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Luego de proclamarse ganador, César Torres denunció un intento de fraude electoral en el gremio.
Las elecciones en el Sindicato de Camioneros de Tucumán, donde más de 5.500 afiliados estaban habilitados para sufragar, derivaron en un escándalo institucional que finalmente se trasladó a los tribunales. El conflicto había estallado a principios de esta semana, cuando César Torres, candidato por la Lista Celeste y Blanca, se proclamó ganador y denunció públicamente un intento de fraude para arrebatarle la conducción del gremio.
Bajo la consigna "¡Quieren robarse la elección!", Torres acusó directamente a la Junta Electoral, integrada por Ricardo Abel Zelarayan, Néstor Mauricio Gramajo y César Alberto Navarro, de intentar desestimar dos urnas clave para alterar los números definitivos. Según la denuncia de la oposición, esta maniobra administrativa tenía como único fin proclamar victoriosa a la Lista Verde. Frente a ese escenario, Torres adelantó que la maniobra no quedaría impune y que recurriría a las vías legales para defender la voluntad de los trabajadores.
La escalada del conflicto tuvo su confirmación en las últimas horas mediante una respuesta institucional. A través de un comunicado de prensa, el sindicato informó que, en el marco de los comicios desarrollados el pasado 17 y 18 de octubre, la Junta Electoral aún no proclamó oficialmente al nuevo secretario general.
De acuerdo al documento oficial, la paralización del recuento y la asunción obedece a que la agrupación encabezada por Torres cumplió su advertencia. "La lista Celeste y Blanca interpuso un recurso de amparo en el ámbito judicial", confirmó el gremio.
Frente a esta intervención, las autoridades sindicales aclararon que "para darle culminación al proceso electoral se debe esperar a que la jueza a cargo permita actuar a la junta". Según precisaron desde el sindicato, esta habilitación legal recién se dará "una vez que constante que todo el proceso se desarrolló con total normalidad". Así, el futuro de Camioneros quedó en manos de la Justicia.
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