4 de junio ante el Consejo de la Magistratura de la Nación una denuncia contra el camarista Leal por presunto tráfico de influencias. El escrito sostiene que existen indicios de un entramado de vínculos familiares y funcionales dentro de la vocalía. Según esa presentación, Casella se desempeña como relatora de Leal mientras que dos hermanos del abogado Luis Ontiveros -esposo de Casella y procesado por presunto tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas- trabajan como secretarios privados del magistrado.

La denuncia cita registros extraídos del teléfono de Ontiveros, entre ellos anotaciones sobre credenciales informáticas de la Cámara Federal, referencias a expedientes judiciales y menciones a un presunto circuito económico vinculado a sus gestiones.

Casella había salido a responder públicamente estas acusaciones meses antes, cuando trascendió la investigación contra su esposo. En declaraciones a LA GACETA, negó haber intervenido en la causa que involucra a Ontiveros y explicó que, al momento de los hechos denunciados, se encontraba de licencia por maternidad.

También aclaró que uno de los vehículos que aparece en las filmaciones que acompañan la denuncia original está registrado a nombre de una tercera persona, de nombre similar al suyo pero sin relación con ella. Calificó el conjunto de imputaciones como una campaña destinada a perjudicar su nombre y el de su familia. Casella es, además, la única mujer en carrera para cubrir una vacante en el Juzgado Federal Nº 1, postulación que la cautelar ahora blinda expresamente frente a cuestionamientos basados en las imputaciones de Robles.

La resolución fue firmada digitalmente y notificada mediante cédula al Juzgado de Paz de Yerba Buena, con constancia de diligenciamiento el 30 de junio. El proceso principal -la tutela autosatisfactiva iniciada por Casella- continúa en trámite, y la cautelar regirá hasta que esa acción se resuelva de manera definitiva.