La Corte dejó firme la cautelar universitaria: ¿qué diferencia a la ley de lo acordado con los rectores?

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional contra el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había validado una medida cautelar a favor de las universidades nacionales. La resolución deja firme la obligación de cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario: pagar actualizaciones salariales al personal docente y no docente, convocar a paritarias e incrementar el presupuesto para becas Progresar.

El rechazo del tribunal se fundó en que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal. La Corte también desestimó el pedido del Ejecutivo de apartar a los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti del caso por ser docentes universitarios.

Sin embargo, el fallo no resuelve el fondo del conflicto. La discusión central -si el decreto por el que el presidente Javier Milei promulgó la ley pero suspendió su ejecución es constitucional o no- continúa en primera instancia, en el juzgado a cargo del juez Diego Martín Cormick, que está próximo a expedirse.

El nudo del problema: ley versus acuerdo

Lo que hace significativo el fallo dno es solo su peso institucional, sino la brecha que pone en evidencia entre dos documentos que, al menos en apariencia, apuntaban al mismo objetivo.

El 10 de junio pasado, el Gobierno, los gremios docentes y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un acta de recomposición salarial. El acuerdo estableció un incremento del 24,33%: un 21,33% aplicable en junio y un 3% adicional en octubre. Esa cifra contempla la recomposición de 2025, la actualización por inflación hasta mayo de 2026 y una compensación del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo sufrida en 2024. Además, el acta incluyó un aumento del 20% para gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano -destinadas a carreras vinculadas a áreas estratégicas-, que permanecían congeladas en $81.685 desde 2024.

La ley, en cambio, va más lejos. Su artículo 5 ordena una actualización salarial retroactiva desde el 1° de diciembre de 2023. Su artículo 6 dispone el incremento de las becas Progresar -un universo de beneficiarios mucho más amplio que el de las Belgrano-, que en la actualidad permanecen congeladas en $35.000. Ninguno de esos dos puntos fue contemplado en el acta del 10 de junio.

Así, el acuerdo político cubre una parte del período de ajuste y solo una de las dos líneas de becas; la ley cubre un período más extenso y un universo de beneficiarios más amplio.

Ante esa diferencia, los actores del sistema universitario fueron rápidos en marcar distancias con la versión oficial de que el conflicto estaba encauzado.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, celebró la resolución como "un gran paso" y señaló que "se deberán actualizar salarios y becas conforme lo establecen los artículos 5 y 6 de la Ley". Fue una forma de precisar que el punto de referencia sigue siendo la norma aprobada por el Congreso, no el acta firmada hace dos semanas.

La Federación Universitaria Argentina (FUA) fue más directa. Su presidente, Joaquín Carvalho, sostuvo que el fallo ratifica que "el financiamiento universitario no depende de la voluntad de un gobierno, sino del cumplimiento de una ley", y advirtió que el conflicto permanece abierto mientras los salarios sigan deteriorados y las becas Progresar congeladas.

En paralelo, persiste el reclamo de un sector de la docencia. Al punto que los gremios universitarios exigirán una recomposición del 32,5% a partir del fallo conocido este jueves (una cifra superior al 24,33% acordado en junio).

El Gobierno confiaba en que el acuerdo político convirtiera en abstracto el reclamo judicial. Las casas de estudio no retiraron la demanda y ahora cuentan con el respaldo de la Corte para sostener que la medida cautelar debe cumplirse en los términos de la ley, no en los del acta.

El juez Cormick recibirá ese acuerdo como insumo en la causa, pero deberá resolver una pregunta distinta y de mayor alcance: si el decreto presidencial que impidió la ejecución de una ley sancionada por ambas cámaras del Congreso tiene o no sustento constitucional. De esa sentencia dependerá el desenlace definitivo de un conflicto que lleva más de dos años y que ya acumuló cuatro marchas federales universitarias.