La Intendencia de la Capital advierte que no hay condiciones para una suba del boleto urbano

El debate por un aumento del boleto urbano en San Miguel de Tucumán se empantanó. En particular, porque el pedido de incremento tarifario se quedó, al menos por ahora, sin respaldo oficial.

La Secretaría de Movilidad Urbana elevó al Concejo Deliberante un informe técnico detallado sobre el estado del sistema, y la conclusión es que el servicio funciona mal, las empresas no presentaron datos serios para justificar la suba del boleto, y el municipio lleva meses subsidiando con fondos propios una deuda que debería pagar el gobierno nacional.

El documento, firmado en el marco del expediente 1909/2026 y dirigido al secretario General Rodrigo Gómez Tortosa, fue elaborado en respuesta a un requerimiento del Concejo Deliberante, que había pedido información sobre la capacidad operativa del sistema SUBE, la situación económica de las empresas prestatarias y una opinión técnica sobre el estudio de costos presentado por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) para fundamentar el incremento tarifario. Como se recordará, los empresarios presentaron un informe en el que advierten que el boleto inicial debería costar $ 2.400.

El documento, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, detalla que el sistema urbano de pasajeros se estructura sobre 14 líneas principales, operadas por empresas que trabajan bajo permisos precarios, en muchos casos con concesiones vencidas. El parque móvil declarado ante la CNRT asciende a 377 unidades, pero el dato más preocupante que releva el informe es otro: el 52% de esos vehículos fue fabricado entre 2008 y 2015, lo que los ubica en el límite o más allá de su vida útil operativa según los parámetros habituales del transporte urbano. Es decir, uno de cada dos colectivos que circula por la ciudad tiene más de una década de uso y debería estar siendo reemplazado.

Esa realidad se refleja en los reclamos que registra la Secretaría a través del sistema de Atención al Ciudadano. El 45% de las quejas apunta a problemas de frecuencia y tiempos de espera, el 30% a conductas de los choferes y el 17% al estado de las unidades. El Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana (CeMMU) también detectó diferencias sistemáticas entre el servicio programado y el efectivamente prestado en distintos ramales y horarios.

A pesar de todo eso, el sistema mueve números significativos: aproximadamente 125.000 transacciones diarias, más de 2.600.000 durante el mes de abril de 2026, y más de 7.700.000 viajes registrados entre enero y junio del corriente año. Una porción relevante de esos viajes corresponde a usuarios con beneficios estudiantiles y sociales, canalizados a través del Boleto Estudiantil Municipal (BEM), el Boleto Estudiantil Provincial y los atributos sociales nacionales del sistema SUBE.

Uno de los aspectos más sensibles del informe es el esquema de financiamiento que sostiene el municipio. La gestión de Arnedo detalla tres erogaciones mensuales concretas. La primera es el pago del 53% del valor de cada viaje realizado por beneficiarios del programa BEM. La segunda es una compensación retroactiva de $900 millones mensuales, establecida en un acta acuerdo suscripta en noviembre de 2025 entre AETAT, la Municipalidad y el Concejo Deliberante, de la cual se descuenta un anticipo previo de $800 millones acordado entre las partes. En abril, además, se realizó un anticipo extraordinario de $900 millones adicionales, que las empresas deberán reintegrar en cuatro cuotas de $225 millones a partir de mayo.

La tercera erogación es la más preocupante desde el punto de vista institucional. El municipio está adelantando con recursos propios los fondos correspondientes a las compensaciones por los atributos sociales del sistema SUBE -la llamada Tarifa Social Federal-, que son competencia y obligación del gobierno nacional. Según consigna el informe, esos fondos no están siendo transferidos a la provincia desde diciembre de 2025, y el municipio decidió cubrirlos para garantizar la continuidad del servicio, sin que el Estado nacional haya efectuado reintegro alguno hasta la fecha. Son unos $ 400 millones mensuales.

La posición de la Secretaría de Movilidad Urbana frente al pedido tarifario de la cámara empresaria es clara y está fundamentada en términos técnicos: el estudio de costos presentado por las empresas no alcanza los estándares mínimos necesarios para emitir una opinión seria. El informe señala que la planilla remitida expone únicamente valores finales consolidados y porcentajes de incidencia, sin acompañar memoria descriptiva, metodología de cálculo, documentación de respaldo ni criterios de imputación de costos.

Tampoco -según el municipio- se identifica la estructura empresaria tomada como modelo de referencia, ni se precisan parámetros básicos como la cantidad de unidades consideradas, el kilometraje mensual, la dotación de personal, el consumo de combustible o la cantidad de pasajeros transportados. Algunos rubros aparecen con denominaciones tan genéricas como "Gastos Generales y de Administración", "Interés del Capital Invertido" o "Gerentes y Asesores Externos", sin ninguna documentación que permita verificar su razonabilidad. Aún más: el estudio no incluye balances, estados contables ni registros auditados de ningún tipo.

No obstante esas advertencias, Arnedo no avala el aumento, pero tampoco cierra la puerta de manera definitiva. Aclara que la fijación de la tarifa es potestad exclusiva del Honorable Concejo Deliberante, y que la Secretaría simplemente no cuenta con los elementos técnicos mínimos para emitir una opinión fundada sobre la estructura de costos presentada. En otras palabras, si los concejales quieren subir el boleto, tendrán que hacerlo sin el respaldo técnico del ejecutivo municipal.