Edificios sin final de obra: el Concejo busca respuestas tras la tragedia de Monteagudo 120

La situación de los edificios que funcionan sin el certificado de finalización de obra volverá a estar bajo la lupa del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Las comisiones de Obras Públicas y de Planeamiento mantendrán una reunión conjunta desde las 10 de este miércoles con funcionarios municipales para conocer el estado de los inmuebles que todavía no cuentan con esa documentación y determinar qué medidas se adoptaron para regularizar las construcciones.

El encuentro, encabezado por los presidentes de ambas comisiones, Facundo Vargas Aignasse y Federico Romano Norri, buscará avanzar sobre una cuestión que atraviesa distintas gestiones municipales y que adquirió mayor relevancia después de la explosión y el incendio registrados en el edificio de Monteagudo 120, donde murió el médico Jonathan Stisman.

La convocatoria apunta a obtener información de las áreas de Planeamiento Urbano, Obras Públicas, Catastro y Edificación. El interrogante central es cuántos edificios se encuentran en esa situación, cuáles continúan habitados y qué actuaciones administrativas se realizaron frente a los incumplimientos.

El antecedente más concreto se remonta a 2018, cuando un relevamiento municipal identificó 31 edificios ocupados que carecían de la documentación correspondiente. En aquel momento se detectaron distintas irregularidades, entre ellas conexiones precarias de servicios, utilización de medidores de obra y garrafas en espacios comunes.

El caso de Monteagudo 120 volvió a poner en discusión el alcance de aquellos controles. Después de la explosión, la Municipalidad confirmó que el inmueble nunca había obtenido el certificado de final de obra y que estaba intimado desde 2018 por incumplimientos urbanísticos y administrativos. Entre las irregularidades detectadas figuraba la construcción de un piso más que los autorizados por el Código de Planeamiento Urbano.

La ausencia del certificado de final de obra no significa, por sí sola, que un edificio presente un riesgo estructural inminente. El documento acredita el cierre técnico y administrativo de la construcción, una vez verificado que la obra se corresponde con los planos aprobados y cumple con las normas vigentes.

Sin embargo, la falta de esa documentación puede encubrir situaciones de distinta gravedad. Hay inmuebles con incumplimientos vinculados con la cantidad de pisos o los parámetros urbanísticos, mientras que otros pueden presentar problemas en sus instalaciones o en las condiciones necesarias para ser habitados.

La problemática también reabre el debate sobre la actualización del Código de Planeamiento Urbano y la capacidad de las áreas municipales para acompañar el crecimiento de la ciudad. El oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de obtener información precisa antes de avanzar con nuevas medidas.

En ese marco, el concejal Ernesto Nagle señaló que existen situaciones diferentes y que algunas construcciones no cumplen con las normas urbanísticas, aunque puedan reunir determinadas condiciones de seguridad. También advirtió que hay edificios que permanecen desocupados por decisiones vinculadas con las condiciones de habitabilidad.

La reunión de este miércoles será una instancia para precisar la dimensión del problema y conocer qué respuestas puede ofrecer el Ejecutivo municipal. El antecedente de 2018, la persistencia de expedientes sin resolver y la tragedia de Monteagudo 120 colocaron nuevamente el foco sobre la fiscalización de las construcciones.