El Concejo aprobó la eliminación de 59 tasas municipales, con abstenciones del alfarismo y críticas opositoras

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves el proyecto de ordenanza enviado por la intendenta Rossana Chahla para eliminar 59 tasas, derechos y conceptos tributarios municipales, además de avanzar en la simplificación de trámites y la digitalización de procedimientos administrativos.

La iniciativa fue sancionada por amplia mayoría, con la excepción de los concejales Carlos Ale y Ana González, del bloque Partido por la Justicia Social (PJS), espacio que responde al exintendente Germán Alfaro, quienes se abstuvieron de votar.

La reforma introdujo modificaciones en el Código Tributario Municipal, establecido por la Ordenanza N.º 4.536/13 y sus modificatorias, y en la Ordenanza Tarifaria Anual N.º 5.487/25, con el propósito de suprimir cobros vinculados con gestiones que realizan vecinos, comerciantes y emprendedores.

El proyecto generó un debate en el recinto, donde los representantes del oficialismo defendieron la decisión de reducir la carga tributaria en un contexto económico complejo, mientras que distintos sectores de la oposición, aunque acompañaron la propuesta, advirtieron que su alcance era limitado y reclamaron una reforma fiscal más profunda.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Emiliano Vargas Aignasse, defendió la iniciativa y destacó que la Municipalidad avanzó con la eliminación de tributos en un escenario marcado por la disminución de los recursos provenientes de la Nación. "Es una decisión valiente, interpreto yo, del Departamento Ejecutivo Municipal en un contexto económico muy complicado, con una baja muy importante de lo que es coparticipación federal", sostuvo.

El concejal explicó que los conceptos alcanzados correspondían a distintas reparticiones, entre ellas las direcciones de Ingresos Municipales y de Cementerios, además de áreas vinculadas con la administración del espacio público.

Según precisó, la reforma incluyó la eliminación de 17 tasas de Ingresos Municipales y otras siete correspondientes a Cementerios.

Vargas Aignasse también aportó una estimación sobre el impacto presupuestario de la medida. "Esa baja de recaudación estaría rondando en el 1 y medio por ciento, que significa aproximadamente 4.000 millones de pesos, que no es una cifra menor", afirmó.

El edil relacionó esa decisión con la situación económica general y aseguró que los ingresos por coparticipación registraron una caída superior al 25%, a lo que se sumó la retracción del consumo.

En ese contexto, consideró que la administración municipal estaba en condiciones de resignar parte de sus ingresos para facilitar las gestiones de los contribuyentes.

"Estamos hablando de un ahorro concreto y estamos hablando de una cifra que en un presupuesto ronda el 1 y medio por ciento. Cuatro mil millones de pesos no es una cifra menor", insistió.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, destacó que la reforma apuntó a reducir determinados cargos que afectaban a distintos sectores de la comunidad. "Implica reducir de alguna manera las tasas que se pagan por algunos servicios que el Poder Ejecutivo y nosotros también consideramos que son, no sé si llamarlas injustas, pero que en realidad traen un poquito más de alivio fiscal para algunos sectores", señaló.

Juri consideró que uno de los cambios más importantes fue la eliminación de las contribuciones municipales que se cobraban a través de las facturas de gas natural y de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). "Eso creo que es lo que mayor impacto tiene", afirmó.

Qué tasas y trámites dejarán de pagarse

Entre las principales modificaciones aprobadas se destacó la eliminación de los aranceles correspondientes a los certificados de Libre Deuda y de Cumplimiento Fiscal, que hasta ahora tenían un costo de $4.600 cada uno.

También se dispuso la supresión de sellados por solicitudes administrativas, cuyos valores eran de $1.150 por la primera hoja y $460 por cada hoja adicional, junto con otros cargos relacionados con consultas de deuda, estados de cuenta y certificaciones municipales.

Para el sector comercial, la reforma alcanzó distintos derechos vinculados con permisos y actividades en la vía pública, como la colocación de mesas y sillas, puestos de venta de flores, kioscos con parada fija y determinadas gestiones relacionadas con locales comerciales.

Entre los conceptos eliminados figuró el canon de $37.260 que se cobraba por el otorgamiento de un plazo de 30 días para acondicionar establecimientos ya habilitados. La normativa también suprimió determinados aranceles administrativos relacionados con permisos de construcción, refacciones y arreglos de veredas.

La eliminación de estos cobros no implicó la desaparición de las autorizaciones, inspecciones o exigencias de seguridad e higiene correspondientes, sino la supresión de los aranceles previstos para los trámites alcanzados por la nueva ordenanza.

Otro de los cambios relevantes fue la derogación de la contribución municipal vinculada con los servicios de agua, cloacas y gas natural por redes, que se trasladaba a las facturas de los usuarios.

La medida permitirá retirar esos conceptos de las boletas correspondientes, aunque el impacto económico dependerá de los importes que se cobraban en cada caso.

El alfarismo cuestionó la falta de información y se abstuvo

Durante el debate, el concejal Carlos Ale, del PJS, fundamentó sus reparos a la iniciativa y recordó que la actual gestión municipal había dispuesto anteriormente incrementos en los tributos que afectan a los contribuyentes.

El edil consideró que el anuncio de una reducción de tasas podía resultar atractivo, pero advirtió que era necesario evaluar su verdadero alcance. "No nos olvidemos que las primeras medidas del gobierno fueron el aumento del valor del urbano en la capital, y que eso sí repercutió en toda la gente y realmente castigó, y mucho, al bolsillo del vecino de San Miguel de Tucumán", cuestionó.

