La polémica creación de la Fiduciaria provincial llega al recinto legislativo entre fuertes cuestionamientos y tintes electorales

La Legislatura de Tucumán mantendrá este jueves 15 de octubre, a partir de las 8.30, una sesión ordinaria impulsada por la mesa de Labor Parlamentaria para debatir un orden del día compuesto por 15 proyectos de ley, resoluciones y declaraciones. El eje central de la jornada estará focalizado en la discusión del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para autorizar la constitución de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y el Fondo de Garantía (FOGATUC), una herramienta financiera orientada a abaratar el crédito para el sector privado que llega al recinto precedida por encendidos cruces políticos entre las autoridades provinciales y los bloques opositores por la transparencia, los controles y el rol de la Caja Popular de Ahorros, en un temario que se completa con el diferimiento de las ejecuciones prendarias para ahorristas de autos y la actualización del régimen de defensa del consumidor.

La convocatoria al recinto fue definida en la reunión conducida por el vicegobernador y presidente del Poder Legislativo, Miguel Acevedo, junto a las autoridades de la Cámara y los titulares de las distintas bancadas parlamentarias. Al anticipar los alcances del temario, la máxima autoridad parlamentaria puso de relieve el tratamiento reservado a la herramienta financiera estatal, al señalar que "hay algunas leyes que vamos a destacar, como ser la creación del Fondo Fiduciario, un proyecto que envió el Poder Ejecutivo, ya tratado y consensuado en comisión y con dictamen". En ese marco, Acevedo precisó que la propuesta responde a los objetivos estratégicos fijados por la administración provincial al expresar que "es un fondo que necesita la provincia para establecer créditos a una tasa especial para aquellos que producen y desarrollan a Tucumán. Estamos dentro del esquema que venimos planteando con el gobernador Osvaldo Jaldo desde el primer día: generar condiciones para que haya inversión y generar fuentes de trabajo". Asimismo, el titular del cuerpo destacó el ámbito de discusión técnica previa junto al ministro de Economía, Daniel Abad, aunque reconoció la carga política que rodea al debate institucional al manifestar que "hubo algunas versiones de que era algo paralelo a lo ya preexistente y no se dieron las explicaciones. En estos tiempos, donde ya están en campaña electoral la mayoría de los partidos, se da un debate que a veces excede lo técnicamente legislativo. Pero entendemos que es algo bueno para la provincia y el bloque mayoritario lo llevará al recinto y lo defenderá".

Para contextualizar el origen de la discusión que ocupará la atención del plenario, la iniciativa oficial promueve la conformación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. bajo la figura de una Sociedad Anónima Unipersonal encuadrada en la Ley Nacional N.º 19.550, conservando el Estado provincial la totalidad de las acciones bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción. La entidad tendrá a su cargo la administración del Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC), un fideicomiso público diseñado para actuar como garante preferido ante las entidades bancarias, permitiendo evaluar la viabilidad de los créditos a PYMEs, comercios y emprendimientos por su flujo de fondos en lugar de exigencias patrimoniales o hipotecarias tradicionales. La estructura prevé una partida inicial de $1.000 millones aportados por el Tesoro provincial, a los que se suma un monto equivalente de $1.000 millones comprometido por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), conformando un respaldo de 2.000 millones de pesos que reserva obligatoriamente un 15% para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, el trayecto legislativo de la propuesta estuvo marcado por severas objeciones de la oposición. La legisladora radical Silvia Elías de Pérez cuestionó la creación de una empresa estatal paralela tras advertir que "nos proponen crear una entidad nueva para manejar recursos públicos, con otra estructura y más gastos. Y, al mismo tiempo, el propio Gobierno tendría el control de las decisiones centrales sobre su funcionamiento. Una sociedad anónima no puede convertirse en una responsabilidad anónima. Jaldo quiere crear la Caja Particular Electoral. Una entidad nueva con funciones que ya tiene la Caja Popular pero con escasos controles".

A estas críticas se sumó el legislador Manuel Courel, quien denunció falta de precisión en la fiscalización al señalar que "no está claro quién hace el control sobre esos fondos. No está claro cuál es el criterio para dar los créditos. No está claro cómo se va a conformar esa sociedad anónima unipersonal del Estado", y exigió modificaciones en el texto. En tanto, el legislador del PJ Hugo Ledesma advirtió que el artículo 4 otorga prioridad a la Fiduciaria sobre todos los fideicomisos públicos, desplazando el rol histórico de la Caja Popular, al tiempo que se objetó que los fondos del CFI queden eximidos del control del Tribunal de Cuentas provincial. Además, el proyecto llega con un dictamen en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, rubricado por el opositor Claudio Viña donde se pretende el rechazo del proyecto.

Frente a la batería de cuestionamientos, la conducción del Gobierno provincial desplegó una firme defensa de la iniciativa. El gobernador Osvaldo Jaldo desestimó las críticas opositoras afirmando de manera categórica que "soy muy respetuoso de las críticas. Ahora, no coincido para nada. Creo que no han leído el proyecto. Y si lo han leído, no lo han entendido", y recomendó de "que lean un poquito más o se busquen un asesor". El mandatario fundamentó la necesidad de la Fiduciaria en la imposibilidad de que la Caja Popular de Ahorros asuma el riesgo de financiar al sector privado, al sostener que a la entidad financiera provincial "no le sobran los fondos" y "está pagando justo los sueldos" en una situación "frágil", por lo que "bajo ningún punto de vista queremos comprometer a la Caja Popular, como en épocas anteriores, con créditos a particulares que luego terminan en juicio y terminan sacando fondos que son tan necesarios". En la misma sintonía, Abad, desmintió la creación de una estructura paralela al aseverar que "de ninguna manera, hemos dejado bien en claro que esto no es una entidad paralela", aclarando que la Caja es autosustentable y mantendrá la administración de los fideicomisos vigentes. Respecto de la auditoría, Abad explicó que la exclusión del Tribunal de Cuentas sobre los fondos del CFI responde a una exigencia del propio organismo nacional, que requiere la fiscalización del Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores.

En debate

Más allá del extenso debate en torno a la Fiduciaria, el temario de la sesión de este jueves incluirá el abordaje de otras 14 iniciativas con alto impacto social e institucional en la provincia. Entre los proyectos parlamentarios destaca la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la Ley N.º 9405, medida promovida por la Defensoría del Pueblo para mantener la suspensión de procesos judiciales, secuestros y ejecuciones prendarias contra los tucumanos que suscribieron planes de ahorro automotor. Asimismo, la Cámara tratará una reforma integral al Sistema de Protección de los Consumidores y Usuarios para unificar la normativa vigente y ampliar las garantías de los ciudadanos ante abusos comerciales.

En la nómina de asuntos a tratar figuran también el proyecto para fijar el marco regulatorio general de los alojamientos temporarios turísticos, estableciendo pautas de prestación, comercialización y fiscalización del servicio en el territorio provincial; una declaración de interés público destinada a promover la instalación de plantas de generación de energía solar fotovoltaica en los Valles Calchaquíes, específicamente entre las comunidades de Colalao del Valle y Amaicha del Valle; la declaración de interés provincial para la práctica física y deportiva del newcom; y la consideración de un pliego enviado por el Poder Judicial para cubrir vacantes en el fuero provincial.