Autorizan la compra de la Escuela Gabriela Mistral por hasta $800 millones, con cambios exigidos por la oposición

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves el proyecto impulsado por la intendenta Rossana Chahla para autorizar la compra directa de los cuatro inmuebles donde funciona la Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo público y gratuito.

La iniciativa recibió el respaldo unánime de los concejales, luego de que durante el debate se acordaran modificaciones al dictamen original para incorporar condiciones relacionadas con el precio de adquisición, la tasación de las propiedades y el destino que tendrán los edificios.

La ordenanza autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a avanzar con la operación por un monto que no podrá superar los $800 millones, sujeto al cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.

La decisión representó un nuevo capítulo en el conflicto que enfrenta desde hace casi dos años a la Municipalidad con la cooperativa propietaria de los inmuebles, luego de que la Justicia declarara inconstitucional la expropiación que había impulsado la administración de Chahla en 2024.

Con la nueva normativa, el Municipio quedó habilitado para avanzar por la vía de una compraventa, a partir de las conversaciones mantenidas con los representantes de la cooperativa.

Los inmuebles comprendidos en el proyecto están ubicados en Juan José Paso 169 y 171, Mendoza 2176 y pasaje Roma 174, y conforman el conjunto edilicio donde se desarrollan las actividades de la institución educativa.

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, valoró la aprobación del proyecto y consideró que la decisión permitió avanzar hacia una solución para la comunidad educativa. "Entendemos que esto es darle continuidad a una cuestión educativa. Tenemos el pedido formal tanto del municipio como de los padres que integran la comunidad educativa de los niños, así que hemos creído conveniente y necesario aprobar este proyecto de compra del inmueble", sostuvo.

Juri explicó que, durante el tratamiento legislativo, distintos sectores de la oposición reclamaron precisiones sobre el valor de las propiedades y las condiciones de la operación. "En virtud del pedido del Poder Ejecutivo, sectores de la oposición, con mucha razón, pidieron que se justifique el monto y la forma de pago. Fue enviado por el Poder Ejecutivo el monto y la forma de pago, como así también distintas tasaciones que se hicieron al respecto", señaló.

El titular del cuerpo confirmó que uno de los principales cambios consistió en establecer un tope económico para la adquisición, con el propósito de evitar que la autorización otorgada al Ejecutivo fuera ilimitada. "Se puso un monto que no puede superar los 800 millones de pesos", precisó.

También destacó la incorporación de una disposición destinada a preservar el uso educativo de los edificios. "El objeto de la compra es para que funcione la escuela Gabriela Mistral", remarcó, y aclaró que cualquier modificación posterior de ese destino deberá contar con una nueva autorización del Concejo Deliberante.

Juri consideró que la decisión aportó tranquilidad no solamente a las familias de los estudiantes, sino también a los docentes y demás trabajadores de la institución.

Respecto de los plazos para concretar la operación, explicó que, una vez otorgada la autorización legislativa, el Ejecutivo deberá completar las instancias administrativas y legales correspondientes.

Cobos explicó las modificaciones que permitieron ampliar el respaldo

El concejal radical Gustavo Cobos, uno de los impulsores de los cambios incorporados al dictamen de mayoría, explicó que su bloque decidió acompañar la compra directa debido a las características particulares de los inmuebles y a la necesidad de asegurar la continuidad de las clases.

El edil recordó que, durante el tratamiento de la expropiación promovida en 2024, había advertido junto a José María Canelada que la Municipalidad carecía de facultades legales para avanzar con ese procedimiento. "Nosotros con José María Canelada nos habíamos opuesto diciendo: 'Señores, el municipio no tiene atribución, no tiene competencia para expropiar en estas características porque la Ley Orgánica de Municipalidades lo dice'. ¿Qué terminó pasando? Que tanto la Cámara en lo Contencioso Administrativo como la Corte Suprema de Justicia nos dieron la razón y el municipio tuvo que dar marcha atrás con la expropiación", recordó.

Cobos consideró que la nueva alternativa permitió encauzar el conflicto mediante un mecanismo jurídicamente diferente, aunque advirtió que la contratación directa requería controles especiales.

En ese sentido, explicó que la autorización para prescindir de una licitación pública se justificaba porque los edificios ya estaban adaptados al funcionamiento de la escuela y resultaría complejo y costoso trasladar sus actividades a otras propiedades. "Si tuviéramos que ir a buscar otros edificios, otros lugares, entre que vos los adaptás, entre que encontrás cuatro inmuebles que tengan unidad funcional donde funcionen aulas de manera cotidiana, es difícil", argumentó.

