La Corte quedó sin mayoría para resolver el millonario reclamo de la ex concesionaria de Pacará Pintado

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán no logró reunir los votos necesarios para dictar sentencia en una de las causas económicas más importantes derivadas de la historia reciente de la gestión de residuos en la provincia y debió recurrir a la integración del tribunal para intentar destrabar el expediente.

La decisión fue adoptada el 2 de julio, en el marco del juicio "Servicios y Construcciones La Banda SRL c/ Consorcio Público Metropolitano (GIRSU) s/ Daños y Perjuicios" (Expediente N° 623/14), donde la ex concesionaria del sistema de disposición y transferencia de residuos reclama diferencias contractuales e indemnizaciones al organismo público.

"No existiendo votos necesarios para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido, corresponde integrar la Sala", señala el decreto firmado por el presidente de la Corte, Daniel Leiva. En consecuencia, se dispuso incorporar al vocal Daniel Oscar Posse, integrante de otra sala del máximo tribunal, para completar la conformación necesaria y permitir el dictado de una sentencia.

La resolución pone de manifiesto que los miembros originalmente habilitados para intervenir en la causa no alcanzaron una mayoría suficiente sobre el fondo del litigio, un escenario poco frecuente en expedientes de esta magnitud.

El caso tiene su origen en contratos celebrados en marzo de 2012 entre el Consorcio GIRSU y Servicios y Construcciones La Banda SRL para el transporte de residuos sólidos urbanos desde la planta de transferencia de San Felipe hacia Overo Pozo y para la provisión de maquinarias destinadas a la operación del sistema metropolitano.

Dos años después, la empresa inició una demanda reclamando diferencias en la liquidación de servicios, actualizaciones de precios previstas contractualmente y una indemnización por daños y perjuicios. El planteo original superaba los 35 millones de pesos a valores históricos.

Tras más de una década de trámite judicial, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en mayo de 2025. El tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda, declaró la nulidad de una resolución administrativa del Consorcio GIRSU y reconoció diferencias económicas en algunos rubros vinculados al contrato de transporte, además de admitir parcialmente un reclamo por lucro cesante relacionado con el contrato de provisión de maquinarias.

El reclamo original presentado por la empresa superaba los $ 35 millones, una cifra calculada a valores de 2014 y compuesta por diferencias contractuales, reajustes de precios, servicios presuntamente impagos y distintos conceptos indemnizatorios. Debido al tiempo transcurrido y a la acumulación de intereses, el impacto económico potencial de la causa es hoy significativamente mayor, aunque la cuantificación definitiva dependerá de lo que resuelva la Corte.

Sin embargo, tanto la empresa como el Consorcio cuestionaron distintos aspectos del fallo y recurrieron a la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema. Posteriormente, el Ministerio Fiscal emitió dictamen sobre los recursos, dejando la causa en condiciones de ser resuelta por el máximo tribunal provincial.

La integración ordenada esta semana implica que el expediente continuará abierto hasta que el nuevo vocal analice las actuaciones y se alcance una mayoría suficiente para dictar sentencia definitiva.

El litigio adquiere especial relevancia porque se desarrolla en paralelo con otra disputa judicial que involucra a los mismos protagonistas. En ese expediente, la Corte también tiene bajo análisis el conflicto derivado de las casi 18.000 toneladas de residuos que permanecen depositadas en el predio de Pacará Pintado, una controversia que volvió a escena recientemente tras el rechazo de un recurso de casación por cuestiones formales.

De este modo, el máximo tribunal tucumano mantiene abiertos dos frentes judiciales vinculados a la antigua operatoria de Pacará Pintado: uno centrado en la disposición final de los residuos acumulados y otro relacionado con las consecuencias económicas de los contratos que rigieron el sistema de gestión metropolitana de basura durante la década pasada.

La incorporación de Daniel Posse a la integración de la Sala será ahora clave para destrabar un expediente que lleva más de 12 años en los tribunales y cuya resolución podría tener importantes consecuencias económicas para el Consorcio GIRSU y para la empresa que durante años estuvo al frente de una parte esencial del sistema de tratamiento de residuos de Tucumán.