Ale sostuvo que el expediente no contenía información suficiente para determinar el ahorro efectivo que obtendrían los contribuyentes ni el costo administrativo de los conceptos que se proponía eliminar. "Se repite varias veces que son tasas marginales, que cuesta más cobrarlas que lo que se recauda. Quizás sea cierto eso, señor presidente, pero no hay un solo número que demuestre eso", planteó.

El concejal reclamó que el Ejecutivo remitiera un detalle de la recaudación correspondiente a los años 2025 y 2026, la cantidad de trámites alcanzados y una estimación precisa del impacto presupuestario. "No sabemos cuánto recaudó en el 2025, ni tampoco en el 2026, cuánto cuesta administrar todas esas tasas, ni cuántos vecinos se beneficiarán", advirtió.

Además, cuestionó la decisión de derogar las contribuciones relacionadas con los servicios de agua, cloacas y gas natural mientras existía una controversia judicial pendiente de resolución. "La propia nota, o sea, el expediente, reconoce que esa situación está judicializada, sin sentencia definitiva. Derogar ahora, con una causa abierta, es meterse en un terreno delicado", sostuvo.

Con esos argumentos, Ale y su compañera de bloque, Ana González, se diferenciaron de los restantes concejales y se abstuvieron durante la votación.

La UCR acompañó, pero reclamó una reforma tributaria más profunda

El concejal radical Gustavo Cobos también expresó reparos sobre la magnitud de la iniciativa, aunque anticipó el acompañamiento de su sector.

El edil consideró positivo eliminar obligaciones administrativas que habían quedado desactualizadas, pero advirtió que buena parte de los 59 conceptos alcanzados tenía escasa incidencia en los gastos habituales de los contribuyentes. "Algunos son trámites que en los hechos nadie realiza porque han quedado viejos y hay otros que terminan siendo hasta absurdos que sigan existiendo", señaló.

Cobos cuestionó, además, que la Municipalidad cobrara por determinadas gestiones relacionadas con información que ya se encontraba en poder de sus propias dependencias.

En ese sentido, coincidió en la necesidad de contar con datos concretos sobre la cantidad de vecinos beneficiados y los montos involucrados. "Creemos que es un pequeño paso importante, porque siempre es importante simplificarle la vida a los vecinos de Tucumán, pero es pequeño, falta mucho más y necesitamos una reforma tributaria mucho más grande en San Miguel de Tucumán", afirmó.

El radical planteó que la discusión debía abarcar no solamente los valores de los tributos, sino también la justificación de cada cobro y los tiempos que demandan las gestiones municipales.

Como ejemplo, mencionó las dificultades que enfrentan profesionales y comerciantes que buscan habilitar un negocio y deben recorrer distintas oficinas para completar procedimientos administrativos.

Finalmente, Cobos aclaró que su acompañamiento no significaba compartir la dimensión que el oficialismo atribuía a la reforma. "No es una mega reforma integral, no es '59 tasas que se han reducido y ahora los vecinos ven reducido un 59% los gastos que ellos tienen con los tributos municipales', porque no es así", remarcó.

Fuerza Republicana: "Mucho ruido y pocas nueces"

Una postura similar expresó el concejal Alfredo Terán de Zavalía, de Fuerza Republicana, quien recordó que su bloque había cuestionado anteriormente los incrementos tributarios impulsados por la administración municipal.

El edil señaló que la presión impositiva constituía un problema que involucraba a los tres niveles del Estado y consideró necesario avanzar con medidas de mayor alcance.

Al referirse a la propuesta sancionada, reconoció que inicialmente había tenido expectativas de una reducción significativa de los costos que afrontan vecinos, comerciantes y emprendedores.

Sin embargo, afirmó que el contenido del expediente no respondió a esas expectativas. "Cuando iniciamos la lectura y el estudio del proyecto, creo que la frase que mejor cabe es 'mucho ruido y pocas nueces'", expresó.

Terán de Zavalía recordó que, durante el tratamiento de modificaciones tributarias del año anterior, su bloque había votado en contra de los aumentos propuestos por el Ejecutivo.

Desde esa posición, sostuvo que el Municipio debía avanzar en una disminución más amplia de la presión fiscal y revisar también su estructura de gastos.

"Me parece que es un proyecto corto, que tiene poco impacto en el bolsillo de la gente", consideró.

No obstante, explicó que había acompañado el dictamen porque entendía que cualquier reducción de tributos representaba un avance, aunque fuera insuficiente.

"Por más que entienda que no basta, que es completamente insuficiente, cualquier baja sobre la tasa que sea del orden municipal siempre nos va a encontrar del lado de la reducción de la tasa y de la reducción de la presión tributaria", afirmó.

Cuándo entrarán en vigencia las modificaciones

La ordenanza aprobada también apuntó a reducir exigencias administrativas y facilitar el acceso a los servicios municipales mediante la utilización de herramientas digitales.

En sus fundamentos, el Ejecutivo había planteado la necesidad de avanzar en la "simplificación de trámites, digitalización de procedimientos y mejora de la relación entre la administración municipal y los vecinos".

El texto sancionado estableció, en su artículo 17, que las modificaciones comenzarán a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial Municipal, una vez cumplido el trámite de promulgación.