No obstante, el radical sostuvo que esa circunstancia no podía justificar una autorización sin límites económicos ni controles sobre el valor de mercado. "Es necesario incorporar cuánto es el monto máximo autorizado para poder gastar, porque no puede ser cheque en blanco", advirtió.

Cobos precisó que el Ejecutivo había informado sobre un principio de acuerdo con la cooperativa para concretar la operación por $800 millones, cifra que, según explicó, se encontraba por debajo de las valuaciones privadas aportadas al expediente.

Sin embargo, remarcó que esas estimaciones debían complementarse con una tasación oficial, realizada por los organismos provinciales competentes. "Hay tasaciones privadas que establecen el valor de mercado que es superior a esos 800 millones, lo cual nos da alguna idea de que no estamos en un pacto exorbitante, excesivo", manifestó.

El concejal explicó que las modificaciones impulsadas por su sector apuntaron a incorporar expresamente tres condiciones: un monto máximo de compra, la intervención del organismo oficial de tasaciones y la afectación específica de las propiedades al funcionamiento de la escuela.

Para Cobos, este último punto resultó especialmente importante porque el uso educativo de los edificios constituye precisamente la justificación para autorizar una contratación directa. "No es para que estemos después dándole otro destino o cambiemos la escuela de lugar", sostuvo.

Además, aclaró que, si en el futuro la Municipalidad decidiera trasladar la institución a otro establecimiento, debería volver al Concejo Deliberante para solicitar autorización sobre el nuevo destino de los inmuebles adquiridos.

El antecedente judicial que obligó a cambiar de estrategia

La aprobación de la compra directa se produjo después de un extenso conflicto judicial originado en noviembre de 2024, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N.º 5.390, que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles pertenecientes a la Cooperativa de Servicios de Educación y Servicios Sociales Gabriela Mistral.

La cooperativa cuestionó judicialmente la decisión al considerar que el Municipio no tenía competencia para disponer una expropiación de esas características.

En julio de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la ordenanza. Posteriormente, el 6 de mayo de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó el recurso de casación presentado por la Municipalidad y dejó firme la sentencia.

El máximo tribunal provincial concluyó que la facultad para declarar la utilidad pública de inmuebles con fines expropiatorios no podía ser ejercida por el Concejo Deliberante fuera de los supuestos expresamente autorizados por la legislación vigente.

De esta manera, quedó frustrada la estrategia inicial del Ejecutivo municipal para adquirir las propiedades mediante una expropiación. El fallo obligó a buscar una alternativa de negociación con sus propietarios.

Las conversaciones con la cooperativa y el principio de acuerdo

Tras el revés judicial, la Municipalidad y los representantes de la cooperativa retomaron las conversaciones para explorar una salida consensuada al conflicto.

En ese marco, desde el Ejecutivo municipal se avanzó en una alternativa de adquisición directa, a partir de un principio de acuerdo que contempla un precio de $800 millones por los cuatro inmuebles.

El secretario general municipal Rodrigo Gomez Tortosa participó de las gestiones vinculadas con la institución educativa.

Sobre esas negociaciones, Cobos señaló que las autoridades municipales habían comunicado a los concejales la existencia de conversaciones encaminadas a concretar la compraventa. "Hay acuerdo, por lo que nos comunican las autoridades municipales, que ellos vienen en diálogo con la cooperativa para poder ya proceder a esta venta", explicó.

El radical consideró que, de concretarse la operación, se podrá cerrar una etapa de incertidumbre para los integrantes de la comunidad educativa.

La aprobación de la ordenanza no significó que los inmuebles pasaran automáticamente a ser propiedad de la Municipalidad.

La autorización legislativa habilitó al Ejecutivo a continuar con las actuaciones necesarias para formalizar la adquisición, entre ellas la tasación oficial, la instrumentación de la compraventa, la escrituración y los trámites de inscripción registral.

Cobos aclaró que todavía no podía establecerse una fecha definitiva para completar esas instancias, aunque consideró que el acuerdo alcanzado permitiría garantizar el normal funcionamiento de la escuela durante el próximo ciclo lectivo.

"En los hechos se garantiza la continuidad educativa para los chicos. En diciembre van a terminar las clases y en febrero va a tener que volver a abrir las puertas", señaló.

El concejal también remarcó que la institución ya tiene carácter municipal y que el problema pendiente estaba relacionado con la propiedad de los edificios.

"La escuela es municipal, lo que está haciendo es funcionar en inmuebles que son de la cooperativa", explicó.