La Fiscalía acusó a Cristina y Máximo Kirchner de integrar una organización para “sustraer miles de millones” del Estado

La expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, comenzaron a ser juzgados este viernes en las causas Hotesur y Los Sauces, en un proceso que se inició con una dura acusación del Ministerio Público Fiscal, que les atribuyó haber integrado una organización criminal destinada a apropiarse de fondos públicos y canalizar parte de ese dinero hacia el patrimonio familiar mediante operaciones hoteleras e inmobiliarias.

Durante la primera audiencia, la Fiscalía sostuvo que las maniobras investigadas “habrían sido organizadas y desplegadas desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con la participación de funcionarios y empresarios que habrían cumplido funciones específicas dentro de la estructura.

Según el requerimiento de elevación a juicio, el objetivo de esa organización habría sido “sustraer y apropiarse de fondos públicos”, para luego disimular el origen del dinero mediante operaciones comerciales con sociedades vinculadas a la familia presidencial.

El debate comenzó ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, después de que la Cámara Federal de Casación Penal dispusiera la unificación de ambos expedientes.

La acusación está a cargo del fiscal general Diego Velasco, acompañado por el fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet. Durante la jornada se comenzó a leer el requerimiento de elevación a juicio correspondiente a Los Sauces, elaborado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Una organización que habría funcionado durante más de 12 años

Uno de los principales ejes de la acusación fue la presunta existencia de una asociación ilícita de carácter estable y permanente que, según la investigación, habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016.

Para los fiscales, Néstor y Cristina Kirchner habrían encabezado una estructura con funciones distribuidas entre integrantes del Gobierno nacional y empresarios que recibían beneficios económicos mediante contrataciones estatales.

En ese contexto, el requerimiento sostuvo que “la asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional” a través de un esquema de lavado de dinero basado en las actividades inmobiliarias y hoteleras de la familia Kirchner.

La hipótesis fiscal establece que determinados empresarios, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, habrían sido beneficiados mediante contratos y concesiones estatales y que, posteriormente, una parte de los recursos obtenidos habría regresado al entorno de los expresidentes.

Según la acusación, el funcionamiento de esa estructura permitió sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos, que luego habrían sido canalizados hacia las empresas familiares mediante mecanismos destinados a ocultar su verdadero origen.

Los fiscales señalaron que las maniobras no se limitaron a favorecer económicamente a empresarios cercanos al poder, sino que incluyeron una segunda etapa destinada a transferir parte de esas ganancias al patrimonio de la familia presidencial.

Entre los mecanismos mencionados aparecen préstamos, compraventa de propiedades, alquileres de complejos hoteleros, mejoras edilicias y contratos inmobiliarios.

El papel que la Fiscalía atribuyó a Cristina y Máximo Kirchner

La acusación reservó un apartado específico para describir la presunta participación de Cristina Fernández de Kirchner en las maniobras investigadas.

Según el requerimiento, la expresidenta “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema de “reciclaje de fondos de origen ilícito”, mediante el cual se habría buscado introducir en el circuito económico formal dinero proveniente de actividades ilegales.

Los fiscales sostuvieron que Néstor y Cristina Kirchner adquirieron propiedades que posteriormente habrían sido utilizadas para recibir fondos provenientes de empresas vinculadas con Báez y el Grupo Indalo, a través de contratos hoteleros e inmobiliarios.

Uno de los principales instrumentos de esa operatoria habría sido Los Sauces S.A., sociedad constituida por integrantes de la familia Kirchner y dedicada a la actividad inmobiliaria.

Entre los inmuebles vinculados con esa firma se encuentra el departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

En cuanto a Máximo Kirchner, el Ministerio Público Fiscal lo señaló como presunto organizador de la asociación ilícita, con un papel relevante en la administración de las sociedades familiares.

La acusación hizo especial referencia a su desempeño como presidente del directorio de Los Sauces, desde donde habría intervenido en la firma y el cobro de cheques vinculados con los fondos investigados.

También fueron señalados como organizadores de la presunta estructura delictiva los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Cristina y Máximo participaron de manera virtual

La primera audiencia del juicio oral se desarrolló de manera virtual para varios de los acusados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner.

El presidente del tribunal, José Michilini, aclaró que esa modalidad de participación fue autorizada de manera excepcional y advirtió que los imputados deberán comparecer presencialmente cuando sean convocados a prestar declaración indagatoria.

Durante el inicio del debate también se registraron planteos de las defensas relacionados con los plazos procesales establecidos después de la unificación de los expedientes.

Uno de los abogados sostuvo que no se habían cumplido los diez días hábiles necesarios para preparar adecuadamente la defensa en la causa Hotesur, cuyo juicio oral estaba previsto originalmente para marzo de 2027.

Ante esa situación, Michilini dispuso que durante la primera jornada se avanzara con la lectura de la acusación correspondiente a Los Sauces, mientras que el tratamiento del expediente Hotesur comenzará una vez transcurrido el plazo procesal requerido.

El tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 26 de octubre, cuando continuará la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.

Un nuevo frente judicial para la expresidenta

El inicio de este juicio representa un nuevo frente judicial para Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, después de que quedara firme su condena en la causa Vialidad.

Precisamente, una de las particularidades de Hotesur-Los Sauces es que la acusación fiscal vincula las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas con posteriores operaciones comerciales realizadas por empresas de la familia Kirchner.

Mientras que en Vialidad se juzgaron irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos de obra pública en Santa Cruz, en Hotesur-Los Sauces se busca determinar si parte de los fondos obtenidos mediante esas operaciones fueron posteriormente canalizados hacia el patrimonio familiar a través de contratos hoteleros e inmobiliarios.

La Fiscalía sostiene que ambas etapas formaban parte de una misma estructura de beneficios económicos y presunto lavado de activos.

El debate continuará el lunes, con la lectura de las imputaciones y el posterior desarrollo de las instancias probatorias que permitirán al tribunal determinar las responsabilidades penales de cada uno de los acusados.