El Tribunal de Cuentas desestimó la denuncia contra la delegada de Las Cejas por la construcción de una casa en El Cadillal

El Tribunal de Cuentas de Tucumán resolvió desestimar la denuncia presentada contra la delegada comunal de Las Cejas, Cristina Mabel Contreras, y su esposo, el excomisionado comunal Hugo Alfredo Lazarte, por la presunta utilización de fondos públicos para construir una vivienda particular en la localidad de El Cadillal.

La decisión quedó establecida mediante el Acuerdo N° 3903, del 9 de octubre de 2026, en el marco del expediente N° 1847-270-EFR-2025, iniciado a partir de una presentación del exsecretario de Transporte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero.

El organismo de control concluyó que, si bien se comprobó la existencia de facturas emitidas a nombre de la comuna rural de Las Cejas por la adquisición de materiales, no se encontraron elementos contables ni bancarios que permitieran acreditar que esas operaciones fueron abonadas con recursos públicos.

En consecuencia, el Tribunal consideró que no estaban reunidas las condiciones para iniciar una Comprobación Sumaria o un Juicio de Responsabilidad contra las autoridades comunales, al no haberse verificado un perjuicio fiscal.

La resolución, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, representa un nuevo capítulo de una controversia que tomó estado público en agosto de 2025, cuando Romero denunció a Contreras y a integrantes de su familia por presuntos delitos de peculado, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Facturas auténticas, pero sin registros de pagos comunales

Uno de los aspectos centrales de la investigación administrativa fue el análisis de seis comprobantes correspondientes a compras realizadas entre agosto y septiembre de 2024, por un monto total de $1.100.687,27, según el detalle inicial incorporado al expediente.

Las facturas habían sido emitidas por distintos proveedores, entre ellos EMI, Bulonería Martínez, Tincani Bruno y Pinturería Roca, y figuraban a nombre de la comuna de Las Cejas.

Durante las actuaciones, profesionales del Tribunal de Cuentas visitaron los establecimientos comerciales para verificar la autenticidad de los comprobantes. Los proveedores reconocieron las operaciones y confirmaron que las facturas eran verdaderas.

Incluso, en uno de los comercios se identificó a Carlos Peñalba, el herrero que había aportado información sobre la construcción de la vivienda en El Cadillal, como la persona que solicitó facturar una compra a nombre de la comuna.

Sin embargo, al analizar las rendiciones correspondientes al cuarto y quinto bimestre de 2024, los auditores determinaron que ninguna de las facturas cuestionadas había sido incorporada a la contabilidad oficial de la delegación rural.

Tampoco encontraron movimientos bancarios que permitieran vincular esas operaciones con pagos efectuados desde las cuentas de Coparticipación o Rentas Generales de la comuna.

En particular, una factura de EMI SRL, por aproximadamente $525.000, había sido abonada mediante un cheque cuya numeración no coincidía con la utilizada por la administración comunal durante el período investigado.

Sobre este punto, el acuerdo consignó que "no existe evidencia documental, bancaria ni contable que relacione dicho pago con fondos comunales".

Los demás comprobantes correspondían, según las facturas examinadas, a operaciones realizadas en efectivo, sin que se identificaran erogaciones comunales asociadas.

La defensa de Contreras y la intervención de los auditores

Durante la investigación, la delegada comunal rechazó que las compras cuestionadas hubieran sido realizadas con recursos de la administración local.

En uno de sus descargos, Contreras sostuvo que "tales compras no fueron ni serán incluidas en ninguna rendición ya que no fueron gastos de la Comuna, y no fueron canceladas con fondos comunales".

Inicialmente, los auditores habían solicitado documentación respaldatoria de las operaciones y, posteriormente, los libros contables y extractos bancarios correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2024.

Ante la falta de respuesta a los primeros requerimientos, el Tribunal de Cuentas dictó el Acuerdo N° 4339, del 2 de octubre de 2025, mediante el cual intimó a las autoridades de Las Cejas a presentar la documentación dentro de un plazo de cinco días.

Aquella decisión había sido informada oportunamente por Tendencia de Noticias, que dio cuenta de las dificultades iniciales de los funcionarios de control para acceder a los registros solicitados.

Posteriormente, Contreras (foto inferior) presentó copias de los libros contables y extractos bancarios de las dos cuentas operativas de la comuna, además de documentación relacionada con la designación de la secretaria habilitada.

El análisis posterior de esos registros permitió establecer que los gastos denunciados no figuraban en las rendiciones oficiales y que tampoco se habían identificado pagos vinculados con los comprobantes investigados.

Una denuncia que generó repercusiones políticas

El caso había adquirido repercusión pública en agosto de 2025, cuando Enrique Romero denunció que la delegada comunal y su familia presuntamente utilizaban recursos estatales para financiar la construcción de una vivienda en El Cadillal.

En declaraciones a Tendencia de Noticias, el denunciante aseguró que la presentación se sustentaba en facturas, remitos, tickets y comunicaciones aportadas por un trabajador que había participado en la obra.

Romero también formuló cuestionamientos sobre el patrimonio de la familia y reclamó que se investigaran otras presuntas irregularidades vinculadas con la administración comunal.

Las acusaciones motivaron pronunciamientos políticos. El gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo entonces que Contreras debía ponerse a disposición de la Justicia y brindar las explicaciones que le fueran requeridas.

"La comisionada tiene que dar las explicaciones que la Justicia le pida", había expresado el mandatario en agosto de 2025, al señalar que correspondía esclarecer las denuncias.

Por su parte, el legislador Alfredo Toscano solicitó que el Poder Ejecutivo impulsara una investigación administrativa sobre la situación de Las Cejas.

Contreras rechazó públicamente las acusaciones y las atribuyó a una operación política en su contra.

Queda abierta la vía penal

En su resolución, el Tribunal de Cuentas consideró que los elementos reunidos no permitían establecer la existencia de un daño patrimonial al Estado, requisito necesario para habilitar su intervención mediante los procedimientos de responsabilidad previstos en la legislación provincial.

El acuerdo sostuvo que "no se han verificado actos, hechos u omisiones que generen un perjuicio fiscal para la Hacienda Pública provincial", de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley N° 6.970.

Por ese motivo, sus integrantes resolvieron desestimar la denuncia por ausencia de elementos fácticos y jurídicos suficientes para iniciar una Comprobación Sumaria o un Juicio de Responsabilidad.

No obstante, la resolución aclaró expresamente que esa decisión no impedía avanzar por la vía judicial.

En el artículo segundo, el Tribunal dispuso "dejar constancia de que el denunciante conserva intacta la vía penal ante el Ministerio Público Fiscal", en caso de considerar que existen elementos para imputar delitos comunes a las personas denunciadas.

De esta manera, el organismo de control dio por concluida su intervención administrativa en el expediente, sin emitir un pronunciamiento judicial sobre la eventual comisión de delitos.

La resolución fue suscripta por Sergio Miguel Díaz Ricci, Miguel Chaiben Terraf y Marcelo Vidal, integrantes del Tribunal de Cuentas de Tucumán.

La decisión tampoco alcanza a otras causas judiciales que involucran a Contreras, entre ellas el proceso por presuntas irregularidades en la retención de haberes de empleados comunales, cuya elevación a juicio oral había sido informada anteriormente por este medio.